La militarización no es la solución
Es posible desarrollar una estrategia de seguridad centrada en las personas y no en el combate al enemigo
La decisión tomada por Felipe Calderón, hace 16 años, para que el Ejército se hiciera cargo de la seguridad pública en algunas zonas del país, nos llevó a experimentar sus fatales consecuencias. En 2011, miles de personas tomamos las calles al grito de #NoMásSangre para exigir un cambio en la estrategia de seguridad, frente a la enorme cantidad de las mal llamadas “víctimas colaterales” de una guerra que nunca elegimos tener.
Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador se comprometieron, en sendas campañas electorales, a devolvernos paz, seguridad y civilidad, pero una vez en el poder ambos elaboraron propuestas para consolidar, a través de la legislación e incluso de reformas constitucionales, el modelo militarizado de seguridad pública.
Así, los tres últimos presidentes mexicanos han insistido en una política de paz y seguridad sustentada en una estrategia militarizada, argumentando la incapacidad operativa de las corporaciones policiales para hacer frente al crimen organizado. A esto se suma el falaz argumento de la “incorruptibilidad” de las fuerzas armadas frente a una presunta “corruptibilidad” de las policías.
Resultados del modelo militarista
Desde Amnistía Internacional, junto con las organizaciones de la sociedad civil, hemos advertido que la estrategia de seguridad pública militarizada ha sido fallida. México es hoy un país mucho más inseguro que hace 16 años. Los homicidios se han incrementado 218%, entre 2006 y 2022; en 16 años han sido asesinadas más de 250 personas que ejercían el periodismo (15 de ellas en los primeros ocho meses de este año) y más del 97% de las más de 105.000 personas desaparecidas ocurrieron a partir de diciembre de 2006.
La evidencia es contundente, las corporaciones militares mexicanas han incurrido en graves violaciones a los derechos humanos. De 2014 a la fecha, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido al menos 6.661 quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Semar y la Guardia Nacional. En todos esos años, la Sedena se ubica entre las 10 instituciones con más quejas, y ese listado incluye a la Guardia Nacional.
Entre 2019 y 2021 la Sedena acumuló 25 quejas por privación de la vida y la Guardia Nacional 11. En 2021, la Sedena, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Marina ocuparon el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente, de quejas por desaparición forzada. Entre 2019 y 2021 la Sedena acumuló más de 140 quejas por tratos crueles e inhumanos y la Guardia Nacional 114. En 2021, la Guardia Nacional, la Sedena y la Secretaría de la Marina fueron las instituciones contra las que se presentaron más quejas por detenciones arbitrarias. Entre las tres suman un total de 166.
¿Cuál es la ruta a nivel global?
En el Orbe es clara la tendencia hacia la desmilitarización de la seguridad pública. En 2019, Víctor Manuel Sánchez Valdés revisó las fichas técnicas de la Interpol sobre legislación, portales de internet de corporaciones de seguridad y publicaciones especializadas de 200 países, que incluyen los 193 estados miembros de la Organización de Naciones Unidas.
En un artículo publicado en la revista Nexos, el 7 de enero de 2019, explica que 134 países tienen un esquema de provisión de seguridad completamente civil, a través de una Policía Nacional o un cuerpo similar; 16 países tienen un modelo mixto que combina una corporación civil y uno militarizado, tipo Gendarmería, en donde la mayor parte de las responsabilidades se reservan a la corporación civil, sobre todo porque se hacen cargo de la seguridad en las zonas urbanas.
En 17 países se tiene un esquema en que concurren una corporación con mando civil y otra con mando militar; en 33 países, las corporaciones de seguridad tienen un mando primordialmente militar o esquemas militares de operaciones.
Es decir, las tres cuartas partes de los países cuentan con mandos civiles en los cuerpos de seguridad pública. Cabe agregar que entre los países que han optado por un mando militar, además de México, estaban Colombia, Arabia Saudita, Corea del Norte, Tailandia, Yemen, Angola, Nicaragua, Camboya, Kazajstán, Eritrea, Irán, Vietnam, Chad y Siria, estados que no destacan por el respeto de los derechos humanos. De manera que las autoridades en México están optando por un modelo que va en sentido contrario a la tendencia global.
¿Qué proponemos para México?
Para Amnistía Internacional, desde la perspectiva de derechos humanos, la criminalidad y la violencia deben abordarse mediante el fortalecimiento de la participación democrática y la implementación de políticas de seguridad ciudadana centradas en la protección de la persona humana. Esto implica alejarse de los modelos que buscan afianzar la seguridad del Estado o de determinado orden político.
En congruencia con ello, organismos internacionales de derechos humanos del sistema universal (Naciones Unidas) y del regional (sistema interamericano) han recomendado reiteradamente al Estado mexicano alejarse del paradigma de seguridad militarizada, retirar a las fuerzas militares de las tareas de seguridad de forma gradual, ordenada y medible; y transitar hacia un modelo de seguridad ciudadana, que justamente esté centrado en las personas y en la construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática.
Reconocemos que el crimen organizado constituye una grave amenaza para la seguridad, la integridad y la vida de millones de personas en México. Sin embargo, disentimos de las visiones que falazmente plantean que debemos elegir entre seguridad y vigencia de derechos humanos.
Consideramos que es posible desarrollar una estrategia de seguridad centrada en las personas y no en el combate al enemigo. Consideramos que el camino debe iniciar con una propuesta de retiro progresivo de las fuerzas militares de las calles que incluya el fortalecimiento de las corporaciones policiales civiles garantizando mecanismos de supervisión ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, y se acompañe de una estrategia de ciudadanización de la seguridad.
#LaMilitarizaciónNoEsLaSolución, y esperamos que el Senado de la República esté a la altura de estas circunstancias.
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