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Cazón que no es cazón y pez conejo por robalo: un fraude para los mexicanos y una amenaza para el mar

Un análisis de centenares de muestras de ADN en restaurantes y pescaderías arroja que más del 10% de ellas provenía de 13 especies amenazadas. Sobreexplotación de especies y la pesca ilegal, un peligro para la biodiversidad

Operativos de vigilancia en el Alto Golfo de California para prevenir la pesca ilegal.
Operativos de vigilancia en el Alto Golfo de California para prevenir la pesca ilegal.SEMAR

¿Sabía que la venta de un pescado bajo el nombre de otro es un engaño bastante común en el mercado mexicano? ¿Qué podría haber comido en más de una ocasión gato por liebre? Según concluyó una investigación realizada por la organización Oceana en el 2023, una de cada tres especies analizadas en el noroeste del país pasaron por otras desde que fueron capturadas en los mares nacionales hasta que llegaron a un plato.

Como arrojó el estudio, que analizó centenares de muestras de ADN en restaurantes y pescaderías en Sonora y Sinaloa ―los Estados pesqueros más relevantes a nivel nacional―, más del 10% de ellas provenía de 13 especies amenazadas y 8 a punto de estarlo. Entre algunos ejemplos, el pez conejo fue vendido como róbalo y tantas especies de tiburón en estado vulnerable como cazón: vergonzoso fraude para los consumidores y una amenaza para las arcas de la naturaleza.

Con un acervo de casi 100.000 especies marítimas, a la biodiversidad de los océanos de México le acechan dos garras expoliadoras: la sobreexplotación de especies y la pesca ilegal. Actividad que, como estima un informe reciente, constituiría bastante más del 40% del total, la cifra calculada por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca). Según advierten los datos de Oceana, si las acciones para combatir la pesca ilegal atienden menos del 1% del problema, la estadística del hurto de los mares alcanzaría un número mucho más elevado. ¿Cómo estimar una cifra aproximada si la vigilancia es ineficiente y las acciones de los organismos reguladores tan insuficientes?

De acuerdo con el reporte Pesca ilegal en México: Soluciones desde la Política Pesquera, publicado a principios de abril, en este sexenio cayeron hasta en un 75% las retenciones de producto por pesca ilegal, también las personas detenidas por esta actividad, que disminuyeron hasta en un 95%. Una falta de inspección estatal que no solo afecta a la seguridad marítima del país sino a la riqueza de los océanos mexicanos, sobreexplotados en un 70%. Esta extracción ha puesto en la cuerda floja a muchas especies marinas sin protección, como el huachinango, el marlin azul, el totoaba, casi una decena de tiburones o el mero rojo, con más de 18 años en declive en el Golfo de México. A pesar de que la curva de sus poblaciones no se recupera, ninguna normativa ha favorecido que este pescado habitual en los menús y supermercados desaparezca de la oferta gastronómica.

Distintos actores del sector llevan tiempo advirtiendo que amenazas de este tipo a la biodiversidad y estafas a las consumidores podrían evitarse si saliera adelante una normativa de trazabilidad que permita rastrear el pescado desde que cae en las redes hasta que se sirve en la mesa, contribuyendo a asegurar una pesca sostenible y una veda rigurosa a la sobreexplotación de recursos. Con esta ley, propuesta e impulsada desde hace años pero atascada en la burocracia, se atendería la regulación de la pesca a lo largo de toda la cadena de valor, logrando no solo un control sobre el mercado nacional sino sobre todo el producto que sale fuera.

Mientras México exporta anualmente 123.000 toneladas de pescados y mariscos, su población no ingiere cantidades altas de productos del mar. A pesar de que el país posee uno de los litorales más extensos del mundo y se sitúa entre los 15 que más capturan pescados y mariscos, un estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expuso que, si la media mundial de este consumo en 2020 ascendió a 20,2 kilogramos per capita, la mexicana no superó los 12.

Otro dilema lo originan aquellas especies muy apreciadas a nivel internacional, pero que apenas llegan a los paladares nacionales, como sucede con el erizo rojo, la langosta del Pacífico y otras en grave amenaza. Entre ellas, el abulón o el pepino de mar, cuya sobreexplotación a manos del mercado asiático y el infrenable tráfico ilegal de especies han generado una grave crisis socioambiental en la costa sureste.

Se estima que más del 80% de la captura de ciertos productos exclusivos como los anteriores son destinados a la exportación, constituyendo en algunos casos prácticamente el 100% de su pesca. “De forma que lo que se queda acá se vuelve económicamente prohibitivo para la población”, desvela Alfonso Medellín Ortiz, oceanólogo de Yucatán y asesor en recursos marinos para diversas instituciones públicas y privadas. “Una lata de 200 gramos de abulón del Pacífico, por ejemplo, puede costar más de 1200 pesos”, detalla el especialista. Según denuncia, mucha de esta actividad ilegal termina permeando en el comercio regular: “Y al ser especies de muy alto valor monetario el impacto es enorme. Por ejemplo, la captura ilegal de abulón se calcula en un 0,5%. Un porcentaje que parece muy bajo pero que, si se contextualiza en valor y beneficios, apenas 30 kilos de abulón en el mercado ilegal se traducen en millones de dólares”.

Tales irregularidades originan otro dilema: que algunos de los alimentos más exquisitos se destinen a países como Estados Unidos, Japón o España cuando en la inmensa mayoría de restaurantes mexicanos se repiten los mismos pescados y mariscos, los que comparten menú con filetes de muy baja calidad provenientes de China. “¡Tenemos una importación de basa y tilapia que da terror!”, advierte el oceanólogo, para quien, si bien existen diversas leyes que regulan la actividad pesquera en México, las acciones para mejorar la situación del sector están lejos de ser suficientes. “Debería haber un mayor refuerzo de los instrumentos existentes, como el registro de Sistema de Información de Pesca y Acuacultura (Sipesca), que actualmente favorece el lavado de mucha (si no es que toda) de la captura ilegal”, alerta.

Ante la inacción gubernamental, organizaciones ambientalistas como Oceana exigen medidas contundentes y mecanismos robustos para detectar si los productos marinos son de procedencia legal, si el pescado que acaba en los platos fue capturado en época de veda o no. Proponen, también, la creación de más redes de refugios pesqueros, espacios naturales que ejerzan como herramientas de manejo de especies gestionados con la participación e incidencia de las organizaciones de la sociedad civil y de los pescadores, los más afectados por la actividad irregular en los mares. Las cifras que estos arrojan resultan un llamado de urgencia a proteger la biodiversidad y gestionar de forma mucho más eficiente los recursos marinos a través de la incorporación de políticas para combatir la sobreexplotación de especies y la pesca ilegal. Una que depreda los bienes del océano y desequilibra los precios justos en el mercado, que atenta contra la soberanía alimentaria y que, en última instancia, ¿acaso no convierte a los mexicanos en consumidores de segunda en su propio país?

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