Economía, seguridad y soberanía: los frentes que tensan la relación con EE UU ante la visita de Kamala Harris

La relación entre México y Washington se enreda cuando faltan menos de tres semanas para la visita anunciada por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. La última estocada a la agenda bilateral ha sido un cambio cualitativo del tono empleado por Andrés Manuel López Obrador para exigir a la Administración de Joe Biden que suspenda el supuesto respaldo económico a algunas organizaciones civiles. “Se están tardando”, ha instado el presidente en referencia al apoyo de la agencia de cooperación USAID, un organismo independiente vinculado al Departamento de Estado, a ONG como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Es el ejemplo más reciente de unas relaciones que, si el lenguaje de la diplomacia califica de “institucionalizadas” y “fluidas”, en realidad están minadas por múltiples tensiones.

Harris viajará al país vecino y a Guatemala para abordar uno de los grandes retos del comienzo de la era Biden, la crisis migratoria de Centroamérica. Pero la frontera solo es uno de los frentes abiertos con Washington. A esa crisis se añaden fricciones comerciales, distintos criterios sobre la estrategia de la lucha contra el narcotráfico y la política de seguridad, las reformas económicas impulsadas por López Obrador y que preocupan a los inversores, la cooperación ante la pandemia de coronavirus y, ahora, las acusaciones de injerencia.

El presidente fue uno de los últimos líderes en reconocer a Biden. Lo hizo casi 40 días después de la victoria del demócrata, que su contrincante, Donald Trump, trató de impugnar sin pruebas. La primera reunión entre ambos, celebrada de forma virtual a principios de marzo, se saldó con un balance deliberadamente optimista por parte de México, que resaltó una relación en pie de igualdad y reivindicó el respeto a la soberanía nacional, uno de los mantras del Gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Sin embargo, esa sobreactuación ha chocado con la realidad y ese supuesto trato igualitario está lleno de agujeros, tanto por el peso que tiene Washington en cada negociación como por algunas decisiones de las autoridades mexicanas que contravienen a la agenda regional, sobre todo en materia económica.

López Obrador logró una relación funcional con Trump a pesar de las diferencias ideológicas y ahora hay una relación institucionalizada, defienden fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores . De facto, el mandatario mexicano se plegó a las amenazas de Estados Unidos, cumpliendo sus estrictas directrices migratorias para evitar una guerra arancelaria. El cambio de Administración abrió la puerta a buscar una relación más acorde con algunos valores del Ejecutivo de Morena, autondenominado de izquierdas. Pero más allá del talante general de las comunicaciones, mucho menos explosivas que cuando el magnate republicano ocupaba la Casa Blanca, en los últimos meses se han dado varios encontronazos y las desavenencias han acabado aflorando.

“Hay una diferencia entre lo que los dos gobiernos quisieran y la realidad sobre el terreno. Tanto Biden como López Obrador quisieran seguir con el mismo esquema de Trump”, valora Jorge G. Castañeda, secretario de Relaciones Exteriores entre 2000 y 2003, durante el Gobierno de Vicente Fox (PAN), hoy profesor en la Universidad de Nueva York. Según ese esquema, a grandes rasgos, México le hacía el trabajo sucio a Estados Unidos, impidiendo por ejemplo la entrada de migrantes. Pero el Gobierno de Biden es distinto. Su Administración incluyó a sensibilidades progresistas importantes y en ella conviven sindicatos, activistas, grandes empresas y las agencias tradicionales como la DEA. Todos estos actores sostienen una agenda que tiene un efecto conjunto: “No le permiten a Biden hacer la vista gorda ante todo lo que ellos consideran sus agravios en México”.

Así, de forma repentina, en tan solo dos días, la semana pasada Estados Unidos registró dos requerimientos en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Se trata de dos denuncias de corrupción sindical y violaciones de los derechos de los trabajadores en los Estados de Guanajuato y Tamaulipas. Este tipo de quejas, recordó a EL PAÍS Kenneth Smith, negociador jefe del tratado, pueden suponer sanciones en caso de que se determine una violación por parte del país demandado. Una de ella fue presentada por la mayor central obrera estadounidense, la Federación del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés). Y una antigua dirigente de ese sindicato, Thea Lee, es hoy la responsable designada por Biden para monitorear la aplicación del tratado comercial. A eso se suman las inquietudes, planteadas abiertamente el lunes en una cita entre representantes comerciales de los tres países norteamericanos, que genera el paquete de reformas energéticas de López Obrador. Un plan para fortalecer a empresas del Estado como Pemex o la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a la iniciativa privada, que hoy está paralizado en los tribunales, pero que ya ha repercutido en el clima de inversión.

La preocupación es mayúscula en las empresas del sector, puesto que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, por delante de China. Detrás de estas decisiones, sin embargo, hay un camino ideológico definido. El presidente mexicano defiende que la mejor política exterior es la política interna y, forzado por las circunstancias a una mayor actividad diplomática, siempre lo hace en clave local. La defensa de soberanía, una misión implícita de cada Gobierno, no solo marca abiertamente su agenda legislativa, sino también su discurso y las relaciones internacionales. Es decir, es un instrumento para enfrentarse a sus adversarios y vivir en una campaña permanente. “López Obrador siempre está platicando de la soberanía”, recuerda Duncan Wood, vicepresidente del Wilson Center de Washington. En su opinión, este puede ser un motivo de conflicto estructural entre los dos países. México presentó, por ejemplo, la semana pasada una queja por las condiciones de los trabajadores migrantes del sector agrícola en respuesta a los requerimientos de Estados Unidos. Y aunque la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, califica de “impasse legal” estos problemas, los atribuyó al sector privado y no a las Administraciones públicas.

Pero los debates bilaterales van más allá de la energía, la inversión y el comercio y afectan a cuestiones esenciales como la seguridad. “Hay muchos frentes abiertos como el narcotráfico, que no le interesaba mucho a Trump”, continúa Castañeda. Ahora han cambiado las tornas. La extradición del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, detenido en Los Ángeles y acusado por la DEA de vínculo con el narcotráfico, acabó en agua de borrajas una vez la Fiscalía mexicana lo exonerara de todos los cargos. La decisión, que se remonta a enero, ya contribuyó a tensar las relaciones.

La semana pasada, Juan González, enviado de Biden para Latinoamérica se reunió con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, para abordar una agenda que incluye “disminuir el tráfico de armas y de narcóticos, reducir la violencia que provoca el crimen organizado, atender las adicciones como un problema de salud pública y atacar las finanzas de las organizaciones criminales que operan en los dos países”.

Fuentes de Cancillería reconocen que la estrategia adoptada en el pasado no funciona. “En el Gobierno de Peña Nieto detuvieron a los 120 capos más prominentes, entre los que cayó El Chapo Guzmán. La violencia no se detuvo, así que no basta con eso”, señalan. México, aseguran, plantea ahora una concepción de la seguridad más amplia. González calificó el encuentro de “productiva reunión para construir visión común y acciones conjuntas para la seguridad”. El buen tono de la cita llegaba, sin embargo, precedido de unas duras declaraciones del exembajador estadounidense en México, Christopher Landau, quien hace semanas acusó a López Obrador de pasividad ante los carteles y de adoptar “una actitud de dejar hacer”, que es en sí un problema muy serio para Washington.

Con vistas a la visita de Kamala Harris, que llegará a México justo después de las elecciones del 6 de junio, el Gobierno del país también plantea una serie de reclamos a Washington. En primer lugar, mantiene la presión para que aumente la inversión en Centroamérica con el objetivo de paliar la emergencia humanitaria y contener el flujo migratorio, sobre todo en Honduras y Guatemala. Las dos administraciones tienen visiones distintas de la cooperación, ya que Estados Unidos supedita la entrega de fondos públicos al desempeño de los países beneficiados y al uso de esos recursos. Es decir, se trata de una ayuda finalista. México, en cambio, es partidario de un desembolso directo.

“La señora Harris no va a reunirse con ningún grupo de la sociedad civil en México. Hay muchos que la están buscando, sobre todo de mujeres, pero no lo va a hacer porque no quiere que López Obrador se enoje y deje entrar a los hondureños”, advierte Castañeda. Además, la frontera norte ha vuelto a recibir un número ingente de mexicanos. Las detenciones han sus niveles más altos en tres años, más de 320.000 migrantes desde el pasado octubre. Se trata de una consecuencia directa de la crisis derivada de la pandemia, pero también refleja la inestabilidad de la política económica local.

Otro reclamo del Gobierno de López Obrador tiene que ver con la vacunación contra la covid-19. El vecino del norte, donde la campaña de inmunización avanza a marchas forzadas y ya ha cubierto a cerca del 40% de la población, ya ha prestado casi tres millones de dosis a México. Sin embargo, las autoridades buscan lograr una mayor cooperación. El canciller Ebrard ha sido precisamente el artífice de una estrategia bautizada como “diplomacia de las vacunas” que. aparte de Washington, ha obtenido respaldo de China, Rusia, India y de España. Y en buena medida, suyo es el mérito de que todas las tensiones con Estados Unidos no hayan derivado en un choque abierto con Biden como muchos pronosticaban.

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