Infancia segura

Las heridas psicológicas que se producen durante la infancia dejan secuelas mucho más duraderas que las que se producen en la vida adulta, y si esas heridas son por abusos sexuales, el trauma puede durar muchos años, a veces toda la vida. Estas secuelas y el manto de silencio que suele encubrir las agresiones que se registran en el entorno familiar o de convivencia del menor impiden muchas veces que se denuncien. Como se ha visto en los casos de abusos en el seno de la Iglesia católica, cuando la víctima logra sobreponerse y decide dar cuenta de los desmanes, han pasado muchos años y, a veces, el delito ha prescrito. Eso será mucho más difícil que ocurra cuando entre en vigor la nueva Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que el Consejo de Ministros ha enviado a las Cortes para su tramitación. La nueva ley prevé que la prescripción de este tipo de delitos no cuente a partir de los 18 años de la víctima, como hasta ahora, sino a partir de los 30.

Esta es una de las principales modificaciones de un cambio normativo que tiene como objetivo fundamental habilitar instrumentos más eficaces de protección de la infancia. Dada la naturaleza de estos delitos, es importante reforzar los aspectos punitivos y de reparación, pero mucho más lo es evitar que se produzcan. Al respecto, el proyecto de ley da un paso decisivo al establecer que cualquier persona que tenga conocimiento de un caso de violencia del tipo que sea contra un pequeño tendrá la obligación de comunicarlo a la autoridad, y esta obligación resultará especialmente exigible en aquellos profesionales que trabajan con menores.

La ley aborda los múltiples tipos de violencia que pueden sufrirse en la infancia e incorpora las formas de agresión e intimidación a través de las nuevas tecnologías. El ciberacoso es cada vez más frecuente y, aunque es una violencia que se ejerce a distancia, tiene una gran capacidad de perturbar la vida de niños y adolescentes. Según una encuesta realizada en España por Save the Children en 2019, más de tres cuartas partes de las personas entrevistadas habían sufrido algún tipo de violencia online durante su infancia, y un 40% había sido víctima de ciberacoso. Este tipo de violencia afecta más a las niñas, y la mayor parte de las veces procede de un compañero de colegio.

La tramitación de la ley ha sido pospuesta dos veces, una por la convocatoria de elecciones de 2019 y otra por la crisis del coronavirus. El alto grado de consenso que concita debería permitir una tramitación parlamentaria sin sobresaltos y un rápido despliegue. Para que pueda alcanzar plena eficacia es preciso que las Administraciones públicas vigilen que las instituciones que tratan con menores adopten protocolos de prevención. Una de las novedades que puede tener mayor impacto es la figura del coordinador de bienestar y protección que la norma prevé en todos los centros educativos y también en aquellos que realicen actividades deportivas, culturales o de ocio con niños y adolescentes. Solo la vigilancia activa del entorno puede evitar un tipo de conductas en las que los agresores suelen contar con el silencio de la víctima, ya sea por temor a las consecuencias, por bloqueo psicológico o por vergüenza.