La percepción de inseguridad en los estados mexicanos cae al menor nivel desde 2018

México se siente hoy más seguro que hace un año. Un 75% de la población mayor de 18 años reportó en 2021 tener sensación de inseguridad en su Estado, la menor cifra desde 2018, ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Detrás de esta mejora, hay una reducción del número de personas que se declararon víctimas de un delito, de 22 millones en 2019 a 21 millones en 2020, cuando la pandemia impuso restricciones a la movilidad. Pese a estos avances, la impunidad se ha agravado. Un 93% de los delitos no se denunció o no resultó en una carpeta de investigación, un ligero aumento respecto al año anterior.

La seguridad se mantiene como la principal preocupación de los mexicanos. Un 59% la considera el problema más importante, seguida del desempleo y la salud, de acuerdo a la Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (Envipe), que se recoge de forma anual. Los cajeros automáticos y el transporte público son los lugares donde los ciudadanos reportan sentirse más inseguros, con un 83% y un 73%, respectivamente.

Sin embargo, la percepción de inseguridad ha mejorado en todos los niveles del Estado. En las entidades federativas, esta ha caído del 78% en 2020 al 75% en 2021 y en los barrios, del 49% al 42%, la menor cifra desde que se empezaron a recopilar estos datos en 2013.

Esta mejora es coherente con la reducción en el número de delitos, que disminuyeron de más de 30 millones en 2019 a 27 millones en 2020, según la encuesta. Los robos en la calle o transporte público, los más frecuentes, pasaron de representar el 27% del total de los delitos ocurridos durante 2019 a un 22,5% en 2020 a raíz de las restricciones por la pandemia. “Se nos instruyó a quedarnos en casa. Esto dio como resultado una disminución importante en la movilidad y, por tanto, también en las condiciones en las que es frecuente que se dé el robo”, ha señalado este miércoles el presidente del Inegi, Julio Santaella.

Los avances conviven con un aumento del número de casos sin resolver o sin denunciar, un dato conocido como “cifra negra”. En 2020, solo se denunció el 10% de los delitos y solo en un 6,7% de los casos se inició una carpeta de investigación, frente al 7,6% en 2019. Las carpetas que llevaron a algún resultado, fuera la reparación del daño, el perdón o la puesta a disposición del delincuente ante un juez, representaron apenas un 1,2% del total “Es un elemento estructural. [La cifra negra] siempre se ha ubicado en niveles superiores al 90%”, ha explicado Óscar Jaimes, del Inegi.

Las razones para no denunciar son principalmente atribuibles a las autoridades, según la encuesta. Un 34% de los ciudadanos lo considera una pérdida de tiempo y un 14% dice desconfiar de los funcionarios públicos. En este aspecto, la Marina y el Ejército tienen los mayores niveles de confianza ciudadana, con un 90% y un 87%, respectivamente. La Guardia Nacional, la institución impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la inseguridad, también goza de un buen nivel de aprobación, un 83%. Del otro lado, en torno a la mitad de la población confía en la policía municipal y de tránsito.

Los resultados de la encuesta ayudan a valorar la estrategia de un Gobierno necesitado de buenas noticias en materia de seguridad. Pese a la reducción de algunos delitos como el robo en transporte público, los homicidios dolosos, el principal termómetro de la violencia en el país, se han estabilizado en una meseta elevada y, casi tres años después del inicio de la Administración, todavía no se atisba un punto de inflexión. De enero a agosto de este año, los asesinatos disminuyeron apenas un 4% respecto al mismo periodo del 2020, según datos presentados este miércoles por el Ejecutivo. Seis estados, con Guanajuato y Baja California a la cabeza, concentraron más de la mitad de las víctimas.

La violencia de género, el talón de Aquiles de esta Administración, sigue desbocada. Los delitos de violación se dispararon un 31% en los primeros ocho meses del año y los feminicidios aumentaron un 8%. En agosto, hubo 107 asesinatos de mujeres por cuestión de género, un máximo histórico para este delito que se tipificó en el Código Penal en 2012, en el último año de la Administración de Felipe Calderón.

Frente a este panorama, el Gobierno confía en el gran despliegue de agentes de seguridad, principalmente de la Guardia Nacional, para combatir el crimen. Hay algo más de 77.000 elementos dedicados a la “construcción de la paz” y se ha reforzado la presencia en los municipios con más homicidios.

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