Madrid en riesgo

Los expertos no aciertan a entender por qué España tiene y ha tenido un número tan alto de contagios, pero es indudable que ha habido un problema grave de gestión política. Los resultados son terribles: más de 45.000 fallecidos a consecuencia de la covid-19. Ningún Gobierno de ninguna comunidad autónoma, todos ellos responsables de la gestión sanitaria, se anticipó lo suficiente a la expansión del virus ni reclamó medidas urgentes ante lo que llegaba; el Gobierno central tampoco detectó la magnitud del problema antes de que el virus ya hubiera echado raíces. Y aunque la responsabilidad del desastre es compartida, la sensación de antes y la de ahora es que si se pone la lupa sobre estos seis meses de gigantesca crisis sanitaria, Madrid destaca como un problema especial.

Desde el principio, los peores registros y las situaciones más dramáticas se produjeron en la Comunidad de Madrid. El sistema público de salud no pudo atender todas las necesidades y la gestión de la presidenta Isabel Díaz Ayuso sólo deparó sorpresas desagradables. Desde su confinamiento en un apartamento de lujo, y el enredo para explicar los motivos y el coste de aquella decisión, hasta su obstinación en adelantar las fases del estado de alarma para aliviar las medidas restrictivas aún a costa de que dimitiera su directora general de Salud.

En la primera semana de marzo, los contagios se duplicaban cada día en Madrid; en la segunda, el número de muertes empezó a dispararse (más de la mitad de las de toda España); en la tercera, la sanidad pública dejó de atender a los ancianos de las residencias, y hasta finales de abril, el infierno en la Comunidad de Madrid no tenía comparación posible en números absolutos con el de ninguna otra autonomía. Las diferencias entre las cifras oficiales de mortalidad que suministra Sanidad —alrededor de 8.800 fallecidos a los que se pudo hacer la prueba de la covid— y las de la Comunidad de Madrid —unos 15.000 muertos por covid o sospecha de covid— son gigantescas y muestran una durísima realidad: los fallecidos que no figuran en la estadística oficial de Sanidad murieron sin la atención médica debida. Cientos de familias han denunciado a la Comunidad por desatención a sus ancianos en las residencias, más denuncias que en ninguna otra parte de España, y un juez obligó en abril a que se las medicalizara ante las tragedias que se vivieron dentro de cada una de ellas.

Las infraestructuras sanitarias de la Comunidad de Madrid se vieron desbordadas desde la tercera semana de marzo. El consejero competente sobre residencias (de Ciudadanos) alertó por escrito a su colega de Sanidad (del PP) de las consecuencias de negar la atención médica a los ancianos y denunció la situación en el Parlamento regional. Los protocolos enviados a los hospitales, luego rectificados, evidencian el dramático abandono al que se sometió a los enfermos de residencias. Madrid fue una de las últimas comunidades que, tras la retirada del decreto de alarma, se unió a la ola de rebrotes. Pero lo hizo a partir de primeros de agosto con los peores registros —hoy tiene una incidencia de 527 contagios por cada 100.000 habitantes—, a enorme distancia de la segunda con la situación más grave. La mitad de los fallecidos diarios se registran en Madrid, y las medidas que todos los expertos recomendaban se tomaron más tarde. En la estadística de los rastreadores que pueden combatir con eficacia la expansión de la enfermedad, también ocupa los últimos lugares en número y hasta la vuelta al colegio se convirtió en un acto más de improvisación.

Ante esta situación, el PSOE amaga con una moción de censura y está dispuesto a entregar la presidencia a Ciudadanos. En plena nueva expansión del coronavirus en la Comunidad, con la ocupación hospitalaria subiendo de manera preocupante, la oposición y otras fuerzas deberán calibrar, hilando muy fino, el dilema que supone el desgaste de una moción que puede complicar y distraer la atención sobre la covid, y el hecho de que la gestión del Gobierno de Ayuso esté complicando tanto la batalla contra la pandemia. Madrid es ahora una cuestión de Estado. Y es el Estado el que ha de volcarse en su rescate. Tiempo habrá de juzgar la pésima gestión de la presidenta.