Evitar contagios

El número de muertes por covid-19 ha bajado por primera vez por debajo de 100 personas en los últimos días. La clara y sostenida mejora de los datos sobre nuevos contagios e ingresos hospitalarios permite comenzar una fase de desescalada en la que el riesgo más significativo es el exceso de confianza. Excepto Madrid, el área de Barcelona y gran parte de Castilla y León, la mayor parte de España ha podido pasar a la fase 1 y comenzar a recobrar la actividad. Pero, aunque hayamos dejado atrás el periodo más agudo de la epidemia, el virus asesino sigue ahí y, si se le da la oportunidad, mientras no haya una vacuna, continuará expandiéndose, con el riesgo de nuevos y peligrosos rebrotes.

El hecho de que la epidemia haya afectado de forma tan desigual a los diferentes territorios hace que la desescalada tenga que ser necesariamente asimétrica. Eso crea un notable nivel de confusión que el Gobierno debería tratar de minimizar con mayor transparencia y un diálogo más eficaz con las comunidades autónomas. Obviamente, aquellos lugares donde la incidencia del virus ha sido menor están en mejores condiciones de recuperar la actividad económica y comercial, pero eso no significa que tengan un menor riesgo de rebrote. Los primeros datos del estudio de seroprevalencia indican que el porcentaje de población que ha estado en contacto con el virus, y, por tanto, ha podido desarrollar inmunidad, es muy bajo: apenas un 5% de promedio. Eso significa que, si se relajan las medidas de protección y de distanciamiento social, el virus puede volver a propagarse y generar episodios localizados de la misma intensidad y virulencia que en el principio de la epidemia. Nadie está a salvo.

Para evitarlo será determinante la capacidad para detectar de forma precoz los nuevos contagios y hacer un seguimiento de los contactos, una tarea muy laboriosa que recae sobre los exiguos servicios de vigilancia epidemiológica y una asistencia primaria sobrecargada. Este puede ser el gran talón de Aquiles de la desescalada. El protocolo exige buscar y hacer la prueba a todos los contactos de cada nuevo infectado desde el momento en que se detecta hasta al menos 48 horas antes de presentar los primeros síntomas. Eso significa que cada nuevo caso puede obligar a localizar a decenas de personas, que a su vez habrán generado otros roces, y hacer un seguimiento de todos ellos al menos durante 14 días.

Además de poder disponer de kits de extracción y laboratorios suficientes para hacer las pruebas precisas (denominadas PCR), se necesitan amplios equipos humanos especialmente adiestrados, una responsabilidad que recae en exclusiva sobre las comunidades autónomas. Otros países han hecho previsiones de contratación de las que aquí no tenemos noticia. Mientras Francia, por ejemplo, estima que precisará 30.000 personas para estas labores y Alemania ha establecido una ratio de 5 trabajadores sanitarios por cada 25.000 habitantes, en España algunas de las comunidades que figuran todavía entre las más afectadas han hecho previsiones de apenas unos cientos de contratados, lo que está muy lejos de las necesidades. No hay ningún dato que confirme que este aspecto está resuelto, no existe un plan nacional que coordine esta tarea y ni siquiera se dispone de un sistema informático único que permita compartir datos a la vez y en tiempo real, algo muy importante cuando se recupere la movilidad entre distintos territorios.