Juego peligroso

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cesó el lunes al jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por pérdida de confianza. Poco después, el director adjunto operativo de este cuerpo armado, el teniente general Laurentino Ceña, que debía dejar normalmente su cargo el próximo mes de junio, presentó su adelantada dimisión, alegando no haber sido informado, lo que a su juicio suponía una grave alteración de la línea de mando. La oposición, por su parte, vincula la decisión de Grande-Marlaska al hecho de que la unidad dependiente del coronel cesado elaborase un informe, a petición de la juez Carmen Rodríguez-Medel, sobre las alertas sanitarias conocidas cuando el Gobierno autorizó la manifestación del 8 de marzo, antes de la declaración del estado de alarma y de la decisión de ordenar y mantener durante semanas el confinamiento de la población.

Es posible que toda esta repentina crisis en Interior tenga su origen en la iniciativa judicial de solicitar un informe a la Guardia Civil para depurar eventuales responsabilidades penales por la gestión sanitaria de la pandemia del coronavirus. En cualquier caso, solo a la juez le compete dictaminar sobre la relevancia judicial de lo que se dice en ese escrito, y es cuando menos tan precipitado como ventajista por parte de la oposición pretender abordar el control parlamentario de las acciones del Gobierno frente a la pandemia dando por sentado que cometió delitos solo sobre la base de que una juez ha iniciado una investigación.

Ni desde el Parlamento ni desde la justicia debería alimentarse una deriva que consiste en hacer política en los tribunales, sea judicializando actuaciones que quedan fuera de ese ámbito, sea instrumentalizando para la lucha entre partidos resoluciones de los jueces que en muchos casos son únicamente de trámite. De esta anómala simbiosis, contraria al espíritu constitucional, solo se obtendrá un resultado: el descrédito de los poderes del Estado. Un descrédito que aumenta día a día sin que los responsables políticos de uno y otro espectro parezcan valorar el grave riesgo democrático que supone.

La juez Rodríguez-Medel dirigió inmediatamente un escrito al ministro Grande-Marlaska recordándole que él o miembros de su departamento podían incurrir en responsabilidades penales en el caso de revelar el contenido de las investigaciones solicitadas bajo secreto del sumario. La posterior filtración del documento ha venido a poner de manifiesto la degradación de los procedimientos cuando no se delimitan con rigor los espacios de la justicia y los de la política. De momento, el ámbito político es el que debería encontrar respuesta en el Congreso, mejor que seguir agitando en los escaños documentos judiciales con fines de partido. En el Parlamento lo relevante sería examinar cuanto antes, con detalle y profundidad, qué ocurrió en aquellas dramáticas semanas y qué se podría hacer en el futuro para afrontar otras crisis sanitarias y epidemias en muchas mejores condiciones. Y no ocuparse, en cambio, de si un ministro determinado puede cesar o no a un cargo de su departamento por pérdida de confianza, un acto de índole administrativa y un motivo que hasta ahora se solía considerar suficiente.