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Columna
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Cristalino: es un engaño y un disparate

Estamos ante algo que afecta nuclearmente a la credibilidad del Gobierno y que exige, pues, su reparación en forma de asunción de responsabilidades

Xavier Vidal-Folch
El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi.
El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi.Juan Herrero (EFE)

El malhadado acuerdo PSOE-Podemos-EH Bildu para “derogar de forma íntegra” la reforma laboral de 2012 es tramposo y disparatado.

Cristalino: ese papel, firmado el 20 de mayo por Adriana Lastra, Pablo Echenique y Mertxe Aizpurúa es un engaño. No es “lo acordado” en el pacto de coalición de gobierno de 30/12/2019, como arguye Pablo Iglesias. Al contrario: lo incumple y lo viola.

Y sus pretensiones de que a) lo pactado por esos tres mosqueteros (¿o son cuatro o cinco?) obliga según el adagio latino pacta sunt servanda, y de que b) la derogación íntegra “es el acuerdo [y figura] en el acuerdo de gobierno y en el acuerdo de ayer” [por el miércoles] es pura filfa.

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¿Por qué? Vamos al texto de la “Coalición progresista, un nuevo acuerdo para España”, de diciembre. Su punto 1.3 se encabeza con dos frases: “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”.

Y luego, concreta, y delimita esa derogación a tres puntos; el despido por absentismo en bajas de enfermedad; las limitaciones a la ultractividad (vigencia del convenio una vez acabado su plazo) y la prioridad de los convenios de empresas sobre los sectoriales.

Así que solo anuncia tres puntos a eliminar de aquella reforma. Y postula otras tres recuperaciones de derechos, vinculadas: sobre subcontratación (de las kellys); para poner fin a la modificación unilateral del contrato por la empresa; y revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, ligando el descuelgue a causas económicas graves.

En ninguna parte figura la expresión “derogación íntegra”. Y si se limita a tres supuestos (vinculados a otros tres), es que se trata de una derogación parcial, que por cierto solo se ha efectuado sobre el primer punto. Cristalino.

Como es cristalino el artículo 2 del Código Civil, que la autoriza: “La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga”: no ningún otro. Y “se extenderá a todo aquello que en la ley nueva sobre la misma materia sea incompatible con la anterior”: solo a esa parte de la norma, no a toda.

Quizás Iglesias confunda derogación (del latín, derogatio) parcial con abrogación (abrogatio), lo que equivale a la total anulación.

Pero quien sí lo sabe y no nos confunde es su colega y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien confesó a este periódico: “Yo no puedo dictar una norma que diga ‘derogo toda la reforma laboral del PP’, porque entre otras cosas hay muchos preceptos y muchísimas normas afectadas; sería una persona irresponsable si dijera esto; por tanto, técnicamente, no es posible” (EL PAÍS, 25/1/2020). No es ella la irresponsable.

El alegato de Iglesias que induce a engaño culmina una recua de tentativas de doblarle la mano por vías oblicuas a Pedro Sánchez. Ahora aprovecha su estrecho padrinazgo de Lastra. Antes fue el zafio, por apresurado, proyecto jurídico de la ley de libertad sexual; el anuncio precipitado de la ley del ingreso mínimo vital o el de una nueva imposición sobre la riqueza, no pactada.

Pero esta vez no estamos ante meros pulsos o comprensibles errores de gestión que deban dilucidar sus protagonistas en la mesa camilla. Si no ante un disparate que afecta nuclearmente a la credibilidad del Gobierno (y a sus contrafuertes Lastra y Echenique). Y que exige, pues, su reparación en forma de asunción de responsabilidades. O alguien las asume o el descrédito tizna a todos.

Porque el dislate —”absurdo y contraproducente”, en sobria y exacta definición de Nadia Calviño— es múltiple: por el momento (de emergencia nacional); su forma (un pacto secreto); un protagonista trascendental (EH Bildu); y su peor efecto (dinamitar la concertación social). Increíble, sí. Pero cierto.

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