El Tribunal Electoral federal concluye que López Obrador vulneró la ley durante la campaña del Estado de México y Coahuila

Pasó en las elecciones al Estado de México y Coahuila. Está volviendo a pasar en las presidenciales de 2024 y ocurre cada vez que la convocatoria de nuevos comicios asoma por el horizonte. Las elecciones se juegan mucho antes de que el árbitro dé comienzo a la contienda, y los límites de lo que se considera o no hacer campaña son tan difusos que los actores políticos corren a situarse sobre una línea que parece lo suficientemente ancha para soportarlo todo. A veces, sin embargo, terminan por caer del otro lado. El Tribunal Electoral federal (TEPJF) ha concluido este jueves que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, incumplió la ley durante la campaña por la Gubernatura del Estado de México y Coahuila en dos de sus conferencias matinales diarias, la del 24 de mayo y la del 2 de junio.

Los tres magistrados han acordado por unanimidad que el mandatario vulneró los principios de imparcialidad y neutralidad, además de incurrir en un uso indebido de programas sociales y de recursos públicos, y en el incumplimiento de medidas cautelares. Así, el proyecto votado plantea dar vista al Órgano Interno de Control (OIC) de la oficina de la Presidencia “respecto de las infracciones cometidas por el director del CEPROPIE, el coordinador de Comunicación Social, la directora de Comunicación Digital y el jefe de departamento”.

El Gobierno de López Obrador está en guerra abierta con las instituciones electorales. Su partido ha promovido sendas reformas que buscan limitar las funciones del Tribunal Electoral y modificar el proceso de conformación del Instituto Nacional Electoral (INE), todavía sin éxito, pero cada varapalo a la fuerza que preside acrecienta un enfrentamiento enquistado desde hace años y que este jueves protagoniza un nuevo episodio sobre el que el mandatario aún no se ha pronunciado.

La Sala Especializada del Tribunal ha argumentado que el presidente emitió “expresiones de carácter electoral” que, aunque no constituyeron llamados expresos al voto, sí eran “tendentes a generar un apoyo a Morena o a los partidos con los que participó”, al tiempo que desincentivaba el apoyo hacia las opciones políticas contra las que competía. Lo mismo ocurrió con las manifestaciones relacionadas con los programas sociales de su proyecto político. Aunque “no se tradujeron en un condicionamiento formal”, razona el Tribunal, “sí se llevó a cabo un condicionamiento discursivo” que daba a entender que la continuidad de dichos proyectos estaba subordinada a la victoria electoral de su fuerza política. Todo ello ocurrió durante el tiempo de campaña, lo que hace que su influencia sobre los comicios fuera directa y notoria.

El manejo de los tiempos es clave para entender por qué en unos casos se produce una condena y en otros, no. La misma tarde en la que el tribunal falló contra López Obrador por sendas conferencias matutinas, los magistrados exculparon al exsecretario de Gobernación y actual corcholata, Adán Augusto López, por una denuncia en la que se le acusaba de hacer campaña por las presidenciales hace algo más de un año, durante una entrevista y en diversas publicaciones en sus redes sociales. La gran brecha de tiempo entre sus declaraciones y el comienzo oficial de los comicios llevó al Tribunal a estimar que en ningún caso podía considerarse parte de una campaña sobre la que todavía no había anunciado su interés.

También el excanciller y precandidato de Morena a la presidencia, Marcelo Ebrard, ha sido exculpado de la denuncia que caía sobre él por un acto llevado a cabo en Chihuahua hace un año. Aunque él no estuvo presente en la convocatoria, el evento contaba con abundante propaganda a su favor.

Las denuncias se suceden una tras otra en un país que ha entrado en un estado de campaña permanente. Los actos de unos y otros actores políticos proliferan a un ritmo que desborda a un sistema que no es capaz de absorberlo a tiempo. El presidente del Tribunal, Rubén Lara, ha acusado la situación y ha solicitado al Instituto Nacional Electoral que les haga llegar todos los expedientes pendientes. “Tenemos muchos más de 200 asuntos, estamos más cerca de los 300 que de los 200, que todavía están en el INE y, para que nosotros podamos resolverlos y emitir criterios definitivos, requerimos que estén aquí”, ha declarado en la sesión pública de este jueves. “Necesitamos que los expedientes estén aquí, que estén bien armados, que estén completos, que tengan todo lo que necesitamos; y ahora no están”, ha reiterado, pues es la unidad técnica de esta institución quien tramita inicialmente las quejas.

La magistrada Gabriela Villafuerte ha hecho un llamado a agrupar las denuncias similares para poder resolver con eficacia si hay o no sistematicidad en los comportamientos denunciados, y ha rechazado la utilización de la primera semana de septiembre, momento en que da comienzo oficialmente la contienda electoral, como referencia temporal para determinar si hay o no infracción. Villafuerte basa su razonamiento en los dos actos llevados a cabo por Morena y por la oposición, el 11 y el 26 de junio respectivamente, en los que marcaron el inicio de sendos procesos internos para determinar sus candidaturas. “Desde mi punto de vista, es una variable real frente al proceso electoral”, ha razonado. Con corte en el mismo 29 de junio, la sala ya ha recibido 10 quejas por los actos del 11 de junio, y otras tres por los del 26.

En total, el jueves por la tarde resolvieron 14 denuncias, pero el verano es largo y no hay visos de que ninguno de los contendientes vaya a echar el freno en su carrera por hacerse con el nombramiento de la candidatura presidencial, que se resolverá en septiembre. Mientras tanto, los actos de no-campaña se siguen produciendo por todo el país, y las quejas de los competidores desafían a un INE todavía bajo asedio.

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