Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

España tiene que ir más lejos

El Gobierno ha avanzado en la buena dirección al introducir el ingreso mínimo vital pero podría aprovechar para dar a cada español una renta básica que proporcione resiliencia y un nuevo contrato social

Raquel Marín

El Gobierno español ha avanzado en la buena dirección al introducir el ingreso mínimo vital (IMV), pero pronto descubrirá que tiene que ir mucho más lejos. El plan corre el riesgo de fracasar porque el Gobierno no ha sido lo bastante valiente, aunque la ministra responsable haya declarado que el programa será permanente y no solo una medida de emergencia.

En una pandemia se debe tener siempre en cuenta el principio de que, si se permite que quede algún grupo vulnerable, toda la sociedad lo será también. En este contexto, el Gobierno tiene que prepararse para una segunda o incluso una tercera oleada de casos, en las que las muertes por covid-19 y el "exceso de fallecidos" inducido por la enfermedad dejará nuevas cicatrices tanto en la sociedad como en la economía durante años. En consecuencia, es vital prepararse para proporcionar a todo el mundo más capacidad de adaptación financiera. Hay que construir un sistema defensivo para el mañana.

El Gobierno ha introducido lo que los especialistas en políticas sociales llaman un sistema de ingreso mínimo, no una renta básica. Puede que a los legos en la materia esto les suene a juego de palabras, pero la diferencia es enorme.

El IMV promete entre 462 y 1.100 euros mensuales por hogar, solo para solicitantes de entre 21 y 65 años y dependiendo del número de integrantes y el de niños y ancianos que formen la unidad doméstica. El requisito para beneficiarse del IMV es que los ingresos medios de un hogar de dos o más miembros hayan sido inferiores a 450 euros mensuales en 2019.

Esto significa que menos de un millón de hogares, lo que equivale a 2,5 millones de personas, disfrutarán de él, si todos las que tienen derecho a recibirla la solicitan y se les concede, lo cual es extremadamente improbable. Hay alrededor de 11 millones de españoles cuyos ingresos están por debajo del umbral oficial de pobreza. Es decir, solo se beneficiará una minoría, aun en el caso de que los ingresos del año pasado fuesen un indicador fiable de los actuales, lo cual también es altamente improbable. ¿Es este el programa que cabría esperar de un Gobierno progresista?

Con un sistema de ingreso mínimo, el Gobierno determina quién va a recibir la prestación en función de los ingresos y el valor de los bienes del solicitante. En otras palabras, la ayuda va “dirigida” a los considerados pobres. A primera vista, esta suena razonable. Con un sistema de renta básica, todo el mundo (o todos los residentes legales) reciben el pago como un derecho de ciudadanía. A primera vista, la idea suena a dispendio e injusticia, pero los ingresos adicionales se pueden recuperar fiscalmente de los ricos y los costes administrativos son mucho menores.

Paradójicamente, diversos estudios exhaustivos de alcance internacional muestran que un sistema de renta básica es más progresista que uno de ingreso mínimo, es decir, reduce la desigualdad y ayuda a las personas vulnerables de manera más efectiva y eficaz.

Este aspecto es importante en el espeluznante contexto de la crisis del coronavirus y la recesión económica que se avecina. Vuelvo a decir que la razón es que, si se abandona a cualquier grupo lo bastante numeroso en una situación de vulnerabilidad y empobrecimiento, toda la sociedad será vulnerable, ya que los marginados y los desfavorecidos seguirán teniendo una alta probabilidad de contraer la covid-19 u otras enfermedades, lo cual hará que todo el mundo quede expuesto a un alto riesgo de contagio.

Así pues, ¿por qué los sistemas como el IMV no son eficaces? En primer lugar, porque tienen importantes errores de exclusión, es decir, que la ayuda no llega a una buena parte de aquellos a quienes va dirigida. Cuando la burocracia aplica un umbral de ingresos por encima del cual no se tiene derecho a recibir la prestación, hay que incluir un procedimiento de comprobación de los recursos, los ingresos, y el valor de los bienes de la persona que lo solicita. Los burócratas tienen que hacer muchas preguntas e incluso visitar los hogares. El proceso puede ser intimidatorio y estigmatizador. A nadie le gusta quedar públicamente como pobre o fracasado social. Muchas personas orgullosas no solicitan la ayuda o desisten cuando las preguntas entran en el terreno personal. Esto no significa que no sean pobres o vulnerables.

Otro fallo es que, en una crisis como la de 2020, los ingresos fluctúan de una semana a otra. Si los burócratas entrevistan a una persona una semana, puede que sus ingresos estén justo por encima del umbral para poder optar a la ayuda, mientras que es posible que la semana siguiente no tenga ningún ingreso en absoluto. En consecuencia, en épocas de turbulencias económicas, la comprobación de recursos será inevitablemente injusta. En el caso del IMV, es absurdo utilizar los ingresos del año anterior como referencia para el año actual.

De esto se deduce un aspecto crucial para el diseño de las políticas sociales en épocas de recesión económica causada por una pandemia: el objetivo principal debería ser conferir resiliencia, es decir, fuerza para resistir y recuperarse del golpe al sistema personal y a la sociedad. Todos los ministros del Gobierno deberían colgar en la pared de su despacho este recordatorio: “¡Es la resiliencia, estúpido!”.

Otro defecto del sistema de ingreso mínimo, y el más conocido, es que crea automáticamente lo que se denomina trampa de la pobreza. Si una prestación se entrega únicamente a los pobres, todos aquellos que intenten llegar a ser "no pobres" serán penalizados con la pérdida de la ayuda. Esto crea un riesgo moral, es decir, actúa como un desincentivo para aceptar un trabajo poco remunerado, porque la persona pierde casi tanto como gana con el empleo. Asimismo, crea un riesgo inmoral, ya que, como la persona sabe que podría perder la ayuda, es posible que no declare el salario, de manera que más gente se ve empujada a la economía sumergida.

En la mayoría de estos sistemas, el problema se agrava por la trampa de la precariedad. Dado que la persona tiene que solicitar la prestación, el trámite tarda tiempo, puede que hasta semanas. De modo que, si alguien recibe una oferta de un empleo eventual de corta duración, no solo se encontrará ante la trampa de la pobreza, sino que, además, tendrá la preocupación de que, en caso de aceptar el trabajo, pronto volverá a necesitar la ayuda y se verá obligado a esperar sin recibir ingresos. Este no es el caso del IMV, pero constituye un riesgo si el Gobierno se inclina por seguir el camino de la comprobación de recursos.

Con el IMV surge otra trampa de la pobreza, porque el descenso repentino de los ingresos es lo que causa la mayor conmoción. La gente necesita ayuda financiera basada en las crisis recientes, de manera que pueda pagar sus deudas y tener tiempo para ajustar sus gastos y sus obligaciones. Al determinar el acceso a la ayuda en función de los ingresos del año anterior, los receptores quedan desprotegidos frente a crisis imprevistas. La resiliencia no es un elemento del sistema de ingreso mínimo.

Además, está el hecho de que, a diferencia de lo que ocurre con la renta básica, la base del IMV es la unidad doméstica, no la persona individual. Como el tamaño y la composición de la unidad doméstica cambian continuamente, en un sistema de ingreso mínimo el ajuste de los pagos es más complicado.

Las pruebas experimentales han mostrado que la renta básica individual mejora la posición social de las mujeres y su capacidad negociadora. Una triste consecuencia de la pandemia y el confinamiento es un importante aumento de la violencia de género en muchos países. Cuando las mujeres disponen de su propia renta básica, tienen más posibilidades de escapar de las relaciones de maltrato, mientras que si dependen del "cabeza de familia" se sienten atrapadas.

Hay algo más que debería preocupar a los dos partidos del Gobierno. En otros países, los sistemas de renta mínima basados en la comprobación de recursos han menoscabado la solidaridad social y han hecho el juego a la derecha política. Los conservadores despliegan una retórica que afirma que la mayoría paga a una minoría de “vagos” o “tramposos”. La consecuencia es más vigilancia, más errores de exclusión, más “sanciones” y más demonización de “los pobres”. Estas consecuencias se pueden predecir con la misma seguridad con la que predecimos que la noche sigue al día. En cambio, un sistema de renta básica refuerza la solidaridad social.

Por último, un sistema de comprobación de recursos es caro de administrar. El Gobierno debería atreverse a dar el paso de dar a cada español una renta básica que proporcione resiliencia y la capacidad de salir del horror con un nuevo contrato social. Estamos en un momento potencialmente transformador. ¿Tendrá el Gobierno el valor de aprovecharlo?

Guy Standing es autor de La renta básica: un derecho para todos y para siempre (Pasado y Presente).

Traducción de News Clips.

Inicia sesión para seguir leyendo

Sólo con tener una cuenta ya puedes leer este artículo, es gratis

Gracias por leer EL PAÍS

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS