El Inegi paga “cifras pequeñas” para entrar a zonas controladas por el crimen organizado y poder realizar sus encuestas

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el gran órgano encuestador del vasto y complicado territorio mexicano, ha revelado que, en ocasiones, sus trabajadores tienen que pagar por entrar a zonas controladas por las organizaciones del crimen organizado. Susana Patricia Pérez, directora adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios, también ha confesado, durante una comparecencia este viernes ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que uno de sus trabajadores fue secuestrado brevemente. La actitud con la que la funcionaria ha comentado el asunto, sin darle demasiada importancia, revela la normalización de la violencia que se vive en algunas partes de México, prácticamente dominadas por los grupos del narcotráfico.

La conversación versaba sobre los peligros de conseguir los datos para un informe como el Censo Económico y Agropecuario, cuyo objetivo es recabar datos sobre el volumen en todos los rincones del país sobre agricultura, minería, construcción, comercio y ganadería, entre otros. “Hay muy diversas estrategias”, empieza la funcionaria, en referencia a lo que tienen que hacer para conseguir entrar a esas zonas más peligrosas. “En algunos casos, pagar para entrar, pagar cifras pequeñas, pero pagar”, asegura Pérez frente a la Comisión de Presupuesto. Luego habla del secuestro: “Si tuvimos algunos tropiezos, algunos eventos. El primer día sí tuvimos a una persona como secuestrada, que duró unos días, pero después ya no tuvimos más”.

Y así sigue su declaración, sin mayor alteración de los presentes ante sus palabras. Tras el escándalo posterior que han originado sus palabras, el Inegi ha emitido un comunicado en el que informan sobre las medidas de seguridad que ponen en marcha cada vez que sus empleados salen a realizar una encuesta. Para el Censo Agropecuario 2022, la institución contrato a 28.762 personas como colaboradores a los que entrenan para enfrentar incidencias de tipo medioambiental, social, de inseguridad y accidentes, informan. Durante el trabajo de campo sufrieron cuatro incidentes en los que los criminales no les impidieron el tránsito a las zonas requeridas.

Para evitar roces con las comunidades donde realizan las encuestas, el Inegi busca contratar a personal local que conozca la región y sea conocida de la gente de la región. Una de estas trabajadoras, que trabaja en una zona conflictiva en el Estado de Zacatecas, conversa con EL PAÍS en condición de anonimato y se muestra extrañada por la noticia. “No tiene sentido. Jamás se ha pagado por entrar en una zona y cuando no hay forma de entrar, se pone código rojo y eso queda registrado en el Inegi”, asegura esta trabajadora a través de un mensaje de texto.

La colaboradora del Inegi cuenta que hay días en los que se juega el tipo como la que más. Ella y un compañero suyo se han visto envueltos en balaceras cuando estaban llevando a cabo la encuesta en alguna casa de un pueblo donde diferentes grupos criminales se están disputando el territorio. “Ellos conocen a toda la gente que va de un lado a otro”, dice, en referencia al cartel que opera en su región, “les tienen bien identificados”. “Vigilan a dónde vas y qué estás haciendo”, asegura la colaboradora, que lleva años trabajando con el Inegi en una zona donde es habitual encontrarse con pueblos vacíos, desplazados por la violencia que genera el crimen organizado.

Es difícil cifrar qué parte del territorio mexicano está bajo el control del crimen organizado. Sobre todo porque hay muchas zonas en las que las autoridades se alían con el narco para dar apariencia de normalidad, como revelaron hace semanas un vídeo en el que la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, se reunía en un restaurante de la localidad con Celso Ortega Jiménez, el líder del grupo criminal Los Ardillos, que se pelea con otros grupos el control de esa parte del territorio. Los especialistas sostenían entonces que los criminales se han acostumbrado a gobernar la zona con los dirigentes locales, una situación heredada de antiguos gobiernos estatales.

Un informe de la DEA publicado este jueves asegura que el Cartel Jalisco Nueva Generación tiene efectivos en 21 de los 32 Estados de la República, mientras que el Cartel de Sinaloa tiene presencia en 19 Estados. Además, las autoridades estadounidenses han asegurado en varias ocasiones que los cárteles controlan algunas partes de México. La última declaración en ese sentido fue de Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. “Pienso que es justo decir que sí”, dijo cuidadosamente el funcionario durante una comparecencia ante el Senado.

El resultado de esta presencia son los brotes de violencia que se viven en regiones como Chiapas, donde estalló la violencia a principios de mes tras el secuestro de 16 funcionarios en la carretera que lleva hasta la localidad de Ocozocoautla, cerca de la capital, Tuxtla Gutiérrez. “Para donde vayas, siempre hay que tener cuidado, salir temprano y regresar siempre antes de que anochezca”, contaba un habitante del pueblo a este periódico. Dos meses antes, San Cristóbal de las Casas, la ciudad turística de Chiapas por excelencia, vivió un brote de violencia en las calles tras la muerte de un artesano.

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