López Obrador, a las familias de los 43: “Yo no soy Peña Nieto, yo no encubro”

El Gobierno acelera políticamente las pesquisas del caso Ayotzinapa, en un intento de cerrar la investigación con cierta dignidad. Los resultados de los últimos meses han sido escasos, más allá de avances mínimos en los procesos contra algunos detenidos. Desde Palacio Nacional se insiste mientras tanto en priorizar las búsquedas. Como dijo esta semana el presidente, Andrés Manuel López Obrador, lo más importante es dar con el paradero de los muchachos. Ahora mismo, el hallazgo de restos de los 43 sería lo único que podría cambiar una situación adversa para el mandatario, enfrentado a las familias de los estudiantes.

Este miércoles, López Obrador recibió a las familias de los normalistas desaparecidos para tratar de acercar posturas. Un puñado de documentos de espionaje militar, claves a entender de las familias para avanzar en el caso, han provocado una distancia con el presidente, que ahora mismo parece insalvable. EL PAÍS ha podido reconstruir el tono y el contenido de esta reunión, gracias a personas que estuvieron presentes. Fue un encuentro a ratos ríspido, que a punto estuvo de saltar por los aires, cuando las familias insistieron en la entrega de estos documentos. “¡Yo no soy Peña Nieto!”, llegó a exclamar el mandatario, “yo no encubro”.

La ronda de reuniones empezó el martes. Las familias de los 43 acudieron a una junta con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y encargado de la comisión presidencial para el caso Ayotzinapa, uno de los equipos que investiga actualmente el asunto. En la junta, Encinas dedicó varias horas a explicar el contenido del segundo informe de la comisión. “Es un trabajo más profesional que hace un buen recuento de todo lo que ha sido el proceso, incluyendo los hechos y la parte de la verdad histórica”, dice una de las personas presentes.

Encinas dejó de lado la parte más polémica del primer informe, el paquete de más de 400 mensajes que integrantes de la red criminal de Iguala, lugar del ataque, intercambiaron supuestamente durante y después de la embestida, entre el 26 de septiembre de 2014 y los días y semanas posteriores. Los mensajes, fotografías en realidad de las pantallas de los celulares donde supuestamente se recibieron, dibujaban el destino final de los normalistas. En uno de los casos, por ejemplo, se señalaba que el comandante de uno de los dos batallones del Ejército de Iguala en la época, José Rodríguez, había ordenado matar a un grupo de los 43, cautivos durante días desde el ataque.

La imposibilidad de comprobar la veracidad de los mensajes forzó a la comisión a desecharlos. Encinas y su equipo, igual que el grupo de expertos independientes que investigó el caso hasta julio pasado, el GIEI, han criticado siempre la maniobra masiva de ocultación del Gobierno anterior, dirigido por Enrique Peña Nieto (2012-2018). El intento de la vieja Fiscalía, comandado por Jesús Murillo Karam, actualmente en la cárcel, y su mano derecha sobre el terreno, Tomás Zerón, de cerrar el caso rápido, provocaron un daño a las pesquisas difícil de reparar. Hasta el punto de que hoy en día se ignora todavía lo ocurrido durante buena parte del ataque.

La teoría de la comisión a estas alturas, señaló Encinas en la reunión, es que el grupo criminal Guerreros Unidos, apoyados en la acción de policías municipales de Iguala y otros municipios, y la acción u omisión de otros cuerpos de seguridad, como la Fiscalía del Estado, la Policía Federal, o el Ejército, separó a los 43 estudiantes desaparecidos en grupos y escondió sus cadáveres en diferentes puntos de la geografía del centro del Estado de Guerrero. La cuestión es dónde y si los criminales, visto el escándalo generado entonces, cambiaron los restos de sitio una o más veces.

Las familias escucharon con atención y mencionaron al final su gran interés, prácticamente ausente del informe, por los documentos que recogen el espionaje del Ejército en la época, a Guerreros Unidos y aliados. Para ellos, este punto es clave. Hasta el momento se conocen dos de esos documentos, que recogen conversaciones de criminales y autoridades, en las que mencionan el posible destino de los estudiantes. Por las pesquisas del GIEI, las familias asumen que hay más documentos por el estilo y que el espionaje debía, por fuerza, ser continuado, no algo circunstancial, que de casualidad topó con estos intercambios de mensajes.

A este reclamo, Encinas, que habita posturas distintas sobre el Ejército de las que maneja López Obrador, dio la razón a las familias. Entendió que ese era el punto y se mostró empático. El entendimiento del presidente de la comisión a este reclamo no ha surtido efecto de momento en López Obrador.

La reunión con el presidente

El miércoles, las familias llegaron a Palacio Nacional. Encinas presentó de nuevo el informe, aunque de manera más breve. Más tarde tomó la palabra el fiscal especial para el caso, Rosendo Gómez Piedra, que habló brevemente del estado de algunas de las acusaciones en las que han estado trabajando últimamente. Ahí, la crítica de los padres apuntó al caso del general Rafael Hernández. Comandante entonces del otro batallón que funcionaba en Iguala, la Fiscalía acusa a Hernández de delincuencia organizada por su presunta colaboración con Guerreros Unidos.

Las familias criticaban que el general ha logrado que el juez cambie la medida cautelar en su contra. Hernández vivirá el proceso en libertad, gracias a un informe de la Guardia Nacional, que señalaba que no hay riesgo de que se fugue. El juez mandó al general a casa. Las familias critican esta decisión y pidieron cuentas a Gómez Piedra, con el miedo, además, que el resto de militares relacionados con el caso, una quincena, entre ellos el general José Rodríguez, obtengan beneficios parecidos.

La situación empezó a ponerse tensa cuando las familias tomaron la palabra y exigieron al presidente que el Ejército entregue los documentos solicitados. Como dijo el jueves en rueda de prensa, López Obrador señaló que ya se había entregado todo y sugirió que detrás de esta idea de que la Secretaría de la Defensa oculta información podía haber un interés de manipularlos.

Las familias se enfadaron. El presidente les pidió que leyeran con atención la información que les habían dado, en referencia al informe de Encinas, y las familias contestaron que ellos leían, que no se dejaban manipular. La reunión fue subiendo de tono, hasta el punto de que López Obrador, cuidadoso siempre con sus críticas al PRI, exclamó que él no era Peña Nieto y no encubría a nadie. Los padres y madres de los 43 contestaron que él no encubría, pero el Ejército sí.

No había margen de mejora. Las familias sacaron entones un documento que resume sus peticiones sobre los documentos, los “cerfis”, como les llaman ellos, en referencia al Centro Regional de Fusión de Inteligencia, región centro, que funcionaba en la época en Iguala. Los documentos son parte de la burocracia generada por este organismo entonces. A López Obrador no le gustó que las madres y padres quisieran convertir la reunión en un intercambio de oficios y señaló, airado, que al día siguiente les contestaría por escrito.

La mediación de otras personas presentes consiguió que los ánimos se calmaran. Fue entonces cuando el presidente propuso que volvieran el lunes. El propio Encinas, junto a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, la de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el fiscal Gómez Piedra, les recibirían. El plan es ganar tiempo, aunque no está claro para qué. Las familias manejan un listado muy claro de los documentos que faltan. El presidente ha dicho que se va a revisar todo, pero señala, a la vez, que se ha entregado todo. La reunión del lunes marcará el futuro de la relación y del caso.

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