La batalla de Morena por la sucesión presidencial divide al INE

El último protagonista en la carrera por la presidencia no es Claudia Sheinbaum ni Marcelo Ebrard ni las corcholatas de Morena ni de la oposición. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha acaparado los reflectores esta semana en medio de un proceso de sucesión inédito en el que se hacen campañas que no son campañas, mítines que no son mítines y actos proselitistas, propuestas de gobierno y recorridos al filo de la ley. ¿Qué está permitido y que está prohibido para los aspirantes a llegar al poder en las elecciones de 2024? Ese es el dilema que asalta a los participantes en la contienda interna, que dispara los reclamos de los opositores y que divide las opiniones de los consejeros electorales.

En una votación dividida que se zanjó con dos votos en contra y uno a favor, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió que no podía calificar los recorridos de los aspirantes de Morena como actos anticipados de campaña y dio vía libre para que las corcholatas de Morena continuaran con sus recorridos por todo el país. La consejera Claudia Zavala, presidenta del comité, había propuesto un proyecto de acuerdo en el que se pedía emitir una nueva tanda de medidas cautelares y que documentó más de una treintena de violaciones a la ley electoral tan solo durante la primera semana de la contienda interna: desde promesas de campaña hasta reparto de materiales para promocionar su imagen.

Pese a las evidencias, recopiladas por los propios trabajadores del INE, los consejeros Rita Bell López y Jorge Montaño desecharon el proyecto bajo el argumento de que esa instancia no podía hacer valoraciones de fondo sobre el proceso interno de Morena y que ya se había dictado una resolución en la que se decidió que las corcholatas sí podían viajar para buscar convertirse en “coordinadores de los comités de defensa de la Cuarta Transformación”, la figura creada por el partido del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para evitar referirse a sus aspirantes como precandidatos. La ley dice que las precampañas para la elección presidencial inician hasta la tercera semana de noviembre. Otros tres miembros del Consejo, pese a no pertenecer a la Comisión de Quejas, argumentaron a favor de la propuesta de Zavala, pero sus esfuerzos fueron en vano.

El órgano electoral ha estado el último año largo en el centro de muchas polémicas como uno de los objetivos predilectos de las invectivas del presidente. Tras lograr unos meses de calma con la renovación del su Consejo en abril, el INE ha vuelto a acaparar la atención. Hace dos semanas, la misma Comisión de Quejas del INE había impuesto condiciones y medidas cautelares a las corcholatas de Morena bajo la amenaza de que podían perder el derecho de registrarse como candidatos si violaban la ley. Les dijo que no podían llamar al voto, promover la plataforma de Morena ni hacer promesas de campaña. Las restricciones provocaron reclamos de Ebrard, que cuestionó el sentido de realizar los recorridos por el país y lo convirtió en uno de sus lemas de campaña. “No nos han prohibido soñar, así que seguiremos soñando”, dijo el exsecretario.

Otros como Gerardo Fernández Noroña han externado su preocupación por la decisión de López Obrador de acelerar la sucesión. “Comenté que me parecía riesgoso tener al abanderado con tantos meses de anticipación, sin poderse mover porque, apenas asome la cabeza, lo van a agarrar a palazos”, señaló en entrevista con este diario. El propio Mario Delgado, presidente de Morena, había sido cauto en temas como el financiamiento y las promesas de campaña, consciente de que la oposición había puesto el proceso de su partido en la mira.

Tras la resolución de esta semana, el INE insistió en que se respetaran las reglas que ya había impuesto, pese a que su papel como autoridad había quedado mermado. En la opinión de Miguel Eraña, profesor de Derecho de la Universidad Iberoamericana, la incapacidad de sancionar violaciones tan flagrantes a la normativa electoral hace que el INE abdique a sus responsabilidades como árbitro y se convierta en un “testigo inane e indolente”. “Cuando no hay árbitros o hay árbitros que simulan, los partidos salen muy mal”, señala el académico.

Las metáforas futbolísticas son elocuentes para describir el ánimo político de las últimas semanas. Ante la campaña adelantada de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde, la respuesta de la coalición opositora Va por México ha sido hacer lo mismo. El Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se quejaban hace dos semanas que sus rivales violaban la ley. Ahora, ya han definido el método para elegir a su candidato presidencial, otro gol en fuera de lugar y fuera de los tiempos que marca el sistema electoral. La senadora panista Xóchitl Gálvez resumió la decisión de la oposición de seguir los pasos de sus rivales en cuatro palabras: “No hay de otra”. “Tenemos a seis de las siete fuerzas políticas con registro involucradas en la misma historia de simulación y abuso”, lamenta Eraña.

En otras decisiones polémicas, el Comité de Quejas y Denuncias del INE descartó sancionar el uso de redes sociales ligadas a dependencias públicas para promover la imagen de Adán Augusto López, el ex secretario de Gobernación; el reparto de calcomanías y boletos de rifa para promocionar la imagen de Claudia Sheinbaum, hasta hace unas semanas jefa de Gobierno de Ciudad de México, y una queja de Morena contra varias figuras de Va por México por llamar al voto y tener una ventaja desleal en la contienda por la presidencia. En prácticamente todos los casos, los consideró “actos consumados e irreparables”. En otras palabras, se habían hecho, pero no podían enmendarse.

Jorge Álvarez Máynez, el diputado que ha coordinado las impugnaciones de Movimiento Ciudadano al proceso de Morena, ha amagado con acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que le corrija la plana al INE. “La lucha sigue. Nos vemos en el Tribunal”, señaló el legislador en sus redes sociales y tundió a los dos consejeros que se opusieron a que hubiera nuevas medidas cautelares.

Tras la renovación del Consejo del INE en abril pasado, se anticipaba una nueva era en la autoridad electoral: con un árbitro más discreto, centrado en sus tareas administrativas y alejado de las polémicas con los actores políticos. Incluso, Guadalupe Taddei, presidenta del órgano, y el resto de los consejeros se reunieron este mes con López Obrador para limar asperezas en el arranque de la carrera por la sucesión en Morena. Y el colegiado salió bien parado del papel que le tocó desempeñar en las elecciones en Coahuila y el Estado de México este año, al dar las primeras tendencias sobre los resultados de forma confiable y apegada a las cifras finales.

Tres meses después, el “nuevo INE” enfrenta una lluvia de críticas: entre aspirantes inconformes con las restricciones, opositores descontentos, pero que han seguido los pasos de sus rivales y la amenaza de nuevas impugnaciones que tendrán que resolverse bajo precedentes ambiguos y que arrojan más dudas que respuestas en un proceso inédito en la democracia mexicana. Quedan todavía más de dos meses para que la coalición gobernante y la oposición anuncien quienes serán sus candidatos en 2024, en procesos en los que la autoridad electoral se juega su capacidad de hacer valer sus capacidades de control y su credibilidad. Ninguno de sus predecesores se había enfrentado a un desafío similar en lo que toca a las contiendas internas de los partidos y, sobre todo, con tanta anticipación a una elección presidencial. Falta poco menos de un año para que los mexicanos salgan a las urnas.

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