Argentina se libera

El Gobierno argentino no ha ahorrado la euforia en la presentación del acuerdo con tres grupos de acreedores que permitirá reestructurar unos 66.000 millones de dólares de deuda y situar el vencimiento de una parte de los bonos en 2029, 2030 y 2038. El acuerdo con los acreedores, que se cumplirá el 24 de agosto, permitirá a la economía nacional ahorrarse en torno a 33.000 millones de dólares en los próximos diez años. Podría decirse que la gestión del presidente, Alberto Fernández, y de su ministro de Economía, Martín Guzmán, ha despejado (o mejor, desplazado) una de las grandes dudas de la economía argentina, que es la posición del país en los mercados internacionales de deuda. El problema, ciertamente peliagudo, está resuelto por el momento. Con la salvedad de que Buenos Aires tiene que negociar ahora la reestructuración del préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI); la firma del acuerdo con los prestamistas privados aleja el default y refuerza la posición de la tercera economía latinoamericana, así que probablemente, las conversaciones con el Fondo serán poco dramáticas.

Un pacto con los acreedores mejora sin duda la imagen de Argentina ante los inversores y, como se ha repetido, la aleja del default. Pero en muy pocos casos está justificada la euforia, una mercancía que se vende bien en el ámbito político, y este no es uno de ellos. El Gobierno de Fernández solo ha resuelto la primera de las incógnitas de una situación económica compleja y atosigante. El país está en recesión desde 2018 y las proyecciones para este año arrojan una contracción del PIB del 12%. Más desempleo privado y más pobreza podrían ser el resumen de la situación. Los dos problemas (entre muchos) a los que se enfrentan Fernández y Guzmán requieren de un cambio drástico en la política económica que necesitaría, para rendir algún beneficio, más de un mandato. Uno es la situación del peso, sobrevaluado y sostenido con reglas muy restrictivas de control de capitales. El Gobierno asegura que flexibilizará el control cuando mejore la economía, pero esta es una condición en sí misma contradictoria, porque para que aumente el crecimiento también es necesario rectificar la política de cambio. Y ese es el problema, porque Guzmán sabe que si se devalúa el peso empeorará la deuda.

El segundo problema es de fondo y tiene que ver con una recaudación fiscal ineficiente y un gasto público sometido a pocos controles. El déficit está en torno al 6%. Presidente y ministro de Economía tienen que resolver la incógnita fiscal, no solo para corregir el déficit, que puede ser una de las condiciones que le exija el FMI, sino también para elevar el margen de maniobra del Ejecutivo para luchar contra la pobreza. Que en Argentina es una amenaza real.