Una nueva purga en la Fiscalía del ‘caso Ayotzinapa’ tensa las investigaciones ante el noveno aniversario del ataque

El cese de los fiscales y funcionarios que han encabezado uno de los dos equipos de la unidad especial de la Fiscalía General de la República (FGR) para el caso Ayotzinapa cierra un capítulo en las investigaciones. A cargo de los procesos contra los viejos jefes de la agencia investigadora durante los años de Enrique Peña Nieto (2012-2018), caso de Tomás Zerón, Jesús Murillo o Gualberto Ramírez, el equipo, encabezado por Gonzalo Cartas, era el remanente de una época denostada. Su trabajo empezó en junio de 2019, cuando nació la unidad especial. Aguantaron tras la dimisión de su jefe, Omar Gómez Trejo, en septiembre pasado. Ahora, su sucesor, Rosendo Gómez Piedra, les ha dado la puntilla.

Cartas sale al mismo tiempo que la encargada del área de análisis de contexto, Elena Jaloma, trabajo importante en la parte de las investigaciones que se integran en el nuevo sistema de justicia. El longevo caso Ayotzinapa comprende investigaciones antiguas, que datan de hace más de ocho años, regidas por normas pretéritas, y pesquisas nuevas, como las de Zerón y Murillo, o una más reciente, la del alto cargo de los servicios de inteligencia, Ignacio Mendoza. En los casos del nuevo sistema, los análisis de contexto son básicos en el desarrollo de las pesquisas.

Además de ellos dos, Gómez Piedra ha decidido prescindir de tres trabajadoras de la unidad de análisis de contexto y de una oficial ministerial que trabajaba junto a ellos. Sin el equipo de Cartas, todos los funcionarios de peso en la unidad de la FGR para el caso, la UEILCA, tienen apenas un año de antigüedad en las pesquisas. Todos llegaron con el tabasqueño Gómez Piedra en septiembre pasado. Gómez Piedra es cercano al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Los tres coincidieron en los años del mandatario al frente del Gobierno de Ciudad de México

Con estos ceses, el Estado mexicano nacionaliza en la práctica las investigaciones por el caso Ayotzinapa. López Obrador señaló su resolución como una prioridad a principios de sexenio. Entonces, las pesquisas aparecían como el esfuerzo conjunto de tres equipos, la comisión presidencial, COVAJ, encargada al subsecretario Encinas, la UEILCA, liderada por Gómez Trejo, y el GIEI, el grupo de expertos comisionado a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

De los tres grupos, el único independiente, el GIEI, ya no existe. Después de un año turbulento, marcado por la salida de dos de sus cuatro integrantes, y por las denuncias constantes sobre la opacidad de las autoridades, el GIEI dijo adiós en julio, criticando, la resistencia del Ejército a entregar documentos sobre el caso. Quedan los otros dos, uno parte del Gobierno y otro del Estado. La COVAJ, parte del Ejecutivo, ha sido errática estos años. En 2022, presentó un informe con datos inverificables, que provocó las críticas del GIEI y la salida de dos de sus integrantes.

El caso de la UEILCA es algo distinto. Su primer titular, Omar Gómez Trejo, trabajo con el GIEI durante su primera etapa en México, en los años de Peña Nieto. Los trabajos fueron difíciles entonces, dada la nula cooperación de la vieja fiscalía. Ya con López Obrador, la presencia de Gómez Trejo en la FGR daba tranquilidad a las familias. El hallazgo de restos de dos de los 43 estudiantes desaparecidos en un paraje cercano a Iguala, lugar del ataque, legitimó sus esfuerzos y los de su equipo. Su salida, forzada por las presiones del fiscal general, Alejandro Gertz, para que acelerase las investigaciones, acabó con Gómez Piedra en su puesto.

De esta manera, no existe ahora mismo supervisión externa a los trabajos del Estado en el caso. A días de que se cumpla el noveno aniversario del ataque, se ignora los avances del último año, más allá de la reactivación de un puñado de órdenes de detención, pedidas en su día por Gómez Trejo, canceladas por otra unidad de la FGR, en el tira y afloja con el fiscal Gertz. Preocupa la falta de supervisión por la falta de herramientas de las familias y sus abogados para determinar la fortaleza de las pruebas y los relatos que presenten ahora la COVAJ y la nueva UEILCA, situación que debería darse en los próximos días.

Las familias de los estudiantes y sus abogados se han reunido este miércoles con el presidente en Palacio Nacional, junta que no ocurría desde hacía casi un año. Entonces, las familias mostraron su preocupación por lo acontecido en los meses previos, las presiones de Gertz, la salida de Gómez Trejo, el informe fallido de la COVAJ, la inminente fractura en el GIEI... La respuesta de López Obrador fue negar presión alguna y refrendar su compromiso con el caso. Este miércoles, en su conferencia de prensa mañanera, el mandatario ha insistido en lo mismo, centrando sus críticas en oenegés y organismos como la ONU o la OEA -paraguas de la CIDH y del GIEI. “Estos pseudodefensores de derechos humanos se han dedicado a medrar con el dolor de la gente. Ellos viven muy bien, ganan mucho dinero y tienen un pensamiento muy conservador”, ha dicho.

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