Las mujeres perseguidas por buscar la verdad entre las fosas de San Fernando: “La PGR desvió toda su maquinaria penal contra nosotras”

La Fiscalía General de la República entregó a cuenta gotas los tomos de investigación sobre la matanza de San Fernando (Tamaulipas). Lo hizo para cumplir con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nueve años después de que las fosas con 196 cuerpos fueran encontradas. Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y la Democracia, iba a recogerlos con paciencia. Un agente del ministerio público le dio una advertencia especial uno de esos días. “Cuidado con lo que encuentren ahí”. Era el tomo 221. Lo que había dentro del expediente de una de las mayores masacres de México, perpetrada por Los Zetas, era una investigación contra tres de las mujeres que más habían luchado por desentrañar la verdad. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) había abierto una causa contra Delgadillo, abogada de las víctimas, contra la periodista Marcela Turati y contra la antropóloga argentina Mecedes Doretti. La indagatoria, por delincuencia organizada y secuestro, le permitió al Gobierno rastrearlas durante meses entre 2015 y 2016. Una causa que ocho años después continúa abierta.

Amnistía Internacional ha presentado este martes el informe Perseguidas: criminalización de las mujeres defensoras de derechos humanos en México en el que exige al Gobierno de México que “detenga cualquier investigación, espionaje o intento de acción penal arbitrario” contra ellas. Delgadillo, Turati y Doretti (por videoconferencia) han estado acompañadas de Carmen Aristegui y del equipo de Amnistía para lanzar el grito de alarma común: ¿cómo puede seguir vigente en la Fiscalía General de la República una persecución contra quienes buscaban dar luz a la masacre?

El 24 de agosto de 2010, una nueva modalidad de horror se desenterró en México. Luis Freddy Lala Pomavilla, de 18 años, inmigrante ecuatoriano, llegó sangrando hasta un retén del ejército en la carretera 101 de Tamaulipas, en la frontera entre México y Estados Unidos. Antes de desfallecer en un hospital, dio el aviso: “Hombres armados nos secuestraron. Los mataron a todos”. Llevó a los militares a un rancho abandonado en San Fernando. Dentro estaba el horror: 72 migrantes tirados en el suelo y asesinados a bocajarro, 58 hombres y 14 mujeres yacían maniatados. Pero no era el fin del terror. En abril de 2011, el Ejército encontró al menos 48 fosas clandestinas en San Fernando, de las que se recuperaron, por lo menos, 196 cuerpos. Las investigaciones atribuyen las masacres a Los Zetas.

A los campos de exterminio llegó Marcela Turati, para ver cómo camiones del Gobierno de Felipe Calderón se llevaban 120 cuerpos delante de familiares desesperados que buscaban una identificación. “Era el operativo para ocultar esos cuerpos. Se los trajeron a Ciudad de México, les hicieron dos o tres cositas, y los volvieron a enterrar. Me tocó ver cómo el Gobierno desaparece a los desaparecidos, cómo los sigue desapareciendo”, ha relatado este martes la periodista. Por su parte, Ana Lorena Delgadillo empezó desde 2012 la representación de las familias de esos migrantes desaparecidos, masacrados a su paso por México. El Equipo Argentino de Antropología Forense fue también aceptado en 2013 como parte del peritaje independiente de la masacre. Mercedes Doretti era su directora y también fue elegida como parte de la Secretaría Técnica forense, junto con la dirección de servicios periciales de FGR, para investigar, identificar y ver la causa de muerte sobre los restos de la masacre.

Las tres continuaron sin cesar su trabajo. Pero en 2015, tras la publicación de unos reportajes de Marcela Turati, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto el caso da una vuelta de tuerca. “Personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR desvió recursos de la investigación de una de las violaciones más graves de derechos humanos para investigar indebidamente y espiar a Ana Lorena, Marcela y Mercedes”, apunta el informe de Amnistía. Era una averiguación por secuestro y delincuencia organizada. La gravedad de las indagaciones le permitió a la PGR solicitar ilegalmente información de telecomunicaciones, establcer a quiénes llamaron y dónde estuvieron, pedir ilegalmente sus datos personales y escritos para analizar sus firmas, y espirar a las defensoras. “Todo sin haber cumplido con las formalidades que exige la ley, destacando la falta de autorización judicial”. Nunca les notificaron de que había una acusación en su contra ni por qué las investigaban.

Las defensoras se enteraron años más tarde. Cuando, por fin, la Fundación consiguió acceso al expediente y leyeron el tomo 221. El impacto fue total. “¿Cómo puedo ser perito a ese nivel en esta investigación y al mismo tiempo estar siendo investigada por crimen organizado en ese mismo expediente? Es algo que me resulta incomprensible”, ha dicho Doretti. “Para mí fue muy fuerte enterarme que soy al mismo tiempo abogada de las víctimas y perseguida por delincuencia organizada y secuestro. La FGR de manera ilegal desvió todo su poder de la maquinaria penal, y todo el poder de la ley, en contra de nosotras tres, cuando solo intentábamos que las familias tuvieran una respuesta”, reflexiona Delgadillo, que apunta al principal punto: “No solamente intervinieron nuestros teléfonos. Nos pusieron en la misma investigación donde tendrían que estar investigando al crimen organizado por la masacre, que hasta la fecha sigue impune”.

Delgadillo y la Fundación para Justicia presentaron una denuncia que, hasta el momento, no ha tenido más avances. Las defensoras interpusieron una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que fue cerrada “sin hacer un análisis detallado y correcto sobre violaciones a derechos humanos, y reabrió la queja solo hasta después de que ellas presentaron un amparo”, recoge Amnistía Internacional.

La criminalización no acabó ahí, porque no acabó. “Uno puede pensar que esto fue parte de una administración anterior y que al llegar una nueva, inmediatamente se hubiera cerrado esa investigación, se hubiera sancionado a los responsables, removido del expediente toda esa información sobre nosotras tres, y también se nos hubieran dado las disculpas correspondientes. Sin embargo, muy por el contrario, no solo no sucedió nada de eso, si no que no hemos recibido ningún apoyo ni explicación por parte de la FGR ni de la administración”, dice Doretti, que lanza directa: “¿Qué se busca con dejar abierta esta causa claramente arbitraria?”.

Amnistía Internacional refiere que a la fecha de publicación del informe todavía “se desconoce si el espionaje e investigación contra ellas continúa”: “Ana Lorena, Marcela y Mercedes permanecen sin acceso a reparaciones por las violaciones de sus derechos humanos y con una amenaza constante de que el uso indebido del sistema de justicia penal continúe investigándolas”. Por esa razón, la organización exige a la actual Fiscalía Llevar a cabo el No Ejercicio de la Acción Penal (NEAP), eliminar toda información confidencial y de datos personales de Ana Lorena, Marcela y Mercedes, suprimir el tomo 221 de la investigación, e investigar a los servidores públicos que estuvieron involucrados en el espionaje contra las defensoras.

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