Pospandemia, crisis y biodiversidad

El mundo de la conservación y el medio ambiente ha discutido intensamente durante este tiempo extraño sobre la política ambiental y la sociedad que se vislumbra tras la covid-19, en paralelo al debate que ha agitado al resto del pensamiento crítico. Los análisis han abarcado desde escenarios rupturistas —nada volverá a ser como antes— hasta un spleen de talante continuista, en la creencia de que pasado el tiempo, la vieja realidad y sus miserias seguirán allí esperándonos tranquilamente, como el dinosaurio al despertar del cuento de Monterroso.

En marzo de 2020 la hibernación perpleja y obligada de lo humano abrillantó el mundo e iluminó lo natural: el confinamiento abrió espacios acotados a la fauna silvestre, a menudo lo único perceptible en el efímero silencio profundo que nos acompañó. Como efímera fue la reducción de emisiones debida a la disminución del trasporte o de la actividad industrial. Cabe suponer sin abandonarse al pesimismo que las crisis ambientales que precedían a la pandemia, la climática y la pérdida de biodiversidad, volverán en plena forma. Pero de la tragedia que vivimos debería nacer una decisión virtuosa: interiorizar finalmente que la zoonosis origen de la pandemia y las que la han precedido está íntimamente vinculada con estos dos tsunamis medioambientales. El papel tanto de las emisiones de gases producto de la actividad humana y el cambio climático asociado, como el de la pérdida de biodiversidad en la precaria salud de la Tierra, está plenamente aceptado en el ámbito científico (salvo en el extravagante planeta negacionista). Pero la devastación económica provocada por la pandemia va a relegar previsiblemente al medio ambiente de nuevo, repitiendo un círculo ominoso, a la periferia de prioridades de la agenda política.

Conocemos ya qué sucede con la política ambiental en tiempo de crisis y su alcance temporal. La financiera de 2010 se ha demostrado extraordinariamente resiliente: pasados dos lustros, los niveles presupuestarios y de inversión medioambientales previos a la crisis en España están lejos de haberse alcanzado. Los ajustes derivados provocaron una reducción y precarización de los presupuestos de conservación y de las plantillas, singularmente en las inversiones destinadas a la gestión de áreas protegidas, que sufrieron un descenso significativo en el periodo comprendido entre 2010 y 2014: según los datos de Europarc-España de 2017, la media de inversión por hectárea durante estos cinco años cayó hasta en un 63% y el personal destinado a los parques disminuyó un 36%.

¿Se puede repetir este patrón en el escenario pospandemia? El tiempo dirá, pero no parece aventurado apostar por ello. Los Gobiernos en todo el mundo y singularmente España están llevando a cabo un esfuerzo de gasto público urgente y sin precedentes para aliviar los efectos de la pandemia, lo que provocará reajustes y replanteamiento de objetivos de gasto, tanto de los Gobiernos como de la filantropía ambiental privada. No es casual que Bruselas haya presentado en plena batalla virológica la nueva Estrategia de Biodiversidad de la Unión para la década 2020-2030: traer la naturaleza de vuelta a nuestras vidas, anticipándose a posibles revisiones a la baja. Ambiciosa en sus objetivos, la estrategia propone la recuperación de la biodiversidad europea a través de un nuevo impulso a la conservación basada en áreas y la restauración ambiental, ambición que no se corresponde con el músculo financiero que la estrategia aporta: los 20.000 millones de euros al año previstos para la Red Natura 2000 y otras áreas protegidas e infraestructura verde es una cifra insuficiente para el 30% de territorio europeo —incluyendo el mar— que debe ser protegido de forma eficaz, a la luz de lo que sabemos sobre el coste medio en conservación por hectárea.

Urge reformular el mensaje medioambiental, destacando el valor contable de la biodiversidad y su importancia en términos sanitarios, porque su impacto mediático y su eficacia a la hora de movilizar la necesaria presión social sobre la toma de decisiones será mayor y de más alcance en el escenario actual. Una naturaleza empobrecida en especies y fragmentada incrementa el riesgo de zoonosis y epidemias derivadas. La relajación normativa y de límites de emisiones que ya está sucediendo en Estados Unidos, el Reino Unido o China, y que el presidente de Chequia propone abiertamente en Europa a través de la suspensión de las previsiones del Pacto Verde Europeo, empeorarán globalmente la salud del planeta. Por tanto, la inversión decidida en la protección de los ecosistemas y de la biodiversidad como servicio ecosistémico global debe ser en este momento un argumento central a favor de la preservación de la salud humana, destacando además el potencial farmacéutico que alberga su enorme diversidad bioquímica. España debe apostar por el reforzamiento de su maltrecha financiación ambiental considerándola como política estratégica y cuestión de Estado y vinculándola a la política sanitaria, porque salud humana y salud ambiental son caras de la misma moneda, y sus caminos indefectiblemente se entrelazan.

Pep Amengual es jefe del Servicio de Investigación del Organismo Autónomo Parques Nacionales.