‘¿Quién decidirá: López Obrador o las encuestas?’ Adelanto del nuevo libro de Jorge Zepeda Patterson, ‘La sucesión 2024′

EL PAÍS adelanta un fragmento de La sucesión 2024 (Planeta), en el que Jorge Zepeda Patterson analiza la situación actual y política del país, frente a los comicios presidenciales del próximo año, y la pugna interna en el partido oficialista Morena, que probablemente, será definitiva para la elección del sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Capítulo 6. ¿Quién decidirá: López Obrador o las encuestas?

La definición del próximo presidente de México discurre por territorios inéditos, con lógicas que los protagonistas descubren cada día y otras que apenas nos imaginamos. Una cosa queda cada vez más clara, sin embargo: la elección de la persona que gobernará el país los siguientes seis años no surgirá realmente de los comicios del próximo verano ni de la participación de millones de ciudadanos organizados por el INE, sino de las encuestas que tendrán lugar en noviembre a partir del desempeño de un puñado de empresas encuestadoras privadas. Es tal la ventaja del partido oficial sobre la oposición en las encuestas de intención de voto, que habría que asumir que la madre de todas las batallas no tendrá lugar entre Morena y sus adversarios en las elecciones generales, sino en «las primarias» o internas que definirán al candidato del partido en el poder.

Las encuestas dirán si es Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o Adán Augusto López el abanderado de Morena y, por consiguiente, casi seguro mandatario para el próximo sexenio. En consecuencia, las rutinas a las que nos habíamos acostumbrado cada seis años en esta ocasión serán un trámite importante para definir la composición del Congreso y muchas gubernaturas, pero la presidencia se habrá resuelto seis meses antes. Y no deja de ser preocupante que el elaborado proceso de instalación de decenas de miles de casillas, la movilización de millones de ciudadanos, cuidadosos protocolos para el manejo y traslado de urnas, los conteos rápidos o el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) serán sustituidos o anticipados por una encuesta de varias empresas a unos pocos miles de personas sondeadas bajo criterios y metodologías aún gelatinosos.

La ruta crítica, dos levantamientos

A principios de febrero la dirigencia de Morena estableció apenas un esbozo de ruta crítica para elegir candidato:

1. En junio se crea un grupo de trabajo con los representantes de cada uno de los aspirantes para definir las reglas.

2. En julio el Comité Ejecutivo Nacional de Morena lanza la convocatoria para la inscripción de aspirantes presidenciales.

3. En agosto el Consejo Nacional de Morena determina qué perfiles entran en una primera encuesta de reconocimiento.

4. En septiembre se realiza la primera encuesta.

5. En noviembre los cuatro perfiles mejor posicionados entran a la encuesta definitoria. El ganador se llamará Coordinador de Comités de la 4T, para no violar la legislación electoral. Deberá renunciar de inmediato a su responsabilidad anterior.

6. En diciembre, antes del día 2, el ganador asume su encargo como candidato oficial de Morena a la presidencia.

A esta escueta agenda podrían añadirse los comentarios que aquí y allá el presidente ha esbozado sobre la naturaleza de esta encuesta. En ocasiones ha mencionado una batería de 10 preguntas, en otras sólo cinco o seis; sobre el contenido ha adelantado que se podrían calificar algunos atributos de los aspirantes, como pueden ser la honestidad, la responsabilidad, la experiencia, la popularidad, etc. Ha hablado de que algunas preguntas podrían tener una ponderación mayor en la valoración final, al tratarse de rasgos más decisivos que otros. De igual forma ha variado la mención del número de empresas encuestadoras que participarían en el levantamiento. No está claro si todas estas sugerencias se incorporarían en el primero de los dos ejercicios, en el segundo o en ambos. Probablemente se trata de meros esbozos para ilustrar a la opinión pública el tipo de auscultación en el que se está pensando.

Una cosa es clara, sin embargo, la consulta será una proporción o muestra del total de la población, es decir, no será restringida a simpatizantes de Morena. Es una estrategia inteligente porque de esa manera el partido en el poder se asegura de nominar, entre sus candidatos, a aquel a quien más oportunidades le da el propio votante para ser elegido en las urnas.

Lo de menos será la elección de las empresas encuestadoras finales. Hay riesgos, desde luego, pero a estas alturas ya existe al menos media docena de empresas con amplia experiencia y reputación en la materia, y están identificadas aquellas que son «patito» y al uso del mejor postor. Incorporar a tres o más instituciones reconocidas, para disponer de resultados espejo confiables, descarta la sospecha de un levantamiento amañado.

El piso (dis)parejo

Si así fuese, el quid no reside en el riesgo de irregularidades en el levantamiento de las encuestas, sino en las condiciones en las que se dé la competencia entre los contendientes los meses previos: el llamado piso parejo o disparejo. En otras palabras, la mayor fragilidad del mecanismo de elección, sean comicios organizados por el INE o sondeos realizados por empresas encuestadoras, responde menos a la jornada decisiva y más a la posibilidad de irregularidades o variables subjetivas que afecten la competencia misma. ¿Cómo operarán los gobernadores de Morena? ¿Qué señales enviará el presidente respecto a los candidatos? ¿Cuán imparciales serán los dirigentes del partido para definir un cuestionario de levantamiento que sea verdaderamente imparcial?

Son preguntas que con dificultad aceptan respuestas categóricas. Inevitablemente existirán zonas grises; ¿cómo interpretar un gesto del presidente?, ¿en qué momento el apoyo moral de un gobernador por un candidato se traduce o no en apoyos indebidos de parte de sus funcionarios? El INE supervisa el proceso, las leyes electorales regulan las precampañas y el mecanismo interno de cada partido para seleccionar a sus candidatos, pero se trata de filtros gruesos. La verdadera legitimidad del proceso, aquella que podría evitar impugnaciones, reside en la percepción de los contendientes en el sentido de que el resultado final no fue definido por los inevitables negros en el arroz.

No es un debate sencillo porque algunas reglas del juego no son neutras, y no podemos ser inocentes al respecto. Tres ejemplos: exigir que los precandidatos renuncien a sus puestos de manera temprana o tardía, o incluso que permanezcan en ellos hasta el final, favorece a unos y perjudica a otros, justo por la naturaleza de estos puestos. Un mayor número de debates va en detrimento del puntero y beneficia a los que buscan remontar distancias. La incorporación de determinadas preguntas y no de otras tiene efectos contrastantes entre los precandidatos, porque ellos califican de manera diferente en atributos como experiencia, honestidad, reconocimiento, temas de seguridad, etcétera.

Son aspectos delicados que deben ser resueltos por consenso entre los candidatos, para establecer reglas del juego bajo las cuales ninguno se sienta derrotado de antemano. Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, cada cual, por su parte, han propuesto a los dirigentes de Morena algunos criterios básicos para asegurar una competencia pareja. El primero solicita al menos tres debates, separarse de los puestos meses antes del primer sondeo, encuestadoras profesionales, levantamiento con urna y una sola pregunta para evitar interpretaciones. Por su parte, Monreal ha solicitado que al menos sean cinco empresas encuestadoras las involucradas en el levantamiento final. En junio sabremos si este difícil primer trance de conciliar las reglas del piso parejo se supera o se convierte en presagio de una tormenta.

Entre la favorita del presidente y la legitimidad necesaria

El verdadero desafío de la dirigencia de Morena es desterrar la lectura de que se ha perpetrado un manotazo unilateral para favorecer a un contendiente. Pero al mismo tiempo el obradorismo, la corriente predominante dentro del partido, desearía asegurar un candidato identificado plenamente con sus banderas. Son dos impulsos que podrían fluir en el mismo sentido y sin mayor contratiempo, por ejemplo, en el caso de que la aparente favorita del presidente también lo sea del público en general. Pero podría suceder que, en su afán de asegurarse, los operadores obradoristas establezcan condiciones envenenadas para la competencia y en el camino generen impugnaciones graves.

De ahí la importancia del debate que habrá de darse sobre las condiciones de competencia. Para efectos prácticos, el destino inmediato de los mexicanos dependerá de este ejercicio. Ya de por sí la polarización y la pasión política son un campo propicio para toda suerte de suspicacias, como para empeorar la crispación con una elección impugnada.

Morena ha hecho muy bien en convertir la elección de su candidato en una consulta a mar abierto entre todo tipo de ciudadanos, y no exclusivamente entre sus simpatizantes. Por la misma razón, me parece que tendría que abrir el debate a la opinión pública para definir los criterios que establezcan las reglas. Todo acuerdo unilateral, opaco o tomado en lo oscurito se convertirá en futura fuente de ilegitimidad y potencialmente de inestabilidad política. Las reglas del juego de este proceso tendrían que ser reconocibles por parte de los ciudadanos. Después de todo, son las que determinarán quién será el que presida los destinos de los mexicanos los próximos seis años.

¿Dedazo o voluntad ciudadana?

Dicho lo anterior, persiste la pregunta clave en toda esta reflexión: ¿serán las encuestas realmente el mecanismo para dilucidar la candidatura, como afirma Morena, o constituyen un mero artilugio para disfrazar la voluntad de López Obrador, como acusan sus críticos? Habría que reconocer que los antecedentes podrían alimentar cualquiera de los dos escenarios. En el lado oscuro está un caso tan reciente como el de Coahuila, en donde Ricardo Mejía, aspirante a la gubernatura, impugnó los resultados del levantamiento denunciando, con razón o sin ella, una intervención ajena a «la metodología» del levantamiento; o un caso más lejano como el que definió al candidato al gobierno de la capital hace cinco años entre Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, cuando este último aseguró: «Gané la encuesta, pero no gané la decisión de quien toma las decisiones». Pero del otro lado también habría que reconocer que el mecanismo de las encuestas usado por Morena ha dado un trámite satisfactorio y sin impugnaciones a la mayoría de los casos.

En muchas de estas elecciones el presidente no ha tenido un candidato propio dentro de Morena en competencia con los restantes; más bien ha palomeado a los interesados o, en alguna ocasión, planteado objeciones o preocupaciones sobre determinados precandidatos. Y hay que decirlo, una opinión negativa suya sobre una determinada figura suele ser asumida como un veto por parte de la dirigencia de Morena y por sus seguidores. Y no podía ser de otra manera, tratándose del líder máximo y fundador del movimiento. Parecería, más bien, que en la mayoría de los casos el presidente simplemente se asegura de que los posibles contendientes estén en posibilidades de ganar y tengan tamaños para presidir una entidad.

Eso en muchas ocasiones, pero no en todas. Claramente hay otras en las que por razones que remiten al cálculo político o a compromisos y lealtades históricas, López Obrador habría impulsado a un candidato de su preferencia. Entre otros, Campeche (Layda Sansores), Guerrero (los Salgado) y Estado de México (Delfina Gómez). Por alguna razón, son situaciones en las que nadie pone en duda que los resultados reflejaron los deseos del mandatario. Y no necesariamente tendría que explicarse por una mano negra que ajusta el saldo de las encuestas, como han sugerido en ocasiones los candidatos derrotados.

Tengo la impresión de que el dilema «dedazo o encuesta» es un falso dilema en muchos de los procesos de los últimos años, porque por lo general los ciudadanos consultados suelen manifestarse por la opción que consideran es la favorita de López Obrador, sea porque coinciden con él o porque dan por sentado que el resultado favorecerá al candidato percibido como su preferido y optan por inclinarse por el ganador.

Ahora bien, en todas esas situaciones estamos hablando de elecciones en las que estaba en disputa una gubernatura y no la presidencia, en la que está en juego su legado histórico, la continuidad de su programa político y social. Una y otra vez el presidente ha dicho que no intervendrá y se sujetará al resultado de las encuestas, es decir a la voluntad del pueblo. El tema es, como hemos visto, que existen enormes márgenes en las condiciones de competencia para mejorar las posibilidades de un candidato. ¿En qué medida intervendrá el presidente?

Me atrevería a decir que en mucho dependerá de las propias circunstancias. La tendencia en la intención de voto entre los candidatos podría, incluso, hacer innecesaria una intervención o un excesivo protagonismo de Palacio Nacional; o, por el contrario, un pronóstico contrario al que se desea podría generar una enorme tentación para hacer algo al respecto. El animal político y líder de movimiento que es López Obrador podría entrar en tensión con el estadista republicano y figura histórica a que ha aspirado ser desde que llegó a ocupar los aposentos de Benito Juárez.

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