La justicia ordena al Ejército que no destruya documentos del ‘caso Ayotzinapa’

Arrecia la batalla por los documentos de espionaje del Ejército sobre el caso Ayotzinapa. Los grupos de investigadores han señalado estos años un paquete de comunicaciones interceptadas a la red criminal que atacó a los estudiantes, en 2014, como información clave para avanzar en las pesquisas. El Ejército ha negado siempre su existencia, a pesar de las pruebas presentadas que muestran lo contrario. Ahora, la justicia, enterada de las preocupaciones de las familias de los 43 normalistas desaparecidos sobre el destino de la información, trata de evitar daños definitivos.

Este fin de semana, un tribunal federal ha ordenado a la Secretaría de la Defensa (Sedena), que no destruya documento alguno que tenga que ver con el caso Ayotzinapa. Así lo ha informado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro este domingo. El Centro Pro ha defendido los intereses de las familias de los 43 desde el ataque y la desaparición de los muchachos, en Iguala, en el Estado de Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014. En teoría, la orden del tribunal pone un freno al ocultamiento castrense, situación que ha denunciado insistentemente estos meses uno de los equipos de investigadores, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), comisionado a México por la CIDH.

Aún no se cumplen dos meses del último informe del GIEI, el sexto desde 2015, el último antes de anunciar su salida definitiva de México, tras más de ocho años de pesquisas. En la última entrega, los expertos, Carlos Beristain y Ángela Buitrago, dedicaron buena parte del espacio a criticar las resistencias de la Sedena a entregar entre 80 y 90 documentos que, explicaron, recogen intercepciones de comunicaciones de la red criminal de Guerreros Unidos, grupo que orquestó el ataque y la desaparición de los 43. La opacidad del Ejército motivó, entre otras cosas, la salida definitiva del grupo.

No son documentos cualquiera los que ha pedido el GIEI. Hace poco menos de dos años, otro de los grupos de investigadores, la Comisión presidencial de la verdad para el caso, Covaj, parte de la Secretaría de Gobernación, publicó dos de esos documentos, los únicos conocidos hasta ahora, que al parecer encontraron aleatoriamente, mientras buscaban en archivos castrenses. Los documentos recogían conversaciones de integrantes de la red criminal de Iguala, una el día de los hechos, el 26 de septiembre, y otra del 4 de octubre.

El primero muestra un intercambio de mensajes entre un comandante de la policía de Iguala, ejecutores de la primera parte del ataque, y un alto mando de Guerreros Unidos, sobre el destino de un grupo de 17 de estudiantes, supuestamente parte de los 43 desaparecidos. El policía señala que tiene a los 17 “en la cueva” y el otro le ofrece unas “camas para aterrizarlos”, esto es, unas fosas.

El segundo ilumina un diálogo entre el jefe de Guerreros Unidos en el pueblo vecino de Huitzuco y un policía del municipio cercano de Tepecoacuilco. Ya han pasado varios días desde el ataque y el escándalo es mayúsculo. El Gobierno federal está por asumir las investigaciones y en Guerrero, los criminales se esconden y disimulan. Las autoridades han encontrado una red de fosas cerca de Iguala, en Pueblo Viejo. El criminal se lo dice al policía y señala que esas fosas son, al parecer, del alto mando de Guerreros Unidos, que aparece en la conversación anterior. El policía contesta: “Ayer te comenté que le pedían línea al Gil. Querían que les soltara aunque sea a 10 como estuvieran, para calmar un poco”.

Las dos intercepciones muestran diálogos sobre el destino de los estudiantes, primero, durante el ataque, y luego, en días posteriores. Su lectura ayuda a comprender por qué el resto de documentos de este tipo resulta fundamental para ayudar a resolver el caso. Aunque el Ejército siempre ha señalado que ha entregado toda la documentación requerida, asunto en el que ha insistido varias veces el mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, el GIEI ha contestado que esto es falso. En julio aportó decenas de pruebas que probaban su existencia.

Permanecen, por tanto, en la sombra, los motivos del ocultamiento. El GIEI ha denunciado incluso que ha habido mandos al interior del Ejército que han movido los documentos de sitio, dentro del enorme y deslocalizado archivo castrense, para evitar que los equipos de investigación, los expertos, la Covaj, y la unidad especial de la Fiscalía para el caso, la UEILCA, los encuentren. La cuestión es por qué.

El uso de software de espionaje por parte de la Sedena podría ser uno de los motivos, situación incómoda para la dependencia por la cantidad de requisitos legales que se habría saltado para usarlo. Pero la divulgación de dos de esos documentos en 2021 por parte de la Covaj son prueba suficiente de que lo hacía. Entonces, ¿por qué no soltar el resto si ya hay pruebas de que Sedena usaba programas informáticos para espiar civiles?

Otra explicación apunta a la implicación castrense en las actividades de Guerreros Unidos, situación novedosa estos años, que ha llevado a una veintena de militares a prisión, entre ellos dos generales, comandantes en la época de los cuarteles que funcionaban el Iguala. Una de las pruebas más importantes que ha conseguido la UEILCA estos años son las intercepciones de comunicaciones de Guerreros Unidos que hizo la DEA en 2014. En ellas hay múltiples señalamientos de la complicidad del grupo criminal con los militares. Así, la resistencia de Sedena a entregar información obedecería a la lógica de tapar sus propias vergüenzas.

Por todo lo anterior, la orden del tribunal federal al Ejército de no destruir documento alguno responde a los requerimientos estos años del GIEI y a las sospechas de la UEILCA sobre el comportamiento de los militares en la época. A poco más de un año para que concluya el actual Gobierno, las posibilidades de que el caso Ayotzinapa quede resuelto pasa, entre otras cosas, por la ubicación de estos documentos.

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