El verdadero fraude
No sobra decirlo: no estamos en un escenario en donde la oposición pueda orquestar el fraude que proclama el oficialismo
El partido oficial y su campaña han revivido la idea de que la oposición está gestando un fraude electoral nacional rumbo a las elecciones del 2 de junio. La candidata Sheinbaum lo coloca estratégicamente en cada discurso ―incluso habló de ello en su mensaje final durante el tercer debate presidencial hace algunos días― y la idea es diligentemente replicada por sus liderazgos, candidatos y bases de apoyo. La candidata ha llegado incluso a responder que “hay que ver cómo se desarrolla el proceso”, en lugar de decir, sin titubeos, como uno esperaría de una política que se describe a sí misma como “demócrata”, que reconocería los resultados electorales, cualesquiera que estos fueran.
La idea de provocar la duda entre el electorado sobre un posible fraude opositor no fue de la candidata sino del presidente, que en una de sus mañaneras a mediados de marzo soltó: “Quién sabe qué está opinando la gente que los trae así tan nerviosos. Van a dar un golpe de Estado técnico, van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial”. No era la primera vez que López Obrador hablaba sobre la posibilidad de un golpe de Estado en su contra. Al día siguiente de estas declaraciones, en su primera plana el diario El Universal contabilizaba al menos 167 veces en las que el presidente había hablado sobre el tema en estos términos en sus entonces casi 1.300 conferencias mañaneras.
Que regrese el tema al discurso oficialista no es ninguna sorpresa. El presidente ha decidido decide ponerle turbo a la idea de fraude a unos días de la elección porque sabe que es un tema extremadamente sensible y que despierta fuertes reacciones en el electorado mexicano. Así lo revelan prácticamente todas las encuestas: el PRI le sigue sacando ronchas a muchos mexicanos que no se olvidan de sus mapaches electorales y demás engaños y autoritarismos perfeccionados durante sus más de siete décadas en el poder.
Con la idea de que se está gestando un fraude, López Obrador busca activar a su base en el caso de que los resultados electorales no salgan del todo como él espera y, a la vez, arrebatarle a la oposición la mayor cantidad posible de votos de entre el segmento de votantes indecisos, que hoy todavía no saben si apoyar a Gálvez como “un mal menor” (con todo y las siglas del PRI) o darle su voto a Morena y mandar a volar la idea de la oposición de que un voto para Sheinbaum y su coalición es un voto por la destrucción democrática del país. Solo en días después podremos valorar qué pasó.
Todo esto quedaría en el anecdotario político o incluso justificado como parte de una estrategia legítima si no fuera porque nos acercamos a las elecciones con un sistema electoral abiertamente debilitado por designio presidencial. Preocupa particularmente que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, institución encargada de recibir las impugnaciones ―que habrá, y muchas, durante el proceso electoral― y de declarar la validez misma de la elección, no cuente con los magistrados que debieran completar, por diseño constitucional, su Sala Superior. El Tribunal es, desde hace meses y obedeciendo la orden de López Obrador, botín político de Morena que en el Senado ha obstaculizado el nombramiento de los dos magistrados faltantes. Es la primera vez en la historia que llegamos a una elección federal sin el Tribunal completo y la misma tendencia se replica en varios tribunales estatales, en donde habrá 41 sillas vacías en donde tendría que haber funcionarios electorales debatiendo colegiadamente y emitiendo sus votos acerca de las impugnaciones que hagan los partidos y, finalmente, la validez de la elección.
No sobra decirlo: no estamos en un escenario en donde la oposición pueda orquestar el fraude que proclama el oficialismo. Aunque quisiera, simplemente no tiene la fuerza para hacerlo. Sí estamos en un escenario en el que el presidente ha violado la ley electoral que le mandata imparcialidad, en el que se han debilitado presupuestal y políticamente a los organismos electorales y en el que gobernadores morenistas y funcionarios federales han operado durante al menos un par de años para promover la candidatura de Sheinbaum. A estas alturas debe quedar claro cuál es el verdadero fraude este 2024.
Suscríbase a la newsletter de EL PAÍS México y al canal de WhatsApp y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país.
