Perú: arando surcos para el desastre

Difícil imaginar una conducta tan poco responsable y distante del sentido común. Me refiero al pésimo ejemplo que acaba de dar el Congreso del Perú en cuanto a cultura democrática. Lo que se ha visto esta semana es un disparar a los pies sobre cualquier posibilidad de acción sostenida desde el Estado para enfrentar la crisis más grave que le ha tocado vivir al Perú y las generaciones vivientes.

Optando por intereses mezquinos y no por la historia, en la madrugada del martes 4 de agosto el Congreso le denegó la confianza al recién instalado gabinete, encabezado por Pedro Cateriano, que tendría que haber sido el último de un Gobierno cuyo sucesor se elegirá en pocos meses.

El trámite debía haber sido sencillo y, especialmente, constructivo, en la “investidura” de un nuevo gabinete. Nunca un gabinete había sido desaforado por el Congreso en una sesión de esta naturaleza. Mucho menos era imaginable que ocurriría cuando la pandemia viene golpeando al Perú de manera especialmente severa: el 30% de la población aparece contagiada en los tests diariamente aplicados, el sistema hospitalario ha colapsado desde hace varias semanas y se sufre una de las tasas de letalidad –muertes por millón– más altas del mundo, superando a las ya exponenciales de España, EE UU, México o Brasil.

Congreso novísimo este, que reemplaza al disuelto constitucionalmente el 2019 por el presidente Vizcarra. Tendría que haber sido pieza contributiva pero que acabó siendo otro eslabón hacia la frustración democrática.

Tres conclusiones preliminares:

La primera, gravísima, denunciada por el propio Cateriano luego de más de 20 horas de debate: pesó la extorsión, el chantaje. En esencia, el uso de la función pública para favorecer intereses de negocios particulares de dueños de universidades de tercera calidad que habían sido depuradas (“no licenciadas”) en un cuidadoso proceso de reforma universitaria que se inició ya el 2014, mucho antes de este gobierno. Los mismos propietarios de esas universidades, ahora convertidos en congresistas o “dueños” de partidos, ofreciendo su voto de confianza a cambio de la remoción del correcto ministro de Educación, quien antes dirigió la Sunedu, la entidad de evaluación y licenciamiento de universidades que en algunos casos son fuente de ingresos millonarios con calidades deplorables de formación.

La segunda, un sistema de votación para elegir el Congreso –con el “voto preferencial”– que demuele lo colectivo y exacerba individualidades. Además, un sistema de representación, mal diseñado desde los tiempos del expresidente Fujimori: en aras de tener pocos parlamentarios –en un parlamento que es, además, unicameral– es prácticamente imposible la interacción representante/electores. En un Congreso así de pequeño, en un país del doble del tamaño de Francia y con más de 32 millones de habitantes, nunca los representados ven a su “representante”.

La tercera, y quizás la más importante: el impacto demoledor de la pandemia. Que no solo está arrasando con la vida de miles con tasas de letalidad que ponen al Perú entre los países delanteros en el desastre. Si no que está haciendo retroceder al país una década en los niveles de pobreza, asunto en el que se habían producido progresos con la democracia. Resultado grave no solo por estos datos, sino que genera condiciones que históricamente han derivado en populismos y autoritarismos.

A la gravísima crisis de salud y a la recesión se suma esta crisis política provocada por intereses particulares. Contra el sentido común. El gran reto es no solo superar esta acumulación de crisis sino generar un sistema de representación y participación diferente que impida que a las crisis sanitarias se añada la impunidad de acciones políticas irresponsables. Y poder tirar al traste aquella frase de que “el sentido común es el menos común de los sentidos”.