Defensa del BCE

La insubordinación del Tribunal Constitucional alemán, con sede en Karlsruhe, plasmada en su sentencia de hace tres meses contra la política expansiva del BCE, intentó despojar de la competencia exclusiva última al máximo órgano jurisdiccional europeo (el Tribunal de Justicia de la UE, TJUE, con sede en Luxemburgo) en asuntos de derecho comunitario. De ninguna manera ese atentado jurídico puede quedar impune. La Comisión, como guardiana de los tratados, debe abrir un procedimiento de infracción al país sede de la corte rebelde.

Si no se hiciera así, no solo estará permanentemente en peligro la política monetaria independiente del BCE, esencial para combatir una crisis como la actual, sino que también se avalarán otras desobediencias de tribunales similares en países incriminados por iliberales, como Polonia y Hungría. Es todo el orden jurídico democrático europeo el que está en juego, y la Unión no es otra cosa, al cabo, que una comunidad de derecho.

Karlsruhe sentenció contra el programa de compra de bonos públicos nacionales de Mario Draghi, concebido para atajar la Gran Recesión. Sostuvo que no había ponderado sus eventuales perjuicios y cargó contra la entidad, el Gobierno y el Parlamento alemán. Y amenazó con que, si Fráncfort no justificaba a posteriori que había calibrado los daños colaterales del programa, obligaría al Bundesbank a retirarse del mismo, un golpe mortal contra la estrategia de expansión cuantitativa del BCE (y de todos los demás bancos centrales), que lo esterilizaría.

Ese golpe a la autonomía de Fráncfort rebotaba al TJUE, al que desdeñosamente los magistrados alemanes criticaron por no haberles dado la razón en la primera fase del litigio, y a todo el edificio jurídico de la UE, que prohíbe violar la independencia del BCE, y que ostenta primacía sobre las normativas nacionales. La respuesta de Christine Lagarde fue impecable: desatender el alegato, rechazar la competencia de Karlsruhe y declararse obediente al tribunal europeo. Y, pragmáticamente, permitir al Bundesbank, como miembro del BCE (y, por cierto, contrario a la expansión cuantitativa), dar todas las explicaciones que estimase oportunas. Por una vez su gobernador, Jens Weidmann, demostró lealtad. Trasladó los informes razonados a todas las instituciones alemanas, y el Gobierno federal y el Bundestag se dieron por satisfechos. ¿Era el fin del litigio?

No. Los demandantes —entre los que figuran personajes clave de la ultraderecha— reclaman ahora que Karlsruhe especifique por escrito su complacencia o su desacuerdo. Lo que reabre el proceso. El Tribunal Constitucional alemán exhibe una trayectoria bifronte: excepcional en la defensa de los derechos individuales; polémico, quisquilloso y chovinista, en temas europeos. El riesgo estriba ahora en que, solitario en su orgullo, no solo dé un vuelco al programa que incriminó, sino también al de compras de bonos de empresa, y a la extensión de ambos (por 1,3 billones de euros), para combatir la actual recesión. Una iniciativa que resulta esencial para España.

Puede comprenderse, así, que el Gobierno alemán, por razones internas, se quede a la espera de que la sensatez vuelva a Karlsruhe. Pero no que Bruselas dude en defender, como debe, el orden normativo europeo, abriendo ya el oportuno procedimiento de infracción, única manera de zanjar definitivamente esa rebeldía.