Firmeza

El presidente Pedro Sánchez subrayó en su comparecencia del martes el inquebrantable compromiso de su Gobierno con el orden constitucional. En el Consejo de Ministros de ese mismo día, además, aglutinó al Gabinete de la coalición que preside en torno una idea central: frente a los desafíos próximos, es momento de garantizar la estabilidad y de fortalecer las instituciones. La situación es particularmente delicada por la salida de España de Juan Carlos I. La Casa del Rey estimó oportuno tomar esa decisión para que la jefatura del Estado, encarnada por su hijo Felipe VI, estuviera al margen de las investigaciones judiciales que han puesto en marcha la Fiscalía suiza y la del Tribunal Supremo sobre las cuentas del exmonarca en el extranjero.

Diversas fuerzas han aprovechado los poco edificantes comportamientos del rey emérito para erosionar la Monarquía parlamentaria, la forma política que desde 1978 adoptó el Estado español, y que ha propiciado unas prácticas democráticas que nada tienen que envidiar a las de los países de nuestro entorno. El argumento utilizado ha sido el de calificar la iniciativa del exmonarca como una huida para sortear la acción de la Justicia, aun cuando su abogado se apresuró a afirmar que estará a disposición del Ministerio Fiscal para cuanto sea menester. Sánchez reforzó ayer su defensa de la Monarquía en una carta que remitió a los militantes del PSOE: la Constitución no se puede trocear a capricho.

Pese al prestigio que adquirió Juan Carlos I por su papel durante la Transición y por su intervención frente al golpe del 23-F, en 1981, resulta comprensible que, en medio de las turbulencias que ha producido la crisis del coronavirus, el conocimiento de los detalles relacionados con las cuentas ocultas en bancos suizos, aunque no haya sido imputado en ninguna causa, haya generado desapego en muchos ciudadanos. Ha habido fuerzas políticas que se han encaramado a este comprensible sentimiento para arremeter contra el actual modelo constitucional, obviando la distancia que media entre las conductas individuales y el edificio institucional que sostiene la vida democrática. El presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, siempre pendiente de obtener el máximo provecho de cualquier problema, lo ha hecho convocando una enfática y desmesurada sesión parlamentaria para engrasar su discurso contra el Estado español. ERC se ha ajustado al guion que practica desde hace años, el de convertir sus credenciales republicanas en un motor con que alimentar a sus bases electorales. Tampoco han faltado, aunque desde un ángulo distinto, las posiciones de algunos destacados miembros de Unidas Podemos que, formando parte de un Gobierno de coalición, han puesto en duda una pieza esencial del marco que lo posibilita.

En este paisaje, no es baladí el intento del presidente del Gobierno de marcar los límites del juego y llevar a su socio al sosiego institucional. La firmeza con que Pedro Sánchez defiende el orden constitucional frente a quienes buscan su simple erosión requiere de los máximos apoyos y del entendimiento de que, como dijo él mismo, en este momento “no se juzga instituciones, sino a personas”.