Un virus federalizante

Cuando pase el tiempo suficiente para tomar distancia habrá que hacer inventario de las lecciones que está dejando la covid-19. Entre los asuntos políticos que en España necesitaban una actualización estaba, sin duda, la organización territorial del Estado. El ejercicio de innovación que fueron en su día las comunidades autónomas se ha visto desbordado tras 40 años de práctica en los que el modelo no ha evolucionado de forma ordenada ni consensuada. Lo que en 1978 pudo ser concebido como una estación de salida, se ha acabado convirtiendo en una de llegada a la que acuden trenes de muy distinta velocidad, lo que provoca agravios, desigualdades, e incoherencias múltiples.

La pandemia ha mostrado que los diferentes niveles de administración conforman un puzle en el que deben encajar todas las piezas. En un estado compuesto como el español, dentro del entorno europeo, y en una sociedad global, ni siquiera el mando único puede ejercerse en solitario. Necesita forzosamente del concurso del resto de niveles de la administración para que sus decisiones puedan ser efectivas. A ser posible, en un clima de confianza y colaboración bidireccional del Estado hacia las comunidades autónomas y de estas hacia el Estado, que no puede dejarse a la buena voluntad de los que gobiernan en cada momento, sino que debe garantizarse engranando bien, mediante la práctica, mecanismos institucionales dispuestos a tal fin.

A esta constatación responde posiblemente uno de los mayores aciertos que el Ejecutivo ha tenido en estos meses y que ojalá mantenga pasado el susto sanitario. Me refiero a la Conferencia de presidentes (y presidentas), definida en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público como un “órgano de cooperación multilateral entre el Gobierno de la nación y los respectivos Gobiernos de las comunidades autónomas” que tiene como objeto “la deliberación de asuntos y la adopción de acuerdos de interés para el Estado y las comunidades autónomas”, figura habitual en los sistemas federales. Este órgano ha permanecido silente durante largas temporadas. Su última convocatoria antes de la pandemia databa de 2017 y para encontrar la anterior hay que remontarse cinco años atrás.

El funcionamiento regular de mecanismos como este ayudarían a engrasar la maquinaria generando la confianza y colaboración imprescindible, de forma que no se vuelvan a repetir situaciones como la de la compra de material sanitario. Al mismo tiempo, podría ayudar a aclarar qué significa el reparto competencial. Por ejemplo, qué supone tener la competencia para la legislación básica y la coordinación sanitaria, que como se ha visto, debe ser mucho más de lo que se venía haciendo. Causa rubor recordar ahora cómo en las negociaciones para formar Gobierno el Ministerio de Sanidad era una pieza muy menor en el reparto de carteras.

La realidad, tozuda, se muestra más visible en las crisis, y a España la covid-19 le ha mostrado su naturaleza federal. Urge crear mecanismos que ayuden a construir confianza y colaboración mutua para avanzar en la coherencia entre la naturaleza de esta sociedad y su modelo de organización territorial.