Un veto injustificado

El debate sobre el reparto de los fondos especiales para la reconstrucción dedicados a la enseñanza debería despojarse de los elementos de disputa ideológica que con frecuencia emborronan las decisiones políticas sobre este sector. El reparto tiene que ajustarse a la finalidad para la que han sido creados: reforzar el sistema educativo para que pueda afrontar las consecuencias de la pandemia y atender las necesidades de los alumnos más vulnerables.

El Gobierno es responsable de sostener la fortaleza de la red pública de gestión directa porque es la que vertebra el sistema educativo y la que garantiza la equidad de acceso a la educación. Pero si se considera que la red concertada contribuye también a los fines educativos y se la subvenciona por ello, no tiene sentido que quede excluida del reparto de las ayudas por el hecho de que los centros sean de titularidad privada. En esta lógica se inscribe la rectificación del propio Gobierno a propósito de la ayuda de 2.000 millones de euros para afrontar el nuevo curso, de la que en un principio se anunció que quedaba excluida la enseñanza concertada, pero después se determinó que fueran las comunidades autónomas las que decidieran cómo se distribuyen los fondos entre ambas redes.

El mismo criterio debería regir para el resto de fondos del paquete de reconstrucción. No tiene sentido que la red concertada haya quedado excluida. Contrariamente a lo que se decidió ayer en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso, el reparto adquiere sentido cuando se basa en la objetivación de los problemas que procura resolver. A la red concertada, por su parte, no le corresponde reclamar un reparto en función del número de alumnos. La cuestión esencial no puede ser otra que la de contribuir a resolver las necesidades sociales derivadas de la reciente crisis. Y los datos indican que aunque tiene el 25% del alumnado, la red concertada no asume la misma proporción de escolares que la pública que están en situación de desventaja. Así, mientras esta asume por ejemplo el 79% del alumnado de origen inmigrante, la concertada apenas acoge al 14,1%.

Muchos centros concertados practican formas de selección que penalizan a algunos alumnos y la exigencia de cuotas escolares es también una forma de excluir a los colectivos más desfavorecidos. El resultado es una segregación escolar que concentra a los alumnos más vulnerables en la red pública. En la medida en que los fondos de reconstrucción tienen que dirigirse a reforzar la escolarización de los alumnos más perjudicados por los efectos de la pandemia, sería lógico que la distribución de los fondos tuviera en cuenta la proporción de alumnos que cada centro tiene con ese tipo de necesidades. Este, y no otro, es el marco del debate.