Acuerdo fallido

Pocas dudas caben ya de que el Gobierno de coalición ha gestionado mal el plan de tomar prestados 14.000 millones de remanente de los Ayuntamientos con la condición de devolver esa cantidad en los próximos 10 años e inyectar 5.000 millones en los municipios entre 2020 y 2021. El real decreto ley que permite realizar ese intercambio (o apaño, para algunos alcaldes), acordado con el único apoyo del PSOE en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), tiene todos los visos de sumar un error político a otro error económico, aunque a estas alturas sea más evidente el primero. Los alcaldes han iniciado una fase de rebelión que puede dejar el proyecto en papel mojado; si los municipios no entregan los fondos, la propuesta habrá fracasado. Y lo más probable es que ese fracaso se produzca de forma inevitable, a pesar de las rectificaciones parciales que pretende conceder Hacienda (como pagar los costes financieros de los ahorros retenidos).

Es un error, sin duda, no tener en cuenta la capacidad de bloqueo de los Ayuntamientos del PP. Los populares, en estos y en otros asuntos, manejan las posiciones políticas como un resorte de oposición sistemática a cualquier iniciativa del Gobierno. Pero, claro, no es sólo el PP quien cuestiona el procedimiento. Se han sumado a la protesta el Ayuntamiento de Barcelona y municipios socialistas. Una propuesta de retención parcial de los remanentes requería un grado de negociación más intenso y sutil que arrojarla sin más en la FEMP y esperar una mayoría mecánica. Las conversaciones con los Ayuntamientos deberían haber sido previas, paso a paso, con una aproximación paralela a los partidos nacionales en busca de una cierta aquiescencia y a sabiendas de que la negociación iba a exigir “una larga paciencia”. La fórmula del decreto ley revela además una prisa inconveniente, asociada quizá a urgentes necesidades financieras.

El quid de esta cuestión radica en que la fórmula elegida suscita muchas dudas y desconfianzas en los gobiernos municipales. ¿Por qué trasladar los ahorros conseguidos a la Hacienda del Estado si los fondos proceden de un esfuerzo —obligado— realizado desde 2012 por las corporaciones municipales? Los Ayuntamientos disponían de un superávit acumulado que algunas fuentes calculan en unos 28.000 millones; parecía absurdo esterilizar esa cantidad por culpa de la aplicación estricta de normas de estabilidad (solo pueden emplearse en reducir deuda o en proyectos “financieramente sostenibles”) durante una fase de depresión. Los alcaldes entienden este argumento y hubieran aceptado una fórmula que, mediante las pertinentes modificaciones legales, les hubiese permitido tomar decisiones propias de inversión de sus superávit, aunque fuese bajo la tutela del Estado.

Por regla general, las inversiones públicas manejadas desde el ámbito local suelen estar mejor orientadas que las dirigidas desde la Administración central. La rebelión de los alcaldes tiene una lectura clara: hay que volver a la mesa de negociación y resolver el uso de los remanentes de otra forma. Los Ayuntamientos se lo merecen. Son los principales agentes de la estabilización financiera operada entre 2012 y 2019, hasta el punto de que redujeron su deuda en un 47% durante ese periodo. Y, además, no es una buena política irritar a los Ayuntamientos si, como parece necesario, hay que iniciar en algún momento de la legislatura una reforma de la financiación municipal.