Impulso a las pensiones

La comparecencia del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ante la comisión del Pacto de Toledo tenía una finalidad política clara: reforzar la confianza en el sistema español de pensiones y salir al paso de algunas dudas que se están manifestando, sin fundamento alguno, sobre su viabilidad. Escrivá ha intentando inyectar tranquilidad esgrimiendo proyecciones de déficit que, si no despejan por completo todas las dudas, al menos descartan la hipótesis de una proyección catastrófica de las finanzas de la Seguridad Social por causa de la pandemia. En ese sentido, la intervención del ministro es oportuna, en cuanto que este era el momento adecuado para cortar de raíz las especulaciones, y tranquilizadora en tanto que establece que la escalada del déficit no rebasará los 20.000 millones en 2023. La aclaración tiene su importancia frente a quienes temen una quiebra inminente del sistema.

Ahora bien, lo más importante del mensaje de Escrivá es la incitación a que el Pacto de Toledo concluya de una vez por todas sus recomendaciones de reforma y los gestores políticos se pongan ya a ejecutarla. Hay muchas razones para ese acicate, pero cabe citar tres. La incertidumbre entre los perceptores de pensiones —sobre todo de los futuros— tiende a aumentar cuando se percibe que la reforma lleva enquistada en la agenda política y social de varios Gobiernos sin que, por circunstancias diversas, se hayan dado pasos significativos para habilitarla en términos legales. Una segunda razón, de orden práctico y presupuestario, es que el sistema no puede mantener impunemente un déficit en torno a los 20.000 millones por más que sea asumible e incluso financiable con deuda. Las pensiones están garantizadas, pero la estabilidad financiera del país se debilitará tarde o temprano. La tercera es que hay que reinstaurar la normalidad de la revalorización de las prestaciones para evitar que los pensionistas pierdan poder adquisitivo de forma permanente.

Resulta llamativo este retraso en la reforma de las prestaciones porque sus líneas básicas están tasadas y, por decirlo así, aceptadas, desde mucho tiempo atrás. Tiene toda la razón el ministro cuando apunta como remedios cualificados el traslado al Presupuesto de los gastos impropios del sistema, el retraso en la edad de jubilación y frenar la plaga de las jubilaciones anticipadas. Las empresas y los trabajadores tienen que disponer de incentivos para atrasar la jubilación y, además, deberían reconsiderarse las normas que bloquean el trabajo remunerado después de la jubilación. El sistema de pensiones no está en peligro, pero hay que acelerar el proceso de reforma para evitar, no su quiebra, sino el grave problema social y político que supondría la inequidad generacional.