La vida sin interdicción: la batalla legal por la independencia de las personas con discapacidad

Ricardo Adair Coronel fue testigo y partícipe. Él estaba allí cuando, el pasado 16 de febrero en el Congreso del antiguo Distrito Federal, la diputada de Morena Marisela Zúñiga presentó una propuesta de ley para acabar con el estado de interdicción: una figura legal que identifica como menores de edad a ojos de la justicia a las personas con discapacidad física o intelectual que “no puedan valerse por sí mismas”. “Fue padre, un momento histórico, el primer paso. El objetivo es que de la Ciudad de México se llegue al Senado para que sea ley a nivel nacional”, dice el joven, diagnosticado con grado uno de autismo, una tarde soleada de febrero a la salida del trabajo.

Adair Coronel (34 años) sabe algo de momentos históricos. En 2013 consiguió una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que anuló su interdicción. Fue el primer fallo en la historia de México que lo lograba, el que comenzó a abrir grietas en el anquilosado sistema legal. En 2016 la medida fue ratificada por otro tribunal. Aquellas decisiones judiciales le permitieron empezar a vivir su vida sin interdicción. “Puedo tomar mis propias decisiones, hacer cosas que la ley me impedía hacer y tengo más oportunidades que antes”, cuenta, aunque reconoce que, en su caso, la diferencia no ha sido tan grande porque su familia siempre le ayudó a elegir su camino.

La propuesta de ley, que se apoya también en una sentencia de la SCJN que declaró el estado de interdicción inconstitucional en 2021, “es un gran paso como sociedad y colectivo, es el principio de un camino que esperemos que sea corto y se apruebe a nivel nacional”, señala el joven. “Es una deuda histórica”, concede Marisela Zúñiga, diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. “Tenemos muchas deudas históricas con relación a los derechos humanos. En el sector de las mujeres, los niños, las personas mayores, los migrantes, las personas con discapacidad… Tenemos que escuchar a la ciudadanía y levantar la voz”, añade.

El día que la ley fue propuesta “en el Congreso andábamos de fiesta”, celebra la diputada. “La recibieron muy bien los distintos grupos parlamentarios, ese día tuvimos muchísimas actividades, llevamos a cabo una conferencia donde estuvieron muchos de los que participaron en la iniciativa. No es una cuestión de un solo grupo, ha caído bien”, mantiene Zúñiga. “Cada uno mencionaba su punto de vista, mencionaba barreras a las que se enfrenta, la necesidad de proteger a las personas que necesitan más apoyo...”, retoma Adair Coronel.

Una década de aprendizajes

El joven llega a la entrevista unos minutos después de salir de su trabajo como auxiliar en la biblioteca privada del Museo Soumaya, un puesto que consiguió un año después de la sentencia de la SCJN. A su empleo acude en transporte público desde su casa en Iztapalapa, aunque le gustaría aprender a conducir. Viste pulcramente con zapatos, pantalones negros, una camisa a rayas que asoma por el cuello de pico de un jersey rojo y unas gafas de sol. En 2013, en un reportaje de EL PAÍS, aseguraba que se sentía contento y optimista ante su futuro. Ahora, hace balance de la década transcurrida desde entonces:

—He ido avanzando personal y profesionalmente, siempre me enfoco en aprender. Mi plan de vida es ser independiente, tener mi propio espacio, tener habilidades para resolver las cosas con los menores apoyos posibles. Ahora me gusta mi trabajo, pero más adelante quizá quiera hacer otras cosas.

Después del fallo histórico, Adair Coronel consiguió independizarse y vivió un tiempo en un departamento con otros jóvenes con discapacidad como parte de un “programa de vida independiente”. Se repartían las tareas del hogar: cocinar, limpiar o ir a la compra. En el día a día les ayudaba un “facilitador”, una persona que les asesoraba en lo que necesitaban. También podía acompañarles en el ocio: visitaban las casas de otros jóvenes miembros del mismo programa de vivienda, iban al cine, a dar un paseo, a tomar un café.

El joven estuvo siete años en la casa, hasta que llegó la pandemia de coronavirus y decidió volver un tiempo con sus padres, donde aún reside, aunque planea volver a independizarse cuando tenga la oportunidad. Dice que le gustaría volver a vivir solo o con una pareja. Desde el 2013 ha cultivado una vena activista a fuerza de experiencia y de la exposición mediática. Se ha convertido en un símbolo del movimiento que busca abolir la interdicción: “Es un liderazgo, un legado, algo que dejar como ejemplo. Buscamos lograr un cambio. Me he familiarizado y me he integrado más con colectivos como Decidir Es Mi Derecho [que movilizaron y ayudaron a redactar la propuesta de ley] para que se apruebe la reforma”. Como parte de su militancia, pero también de su ocio, montó un grupo de teatro amateur con otros jóvenes con autismo. Esperan poder estrenar su primera obra, Cuento de navidad, de Charles Dickens, el próximo diciembre.

“México va a pasitos muy cortos”

La vida sigue sin ser fácil para él. “No nos brindan apoyos al 100%. Por ejemplo, los doctores, ejecutivos en bancos, agentes de seguridad en lugares públicos... no están tan capacitados, hace falta más sensibilización para que seamos más empáticos y comprensivos”. Al nacer, a Adair Coronel le dieron un diagnóstico erróneo. A su madre, Leticia Robles García (64 años), le dijeron que el niño tenía un retraso mental leve. Con los años han ido variando, hasta que hace poco les aseguraron que el joven vive con un grado uno de autismo. “Nos dijeron que lo tratáramos como a un extranjero que carece de sentido común. Desde que nació le estamos estimulando para que adquiera más habilidades. Le anticipamos para distintas actividades, hay terapias individuales y grupales, platicamos mucho. Él me va comentando y yo le doy opciones: plan A, plan B, y él decide”, narra Robles García.

“Nos toman como referentes. Nos importa mucho que las próximas generaciones no vuelvan a pasar por lo que pasamos, [México] va a pasitos muy cortos”, protesta Robles García. “Casi siempre tenemos que acompañarlo nosotros, casi nunca hay personas que les ayuden a hacer sus trámites. Cuando uno no esté, ¿qué va a pasar?”, cuestiona la mujer. Carlos Ríos, director asociado de Derechos de las Personas con Discapacidad en la ONG Human Rights Watch (HRW), coincide: “México experimenta un retraso importante. Perú tiene una de las legislaciones más avanzadas del mundo en términos de capacidad jurídica. En México aún permanece el modelo de sustitución de voluntad, a pesar de que la Suprema Corte falló que la interdicción es inconstitucional y contraria a los derechos humanos”.

Ríos ilustra la importancia de abolir el estado de interdicción: “La capacidad jurídica es el derecho umbral, es la puerta de entrada a muchos otros derechos. Todos los derechos civiles y políticos pasan por tener capacidad jurídica. En Chihuahua, por ejemplo, para darte una pensión te exigen la incapacitación, eso significa básicamente la muerte civil. Una persona que requiere de esta pensión para poder sobrevivir tiene que buscar ante la autoridad judicial que otra persona la sustituya en los dominios de su vida: no puede contraer matrimonio, ni heredar bienes”.

La abolición de la interdicción, sin embargo, tiene también sus zonas grises. El propio Adair Coronel reconoce que hay casos en los que la figura sí puede ser útil. Se ha dado cuenta por su abuela, que sufre demencia, y para la que tomar decisiones por sí sola puede llegar a ser un riesgo. “También hay un tema en aquellos casos en que no se puede conocer por ningún medio cuál es la voluntad de preferencias de una persona: gente en coma, por ejemplo. Para eso se necesita un procedimiento específico que actualmente se está discutiendo en un comité del Senado y la Cámara de Diputados”, sostiene Ríos.

Para Adair Coronel, todo es una cuestión de tener el mayor acceso posible a la información sobre las opciones legales que existen. Conocer para poder decidir. “Me han preguntado por mi experiencia, sobre todo familias que analizan si quieren la interdicción para sus hijos. He dado testimonios también en medios y colectivos. Les digo que conozcan a sus hijos, sus habilidades, que conozcan la Convención de Personas con Discapacidad [de las Naciones Unidas], vean los pros y los contras de la interdicción. Nosotros primero como familia pensábamos que era buena idea hasta que conocimos el proceso”, dice.

El camino que debe seguir la propuesta de ley, que HRW ha calificado como histórica, todavía será largo y complejo. Primero, tiene que ser discutida por la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. Si estos órganos fallan a su favor, la propuesta pasa al pleno, donde se realiza la última votación. Para que se apruebe necesita de una mayoría simple: el 50% de los diputados más uno. En el caso del Congreso capitalino esto significa que puede salir con 34 votos a favor (de 66 escaños). “Los procesos legislativos son un poquito largos, pero estamos buscando al Congreso Federal porque están trabajando en una reforma del código civil para que de una vez podamos avanzar en el tema de manera conjunta”, apunta Zúñiga.

Mientras tanto, Adair y el resto de integrantes del colectivo Decidir Es Mi Derecho continúan su cruzada. El objetivo: eliminar de una vez la infame pregunta que cualquier persona con discapacidad ha sufrido alguna vez en un lugar público: “¿Quién viene con usted?”.

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