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Las amenazas a los encuestadores: vuelos en avioneta y pactos para entrar en zona de carteles

El trágico secuestro de tres personas y el asesinato de dos de ellas en Chiapas son la punta de un ‘iceberg’ de inseguridad que las personas que hacen sondeos sufren desde hace años

Un memorial improvisado en Ajalpan (Estado de Puebla), luego del linchamiento de dos encuestadores, en 2015.
Un memorial improvisado en Ajalpan (Estado de Puebla), luego del linchamiento de dos encuestadores, en 2015.Marco Ugarte (AP)
Jorge Vaquero Simancas

La noche del sábado 30 de septiembre Christian Landa Sánchez, José Luis Jiménez y Adrián Cid estaban en un hotel de la ciudad de Juárez, en el Estado de Chiapas, tras un día repleto de preguntas a sus habitantes para conocer las preferencias de voto en la región. De repente, llegó un grupo de personas que los sacaron de su habitación a punta de pistola. Al día siguiente, a 60 kilómetros de donde se hospedaban, los habitantes de Chontalpa (Tabasco) encontraron los cuerpos sin vida de Landa y Jiménez. Cid sigue desaparecido. La tragedia de los tres encuestadores de Morena ocurre tras años de amenazas para un gremio que tiene que negociar con los carteles para poder entrar en sus zonas.

Rodrigo Galván de las Heras, director general de la encuestadora Demotecnia, el fin de semana de la catástrofe no tenía a ningún empleado en Chiapas. Entre los días 6 y 8 de septiembre, 15 personas viajaron de Ciudad de México a Chiapas para formar un equipo de 120 personas que preguntaron casa por casa. Lo peor es que la violencia le puede tocar a personas que trabajan durante tres días para ganarse unos pesos. “Tal vez sea el oficio con mayor rotación del mundo. Nadie vive de ser encuestador”, explica Galván.

Un total de 72.400 personas trabajaron como encuestadores solo en el segundo trimestre de 2023, un 305% más que en el primero, según la Secretaría de Economía. Una cifra que irá en aumento por las inminentes elecciones de 2024, las más grandes de la historia, según el Instituto Nacional Electoral (INE). Los comicios definirán al nuevo presidente de México, una nueva Cámara de Diputados, la formación del Senado, a nueve gobernadores (entre ellos, el de Chiapas) y muchas alcaldías del país. Casi 20.000 cargos que serán vaticinados, en primera instancia, gracias a un ejército de encuestadores. Una profesión de riesgo si tenemos en cuenta que la violencia política aumento un 174% en los últimos comicios de 2023, según del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Los encuestadores de Morena Christian Landa Sánchez, José Luis Jiménez y Adrián Cid Pérez, en imágenes compartidas en redes sociales.
Los encuestadores de Morena Christian Landa Sánchez, José Luis Jiménez y Adrián Cid Pérez, en imágenes compartidas en redes sociales.

El secuestro de tres encuestadores en Chiapas destapa años de inseguridad sobre los profesionales de los sondeos. El peligro se remonta a la campaña de la que salió elegido el priista Enrique Peña Nieto, rememora el reputado presidente de la consultora Mitofsky, Roy Campos: “No es nuevo, tenemos 15 años muy difíciles. 2011 fue complicadísimo. Hemos tenido muertos, secuestrados. Antes las zonas violentas estaban muy ubicadas en Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa. Y ahora no hay ningún Estado donde no tengamos cuidado”.

Antes de los asesinatos del pasado fin de semana, las noticias sobre violencia directa contra encuestadores escaseaban. En 2020, Mauricio Marín Santiago fue baleado en Juchitán, en el Estado de Oaxaca, mientras hacía el censo para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Logró sobrevivir. Diez días después, asaltaron a cuatro de sus compañeros en la misma localidad. Es lo único que se encuentra en el archivo, junto a una paliza mortal a dos encuestadores en Puebla a los que confundieron con secuestradores.

Aun así, Demotecnia explica que sus trabajadores sufren algún problema cada fin de semana. “La seguridad es lo que más nos ocupa”, explica su director. Los culpables de la inestabilidad son los grupos criminales. “Hay lugares donde nosotros tenemos una suerte de amnistía”, dice Gálvez sobre ciertas regiones controladas por carteles. Algunos de sus empleados tienen que negociar directamente con ellos. “Llegan los malosos y les dicen ‘Aquí tú puedes trabajar, pero no te puedes mover de aquí a acá’”. Es peor aún cuando te obligan a viajar por el aire, según Gálvez: “Hay otros puntos en donde ellos mismos te llevan en una avioneta y te cruzan a lugares donde no podemos entrar por seguridad”.

El presidente de Mitofsky admite esas negociaciones con los carteles, y entrar en sus zonas muchas veces significa para los encuestadores “pasar una revisión de celulares” para que los miembros criminales puedan verificar que no son agentes del Gobierno. Sin embargo, los dos directores nunca han tenido que pagar para entrar en determinadas áreas, como sí ha hecho el Inegi.

Los lugares donde los encuestadores tienen que negociar con los carteles varían dependiendo de los conflictos entre ellos. Chiapas antes era segura. En este Estado, la situación ha cambiado desde que el Cartel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa luchan por ciertas demarcaciones como la frontera con Guatemala o el límite con la región de Tabasco. Otros puntos del país, como la sierra Apatzingán, en Michoacán, o las tierras rurales de Guerrero, son casi inaccesibles para los encuestadores. También el Estado de Veracruz o la parte sur de Sonora.

Omar García Harfuch
Una casa de campaña en Nahuetzen (Estado de Michoacán), saqueada en la víspera de las elecciones de 2018.Juan José Estrada Serafín (Cuartoscuro)

El principal método para garantizar la seguridad de los encuestadores es la comunicación entre ellos. “Si tenemos un lugar donde alguno de nuestro equipo de trabajo fue molestado, secuestrado o percibieron peligro, inmediatamente lo comunicamos a todos diciendo ‘tengan cuidado en esta zona’”, explica Campos. En su empresa las reglas son claras, si el encuestador detecta un ambiente complicado, se comunica con la dirección y se va de ahí.

Gálvez tiene el nombre de todos sus encuestadores que van a hacer una campaña en un sitio determinado por si miembros de un cartel le llaman y preguntan: “Oye, ¿conoces a Juan Pérez?”. Si dice que no, puede que lo retengan. Si dice que sí, puede seguir su camino. También hay reglas básicas del gremio. Ir siembre con vestimenta que los identifique como encuestadores y, en los coches, con vinilos que pongan “auto encuestador”.

La principal consecuencia de la inseguridad, para Campos, es que muchas ciudades y pueblos se quedarán sin sondeos sobre sus alcaldes. Para las elecciones estatales o federales, será más fácil. Solo habrá que dejar sin encuestas ciertos municipios. “No es lo mismo dejar de preguntar en el 3% del Estado, que en el 50%, en términos poblacionales”, manifiesta el director de Mitofsky.

Una posibilidad que planteó Mario Delgado, presidente nacional de Morena, tras el fatal secuestro y muerte de los encuestadores en Chiapas, es hacer encuestas telefónicas en zonas calientes. Para los dirigentes de Mitofsky y Demotecnia esto es imposible. Campos explica que él no cree en las encuestas telefónicas porque la “cobertura telefónica no llega muchas partes de México”. Galván añade que a la falta de señal se le suma la migración: “Hay muchas personas que tienen teléfono de Chiapas, que tú les llamas para hacer una encuesta allí, pero viven en la Ciudad de México hace 30 años”

Por eso, ambas encuestadoras desplegarán a miles de personas que irán casa por casa de cara a las elecciones de 2024. En Chiapas, donde ocurrió el asesinato de dos de ellos, Demotecnia dejará de levantar sondeos en tres o cuatro municipios. “Tal vez Frontera Comalapa, Juárez, Ocosingo. Ahí no se puede”, explica Gálvez. Pero todo puede cambiar, según Campos, en todo el país: “Nosotros sabemos que es un tema muy dinámico. Lugares que hoy pueden ser tranquilos, mañana se pueden calentar”.

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