Vigilancia biométrica

No hace falta recurrir a la inquietante serie Black Mirror y su distópico mundo en el que los ciudadanos está bajo permanente vigilancia. Más allá de la ficción, la tecnología ya permite localizar a una persona entre 2.000 millones. Las técnicas de identificación biométrica, utilizadas de forma masiva en China o Rusia con fines políticos, se han extendido a toda velocidad. Scotland Yard lo certifica. Este año, la policía británica dio el primer paso para usar cámaras de reconocimiento facial a partir del banco de imágenes de los sospechosos más buscados. España no se queda atrás. Ha desarrollado sistemas de inteligencia artificial en centros comerciales, estaciones de transporte o casinos. Quienes controlan estos artilugios aseguran que son capaces de leer los rostros de delincuentes, desaparecidos o ludópatas. Un modelo similar podría aplicarse a los estudiantes que estos días se enfrentan a exámenes en el entorno virtual por las restricciones de la covid-19. La cuestión es cómo hacerlo con las suficientes garantías para no lesionar su privacidad y a la vez que las evaluaciones sean limpias, sin sombra de sospecha ante la tentación de copiar o suplantar identidades. Realizar pruebas orales por videoconferencia o mediante el uso de webcam y micrófonos, y que sean grabadas para que el profesor pueda revisarlas y el estudiante, en su caso, reclamar, son algunas de las soluciones propuestas.

Atenta a los problemas que la captura de imágenes pueda acarrear, la Agencia Española de Protección de Datos advierte de que las técnicas de reconocimiento facial implican el tratamiento de datos biométricos a la hora de identificar de forma unívoca a una persona y recuerda que el consentimiento del afectado debe ser libre y que no puede considerarse prestado de forma libre cuando no goza de verdadera elección o no puede denegar o retirar su consentimiento sin sufrir un perjuicio (un suspenso, por ejemplo). En general, si el tratamiento de datos personales en el ámbito de la educación responde a un interés público, si media el reconocimiento facial es un “interés público esencial”, que implica una mayor protección.

Los datos biométricos que permiten la identificación de una persona a través de rasgos fáciles, del iris, la voz, e incluso la manera de andar, tienen múltiples utilidades: desde amonestar a quienes cruzan una calle con el semáforo en rojo y detectar a un criminal entre una multitud hasta abrir la puerta de un coche, desbloquear un teléfono móvil o sacar dinero de un cajero. En esta suerte de videovigilancia a gran escala no todos ven ventajas. Algunas organizaciones civiles consideran que lesionan los derechos fundamentales y tildan estos instrumentos de opresores y peligrosos, toda vez que otorgan al Estado un poder extraordinario para vigilar a los ciudadanos. Es sintomático que San Francisco, icono de la revolución tecnológica, haya prohibido un sistema tan invasivo.