Uno de los generales de Ayotzinapa, acusado de colaborar con el narco, sale de prisión

El general Rafael Hernández ha salido de la prisión militar. Comandante de uno de los dos batallones de Iguala, en el Estado de Guerrero, en la época del ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en 2014, la Fiscalía General de la República (FGR) le acusa de delincuencia organizada. Detenido en julio, enviado a prisión de manera preventiva, la juez ha estimado ahora que Hernández siga su proceso en libertad. El general es parte de un grupo de al menos 16 militares implicados en el caso.

El cambio en la medida cautelar sorprende y agarra a las partes a contramano. A lo largo del último año, una de las exigencias de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, de sus abogados, y de la mayoría de los grupos de investigadores que siguen el proceso, era que los militares implicados enfrentaran el peso de la justicia. De los 16 señalados, las dos figuras más importantes son dos generales, el propio Hernández, y José Rodríguez, responsable del otro batallón que funcionaba en Iguala, en septiembre de 2014, cuando ocurrió el ataque.

La liberación de Hernández no afecta al proceso. La unidad especial de la FGR para el caso, la UEILCA, sigue señalando su cercanía con el grupo criminal Guerreros Unidos, núcleo de la red criminal de Iguala en la época. La decisión manda, sin embargo, un mensaje un tanto extraño a las familias de los 43, sus abogados y la misma sociedad. Mientras que otros acusados, caso del exprocurador Jesús Murillo Karam, primer encargado de las pesquisas, han visto fracasar sus intentos de salir de prisión, para seguir sus procesos en libertad, Hernández lo ha conseguido sin demasiados problemas. Y en muy poco tiempo.

El general promovió un juicio de amparo poco después de su detención, para que se suspendiera la prisión preventiva en su contra. El 7 de agosto, el juez de amapro accedió y pidió a su colega encargado del proceso contra Hernández que revisara la situación. Este último solicitó una evaluación del riesgo de fuga del general el 18 de agosto, evaluación que la Guardia Nacional entregó al día siguiente, después de una entrevista con el mando militar. Todo en algo más de un mes.

La salida de Hernández de prisión aviva la preocupación de las familias de los 43 y sus abogados por el poder creciente del Ejército en México y sus efectos para el caso Ayotzinapa. Hace un mes, uno de los equipos de investigadores, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), anunció su retiro definitivo del caso, criticando con dureza los sabotajes y la falta de colaboración del Ejército con las pesquisas. El GIEI señalaba que la Secretaría de la Defensa ha obviado peticiones reiteradas para entregar documentos concretos, que recogen comunicaciones de la red criminal de Iguala en la época.

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