Tres investigadoras de la masacre de San Fernando denuncian que fueron espiadas por el Gobierno de Peña Nieto

La periodista Marcela Turati, la abogada Ana Lorena Delgadillo y la antropóloga Mercedes Doretti han denunciado este miércoles que hace seis años fueron perseguidas como criminales por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) —ahora Fiscalía General— de Enrique Peña Nieto, mientras indagaban en la matanza de 196 personas halladas en 48 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, en 2011. “Fue una tremenda impresión para nosotras encontrarnos en el mismo tomo en el que están investigando a la delincuencia organizada”, ha expuesto Delgadillo en una conferencia de prensa para dar detalles del caso. Hasta el momento, no hay ningún detenido por el crimen que aterrorizó al norte del país.

Según reveló el martes The Washington Post, las autoridades mexicanas abrieron en secreto una investigación por crimen organizado sobre las tres activistas que intentaban desentrañar lo sucedido en la localidad de San Fernando, en la frontera noreste de México. Las indagatorias de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (antes SIEDO) incluyeron el mapeo de todas las comunicaciones de las mujeres, así como el rastreo de sus llamadas telefónicas y mensajes de texto durante más de un año, de 2015 a 2016, de acuerdo con más de 200 páginas de documentos judiciales revisados por el medio. El lunes por la noche, Delgadillo presentó una demanda exigiendo el cierre de la investigación, según puntualizó el periódico estadounidense.

“Parece que hicieron esto para tratar de encontrar algo y sacarnos del camino. No puedo pensar en ninguna otra explicación”, ha dicho Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia, una ONG que representa desde hace una década a las familias de migrantes desaparecidos y asesinados. Según ha explicado, después de un año de pedir la información sobre las investigaciones de las fosas a las que tenían derecho como abogados de las víctimas, encontraron que un tomo estaba dedicado a investigarla a ella, a Doretti y a Turati “citando como marco de referencia la delincuencia organizada y secuestro” y sin sustento válido. “El ataque no es solo a nosotros, es un ataque a la democracia”, ha enfatizado.

Marcela Turati también ha urgido a la Fiscalía a desistir de la investigación y deslindar responsabilidades. “El asedio y posible espionaje so pretexto de investigaciones contra periodistas y defensoras de derechos humanos tiene que parar”, ha advertido la premiada periodista y directora del grupo de investigación A dónde van los desaparecidos. Por su parte, Mercedes Doretti, cofundadora del prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), ha lamentado que los peritos sean criminalizados “por hacer su trabajo”. “Los forenses somos técnicos, si tenemos una disidencia hacemos una junta. Acá sustituyeron el debate por la criminalización”, ha considerado la antropóloga que tuvo un papel muy destacado en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Organizaciones nacionales e internacionales se han unido al reclamo y han condenado a las autoridades por utilizar las herramientas destinadas a combatir la delincuencia organizada para criminalizar a las defensoras sociales, “en lugar de esclarecer los hechos e investigar a los perpetradores de la masacre”. Según han enfatizado en un pronunciamiento público, “la entonces Seido equiparó el trabajo de Delgadillo, Turati y Doretti con la delincuencia organizada, y las colocó en una condición de riesgo y en un estado de indefensión, pues nunca hizo de su conocimiento que eran investigadas ni hay hechos que justificaran las pesquisas”.

La investigación secreta donde las defensoras fueron señaladas como sospechosas ocurrió durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) cuando la fundación de Delgadillo y la EAAF participaron con la Procuraduría General de la República en los casos más sonados de masacres ocurridas recientemente en México.

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