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Las campañas presidenciales anticipadas desafían la autoridad del INE

El bloque oficialista y el opositor han dado la vuelta a la ley y han entrado de lleno en los procesos de definición de sus candidaturas presidenciales, ante un árbitro electoral cruzado de brazos

Guadalupe Taddei, presidenta del INE
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei (centro), encabeza la sesión ordinaria del INE del pasado 21 de junio.Graciela López Herrera (Cuartoscuro)

En México las elecciones presidenciales comenzaron antes de tiempo y todos los políticos interesados en la sucesión están en franca campaña. Los dos bloques, el oficialista, encabezado por Morena, y el opositor, de Va por México, han dado rienda suelta a sus aspirantes presidenciales con una anticipación inusitada que quebranta la ley mexicana e impone un enorme desafío a las autoridades electorales, principalmente al INE, el órgano autónomo que organiza los comicios y vigila que los contendientes cumplan las normas. Los analistas políticos sostienen que habría que cerrar los ojos para no ver el despliegue de espectaculares en las calles, las bardas pintadas, los anuncios en el transporte público, los spots en redes sociales, las pasarelas de los aspirantes en medios, sus explícitas promesas de campaña. Todo con cargo a dinero cuyo origen nadie explica: que son donaciones, defienden algunos; que la gente se organiza y aporta voluntariamente; que los diputados entregan parte de su salario; que los empresarios se solidarizan de manera desinteresada.

Los bloques en disputa han recurrido a eufemismos para dar vuelta a la ley electoral, que establece que el proceso electoral de 2024 debe comenzar la primera semana de septiembre próximo, mientras que la precampaña —el mecanismo mediante el que los partidos definen sus candidaturas— debe iniciar hasta la tercera semana de noviembre y durar 60 días. Ninguno de los dos bloques, oficialmente, se encuentra en un proceso interno para elegir a su candidato. En cambio, Morena está en busca de un “coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación”, y Va por México —la coalición opositora formada por PAN, PRI y PRD— busca a un “responsable nacional de construir un frente amplio por México” (aunque ninguna de esas figuras existe en los estatutos de los partidos que integran las coaliciones).

Ambos bloques prevén procesos internos de selección mediante encuestas o votaciones primarias. Los aspirantes (que oficialmente no lo son) harán durante dos meses recorridos por los Estados, encabezarán asambleas o foros (que no mítines), harán propuestas (que no promesas de campaña) y pedirán el apoyo (que no el voto) de los ciudadanos para ganar en sus respectivas elecciones internas (que no lo son). Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde anunciarán al ganador el 6 de septiembre. Va por México, que tanto denunció al adversario de enfrente por actos anticipados de precampaña, hará su propio anuncio tres días antes.

Tres exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) entrevistados por EL PAÍS coinciden en que las reglas del juego electoral se han quebrado por completo, frente a una institución que ha actuado con permisividad bajo la dirección de Guadalupe Taddei, elegida hace tres meses como presidenta del árbitro electoral y que ha mostrado cercanía a Morena. Los especialistas advierten de que uno de los riesgos del resquebrajamiento de la ley es que el INE tenga que negar el registro de precandidato al aspirante que resulte electo en las internas de ambos bloques, que es la penalización más grave que impone la autoridad si se acreditan vulneraciones a las reglas de la precampaña. El mayor riesgo, sin embargo, es un nubarrón que ya anuncia una tormenta en 2024: el hecho de que, después de los comicios del 2 de junio, el candidato perdedor tendrá elementos de sobra para desconocer los resultados, alegando los actos anticipados que están teniendo lugar ahora mismo, con la complicidad de todos y ante la tolerancia de la autoridad.

“La precampaña no depende de cómo se le nombre, de cómo se organice ni de quién la organice. Depende del objetivo que tiene: ser un proceso interno para seleccionar a quien tendrá determinada candidatura”, explica la exconsejera Pamela San Martín. “Desde que empezamos a construir nuestro andamiaje institucional para la transición democrática, hemos buscado que una elección no solo sea un tema de que todas las personas puedan votar y que sus votos se cuenten bien, sino, también, de que quienes participan en la contienda lo hagan en condiciones de equidad, y nos hemos dado un conjunto de normas para garantizar esas condiciones, para que haya un piso lo más razonablemente parejo, para que nadie se adelante, para no dar ventajas indebidas o desventajas indebidas a los contendientes de cara a la ciudadanía”, añade.

El exconsejero Alfredo Figueroa advierte de que la permisividad del INE en estas etapas tempranas de la contienda electoral puede tener un alto costo para la estabilidad del país. “No lo veamos solamente como una barda o como un espectacular más. ¿Qué va a pasar si hay un desconocimiento del resultado electoral en 2024? Imagínate qué grave sería que tuviéramos que hacer una elección extraordinaria porque hubo inequidad en el proceso electoral. ¿Nos damos cuenta de la gravedad que eso sería para la gobernabilidad del país, hundido en la violencia en la que se encuentra, para el comportamiento del Ejército, para el comportamiento de los mercados? Estamos ante la disputa por el poder público. Es una enorme responsabilidad, por eso vale la pena señalarlo con esta vehemencia”, explica el exfuncionario.

San Martín y Figueroa critican que el INE haya dejado pasar la oportunidad de suspender el acuerdo del Consejo Nacional de Morena del 11 de junio y dictar medidas cautelares para impedir a las corcholatas —nombre coloquial dado a los aspirantes presidenciales del oficialismo— hacer giras de promoción a los Estados, en tanto la autoridad electoral analiza el fondo de las quejas promovidas por la oposición. En lugar de eso, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE autorizó los actos proselitistas, y solo pidió a los aspirantes de Morena no hacer promesas de campaña ni llamados al voto durante sus eventos. Esas concesiones de la autoridad electoral han significado un cheque en blanco que la oposición ha utilizado para incurrir en las mismas prácticas de campaña anticipada que había denunciado anteriormente.

“No puede haber un proceso de selección de candidaturas antes del inicio de las precampañas. Aquí lo que tiene que haber es un alto por parte de las autoridades electorales. No podemos aceptar que no se garantice algo tan básico —y por lo que hemos peleado tanto tiempo en el país— como lo es la equidad en la competencia política”, sostiene San Martín. El exconsejero Figueroa acusa que el INE “está siendo cómplice de la ruptura de la equidad” de la contienda. “Creo, lamentablemente, que, debido a la conformación que tiene hoy el Consejo General del INE, está siendo, como se planeó desde el poder, un árbitro muy cercano a los intereses del propio presidente de la República”, señala.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, habla con Uuc-kib Espadas Ancona, consejero electoral, el 21 de junio.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, habla con Uuc-kib Espadas Ancona, consejero electoral, el 21 de junio.Graciela López Herrera (Cuartoscuro)

El exconsejero Benito Nacif afirma que el Instituto Electoral se está jugando su credibilidad como autoridad, “como árbitro responsable de hacer valer la ley”. “Estamos ante una simulación, todos sabemos que esta es una precampaña con un nombre diferente, nada más. El guion lo conocemos, no es que sea algo nuevo y que nos vayan a sorprender en septiembre. Sabemos qué va a pasar, entonces, es claramente una simulación. Los abogados le llaman a esto fraude a la ley. Creo que el INE ha dejado pasar una cosa tan obviamente fraudulenta pidiendo simplemente que se cuiden las formas, que ni siquiera las están cuidando [los aspirantes], porque en sus declaraciones, sus discursos, queda muy claro que lo que están buscando es la candidatura presidencial de un partido político”, señala.

Es previsible que Morena también termine por denunciar ante el Instituto Electoral los posibles actos de campaña anticipada en los que incurra Va por México. En todos los casos, más allá de la actitud que asuma el INE, será el Tribunal Electoral el que tenga la última palabra y determine si los aspirantes pueden seguir teniendo actividades de promoción de su imagen. Los contendientes han mostrado estar dispuestos a llegar hasta donde se les deje, incluso allende la línea de la legalidad.

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Sobre la firma

Zedryk Raziel
Reportero de EL PAÍS México, especialista en la cobertura de asuntos políticos y de corrupción. Licenciado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido colaborador en el diario Reforma y el portal Animal Político. Es coautor de ‘El caso Viuda Negra’ (Grijalbo, 2022).

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