La salida de Encinas deja huérfana la política de derechos humanos de López Obrador

Lejana en el calendario, la temporada electoral de 2024 aprieta las agendas de los funcionarios en México. Muchos han dejado su cargo estos meses, con vistas a la contienda. La precampaña empieza a mediados de noviembre y los candidatos se rodean de rostros e ideas. El último en salir del Gobierno ha sido Alejandro Encinas, que se ha comprometido a ayudar a Claudia Sheinbaum y a Morena, en la batalla por la presidencia y el Congreso.

Subsecretario de Derechos Humanos estos años, Encinas sale del Ejecutivo con la tarea a medio hacer. No es que fuera fácil. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, le encargó la custodia de dos comisiones de la verdad, Ayotzinapa y Guerra Sucia. Además, le pidió que pusiera orden en el desastre forense que asolaba al país, y que echara a rodar la Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas. Antes del actual sexenio, México ignoraba siquiera cuántos desaparecidos faltaban en todo el país.

A casi cuatro años de la encomienda, los resultados no son del todo buenos. Tampoco malos. Pero más allá de las calificaciones, imperan las dudas sobre su salida. Encinas ha sido criticado estos años con dureza. Sus errores en la confección del primer informe de la comisión del caso Ayotzinapa y la salida forzada de la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, encabezan los motivos. También ha sufrido fuego amigo. El Ejército espió el teléfono del funcionario y el mismo López Obrador criticó veladamente a su viejo colaborador, valedor, a su entender, de saboteadores que se instalaron en posiciones de Gobierno.

Por una cosa o por la otra, Encinas ha dicho basta. Quizá una mezcla de las dos, situación que difícilmente aclarará, dada su lealtad al mandatario. El espacio de maniobra del funcionario se había achicado con el paso del tiempo, arrinconado por la lógica maniquea y absoluta del presidente, donde abundan los buenos y los malos. Su última acción como subsecretario ha sido un pequeño guiño a los que aún confiaban en él, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, con la entrega de documentos de inteligencia militar y un mensaje inquisitivo al Ejército: faltan por entregar documentos importantes. Pero se ha quedado en eso, en guiño.

Golpeado, increpado por uno y otro lado, Encinas deja las aguas amargas del Gobierno y viaja al terreno de eterna esperanza, promesas y sueños de las campañas electorales. Un joven funcionario del equipo de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, le sustituye en estos últimos 11 meses de Gobierno. Se trata de Arturo Medina, que jugó el papel de Encinas, subsecretario de Gobierno, cuando Rodríguez era secretaria del ramo, en Ciudad de México. Los retos son mayúsculos, quizá no tanto las expectativas.

Aciertos, errores y fiascos

El balance de los años de Encinas es una mezcla de blancos y negros. De grises. La comisión de la Guerra Sucia presentó su primer informe de resultados hace una semana. Encinas destacó el trabajo de recogida de información de los mecanismos que integran la comisión, con cientos de entrevistas, los avances en materia forense del panteón Dolores, en la capital, donde los especialistas señalan que podrían yacer cuerpos de represaliados del siglo pasado, y así una serie de avances, celebrados por supervivientes y familiares.

El trabajo en materia forense de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración ha sido importante. A mediados del año pasado, el Gobierno anunció la puesta en marcha del Centro Nacional de Identificación Humana, un organismo dependiente de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), con la misión de identificar los más de 50.000 restos de personas desaparecidas que se cuentan en el país. El reto ahora es que el centro opere de verdad y no se convierta en uno de esos anuncios huecos, tan apetitosos para la clase política.

La existencia de la misma CNB es un logro importante del Gobierno. Hasta la llegada de López Obrador, México ignoraba cuántos desaparecidos había. Ahora existe un registro que, aunque imperfecto, permite hacerse una idea del tamaño del problema, más de 110.000 personas desaparecidas. Esas imperfecciones provocaron, precisamente, la salida de Quintana. La investigadora puso en pie el registro y peleó por la creación y buen funcionamiento de las comisiones estatales. Pero el Gobierno empezó a mirar con malos ojos el número creciente de personas desaparecidas que, pese a trascender a su mandato —muchos venían de años antes—, podía afectar su perspectiva electoral.

Al final, Quintana salió, en medio de la discusión por los números. López Obrador quería que se realizara un censo sobre el registro de desaparecidos, ante la posibilidad de que hubiera entradas repetidas y demás irregularidades, normales, por otro lado, en una cuenta de más de 100.000 personas. Pero lo cierto es que Quintana, que se sentía arrinconada desde hacía meses, acabó por salir. Muchos leyeron que Encinas la dejó caer.

Pero fue quizá en el marco del caso Ayotzinapa, donde Encinas cometió sus errores más grandes. El mayor fue la inclusión, en el primer informe de la comisión de la verdad, presentado en agosto de 2022, de una serie de fotografías de pantallas de celular, donde aparecían mensajes supuestamente intercambiados por la red criminal que atacó a los estudiantes, Guerreros Unidos, y sus aliados institucionales. Peritajes independientes desecharon las imágenes porque era imposible saber si lo que reflejaban era real o un vil montaje. Aun así, Encinas insistió y señaló, por ejemplo, que un general del Ejército había ordenado matar a un grupo de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Un fiasco.

El segundo error ha sido su ambigüedad en las exigencias a la Secretaría de la Defensa, o su exceso de lealtad al presidente. Desde 2021, el grupo de investigadores que la CIDH comandó a México, el GIEI, y las familias de los 43 insisten en la entrega de más de 800 documentos militares que contendrían intercambios de mensajes de Guerreros Unidos y sus aliados. En la época del ataque, el Ejército tenía intervenidos una buena cantidad de teléfonos vinculados al grupo. En algunos intercambios conocidos, hallados por los investigadores en archivos militares, criminales hablan del destino de varios de los estudiantes. Para las familias es capital conocer qué dicen los documentos faltantes.

Ante ello, Encinas ha sido tibio. Quizá no había opción. Durante el último aniversario del caso, en septiembre, y el tira y afloja de las familias y el Gobierno a cuenta de estos documentos, Encinas calló. Mientras López Obrador aseguraba que no había más documentos que los entregados, mientras ignoraba los argumentos que aportaban el GIEI y las familias, mientras atacaba al mismo grupo de investigadores y a los asesores de las familias, Encinas no dijo una palabra. Político veterano, tenía un as guardado. Dos días antes de irse, divulgó un nuevo informe con 18 documentos de espionaje castrense, señalando que debe haber más en archivos militares. Como si no hubiera pasado nada antes.

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