Impulso social

El tratamiento correcto de la recesión profunda causada por la covid-19 ha consistido en primer lugar en una fase de contención caracterizada por la aplicación de ayudas masivas a las empresas y a los trabajadores, para evitar el hundimiento del empleo y la demanda. Lógicamente, en una segunda fase, que ya debería estar diseñada y preparada, aunque es de temer que no sea así por el relativo fracaso de la llamada comisión de reconstrucción, tendría que aparecer un plan de estabilización financiera que determine el modo de corregir el déficit y la deuda, disparados por la crisis hasta límites peligrosos, más un programa de gasto e inversión que apoye y acelere la recuperación de la economía. Al parecer, las decisiones del Gobierno se mueven todavía con más soltura en las tareas de contención. El subsidio que prepara el Ejecutivo para sostener las rentas de los parados que agotaron las ayudas y la idea de aumentar el pago de los trabajadores a tiempo parcial que sufren regulación de empleo temporal forma parte de esa fase de contención inicial.

En cierto sentido, este subsidio, calculado inicialmente en 430 euros mensuales, viene a llenar un vacío legal evidente desde que se pusieron en marcha los ERTE y el ingreso mínimo vital. Como los ERTE no agotan derechos de desempleo, había que resolver la situación de los trabajadores a quienes se agotaba la prestación contributiva. El subsidio proyectado cumple ese objetivo garantizando una renta mensual a 550.000 trabajadores. La importancia para el consumo en un momento depresivo está fuera de duda, aunque el impacto sería mucho menor sin las redes de protección del ingreso mínimo y los expedientes temporales. Pero, además, el Gobierno, concretamente el Ministerio de Trabajo, pretende transmitir el mensaje de que cumple con sus promesas de protección a los trabajadores afectados por una recesión brusca y profunda.

La decisión es correcta. Refuerza la idea de que existe una política de protección social ante la crisis, se apoya en la concertación social y refuerza la posibilidad de nuevos acuerdos para remontar el hundimiento de la economía este año. Ahora es necesario prolongar la vigencia de los ERTE, porque el ministro Escrivá acierta cuando asegura que ese modelo de regulación ha venido para quedarse. Sería razonable que en 2021 se modificaran los ERTE actuales, para adecuar las prestaciones a una fase de recuperación, en el supuesto de que esta se produzca.

La fase de políticas activas de recuperación que, hay que insistir, debería estar ya diseñada, necesita con urgencia los mencionados planes de estabilidad financiera y de inversiones, pero, además, un proyecto de presupuestos políticamente consensuado al menos durante los próximos tres ejercicios. La prórroga presupuestaria vigente es una anomalía que pone en evidencia las carencias de los partidos políticos parlamentarios. El momento financiero es bueno, puesto que España recibirá una parte del fondo europeo y es más que probable que las cuentas públicas no tengan que someterse a recortes de gasto durante el próximo trienio. La tregua financiera debería aprovecharse para pactar, siquiera a grandes rasgos, una política de reconstrucción económica.