Editorial
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Becas más justas

El objetivo no es premiar a los más inteligentes o a los que más se esfuerzan, sino contrarrestar las desigualdades sociales de partida

Un grupo de estudiantes, en una sala de examen.
Un grupo de estudiantes, en una sala de examen.

La reforma del sistema de becas aprobado por el Gobierno no solo aumentará la partida destinada a las ayudas, sino que propiciará un reparto más acorde con las necesidades sociales. Esto es algo especialmente importante en un momento en el que la caída de ingresos por la crisis del coronavirus puede dificultar el acceso de muchos estudiantes a la educación no obligatoria. La partida destinada a becas aumenta un 22% y alcanzará, si se aprueban los Presupuestos, los 1.900 millones de euros. Es de destacar que el mayor esfuerzo recaiga en las ayudas no universitarias, que aumentan un 40%, pues el abandono escolar tiene en estas etapas repercusiones muy graves. Con una tasa de abandono del 17% frente al 10% de la media europea, es importante que la política de becas esté orientada a reducir esa brecha.

La reforma rectifica aspectos fundamentales del sistema impuesto por el ministro José Ignacio Wert, del PP, pero en otros se queda a medio camino. Con la excusa de propiciar la excelencia académica, Wert impuso una nota media de 6,5 a los universitarios y de 5,5 a los no universitarios para obtener parte de las ayudas. A partir de ahora se exigirá un 5. Aunque es bueno promover la cultura del esfuerzo, el objetivo de un sistema de becas no es premiar a los más inteligentes o a los que más se esfuerzan, sino contrarrestar las desigualdades sociales de partida. Resulta por tanto injusto exigir un mayor rendimiento a quienes se encuentran en peor situación económica. También es muy positivo que se haya aumentado el umbral de ingresos para obtener las becas de máxima cuantía, desde los actuales 13.900 euros anuales para una familia de cuatro miembros a 18.600.

Es cuestionable, en cambio, que se mantenga una de las partes más polémicas de la reforma de Wert, la división de la beca en una cuantía fija, que se otorga en función de la renta, y otra variable, en la que también cuenta la nota. Este sistema permite establecer una partida fija cada año, mientras que si el único criterio de concesión es económico, la partida podría crecer en función de las necesidades sociales. Pero lo que da seguridad al Gobierno a la hora de ajustar el gasto público se convierte en una fuente de incertidumbre para los becarios, que no saben cuánto recibirán hasta bien avanzado el curso. Este sistema puede dejar fuera a muchos estudiantes de familias que no pueden adelantar el dinero. Debería ser posible un sistema de pago que asegure la cuantía de la beca al inicio del curso y con la flexibilidad suficiente para atender todos los casos que cumplan los requisitos económicos. Esta reforma debe considerarse, por tanto, una propuesta susceptible de mejora.

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