José Medina Mora, presidente de Coparmex: “Las inversiones no llegan a México por la falta de Estado de Derecho”

Cuando José Medina Mora (Ciudad de México, 1955) tomó las riendas de la mayor patronal del país, la pandemia ya había hecho su mayor daño. Era enero de 2021 y, tanto la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) como otras asociaciones empresariales, se confrontaban directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador por la falta de apoyos al sector privado durante los confinamientos. La economía era débil y las 39.000 empresas que la Confederación representa esperaban que Medina Mora resanara las grietas.

Casi dos años después, el empresario habla con cautela de la relación con el presidente López Obrador, pero no tiene filtros cuando se trata de la falta de Estado de Derecho en el país, la cual, asegura, es el obstáculo más alto que enfrenta el sector privado. Ya sea porque deriva en una inseguridad con altos costos o porque genera incertidumbre jurídica a inversionistas extranjeros. La economía ha avanzado, pero no termina de recuperar su producción pre pandemia y mientras México tiene ventajas competitivas, no está aprovechando su potencial, argumenta Medina Mora, doctor en ingeniería por la Universidad de Stanford.

Hermano del ex ministro de la Corte Suprema, Eduardo Medina Mora, el empresario tiene una carrera de cuatro décadas en el sector de las tecnologías de la información. Pero su puesto en Coparmex, asociación de casi 100 años de existencia, le exige ahora la mayor parte de su tiempo. Las empresas que él representa emplean a casi cinco millones de mexicanos y son responsables de 30% del Producto Interno Bruto (PIB).

Pregunta. Mi impresión es que el problema más grande que enfrentan las empresas en México ahora mismo es la inseguridad. ¿Estoy en lo correcto?

Respuesta. Sí. Yo visito dos o tres ciudades del país cada semana en donde les pregunto ¿qué les preocupa? El factor común es la creciente inseguridad. En una encuesta, preguntamos a las empresas socias de Coparmex y encontramos que una de cada dos ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses. El delito más común es robo de mercancía, el segundo es robo de vehículos y el tercero, extorsión, que incluye cobro de piso. Encontramos que cada día se abren en promedio 232 carpetas de robo a negocio en todo el país y, cuando vemos que una encuesta de Inegi arroja que el 83% de los casos de robo a negocio no se denuncian, entendemos que estas carpetas son solo una fracción de los delitos que se están cometiendo. Es una realidad que los costos por inseguridad se están elevando. Las empresas tienen que invertir en medidas preventivas como cámaras o en custodiar su mercancía, por ejemplo. Uno pudiera pensar que en las ciudades más seguras no hay preocupación, pero también la hay porque no había casos y ahora empieza a haber. Parte de las propuestas que hemos hecho es la necesidad de fortalecer a las policías municipales y estatales, porque la seguridad empieza en lo más cercano. No vemos en el presupuesto que haya recursos para esto. Había un fideicomiso del [programa] Fortaseg que desapareció.

Una segunda propuesta es la coordinación del Gobierno federal en donde la Guardia Nacional tiene que actuar de manera subsidiaria con las policías estatales y municipales. En el caso de la Guardia Nacional, nos parece que esta aprobación de la ley que hubo tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, es inconstitucional. El mando de la Guardia Nacional tiene que ser civil. Lo que debía haber presentado era una reforma constitucional porque tenemos que tener Estado de Derecho, es decir, que todos respetemos la ley y que respetemos todas las leyes, desde la Constitución hasta la última ley y desde el presidente de la República hasta el último ciudadano. Parte de por qué no llegan más inversiones al país tiene que ver con la falta de Estado de Derecho. Simplemente la solicitud de consulta del gobierno americano y el Gobierno canadiense tiene que ver con esto, con que firmamos que habría condiciones de igualdad a las empresas y luego se aprueba la Ley de la Industria Eléctrica que pone en ventaja a la empresa del Estado. Entonces, la falta de Estado de Derecho se refleja en seguridad, por este cambio de mando de la Guardia Nacional, pero se refleja en muchas leyes que se han aprobado y que son inconstitucionales. Nosotros proponemos también una coordinación entre autoridades que involucre a la ciudadanía, a través de observatorios ciudadanos como se ha hecho en algunas partes del país con buenos resultados.

P. En conferencias de prensa, el presidente ataca a las empresas un día y al siguiente pueden estar los representantes de las mismas a su lado. También han anunciado inversiones en conjunto que después no terminan concretándose. ¿Cómo es realmente la relación entre las empresas y López Obrador?

R. Yo puedo hablar de la relación del presidente de México con Coparmex. Mi entrada a la presidencia de la Confederación coincide con la iniciativa del presidente de prohibir la subcontratación. Le pedimos diálogo al presidente, y accedió. Durante tres meses dialogamos, incluyendo también al Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios. Tres meses nos reuníamos una vez a la semana. En ese diálogo empezamos de puntos muy diferentes y llegamos a un buen acuerdo en el que las tres partes ganamos. Un punto que compartimos es la necesidad de subir el salario mínimo. Con la Secretaría de Economía trabajamos un plan de reactivación económica. Con la secretaria del Trabajo [ Luisa María Alcalde], a partir de que cambió la ley laboral, ha sido un diálogo muy frecuente. Desde el punto de vista de Coparmex tenemos un diálogo con las autoridades. Hay temas que coincidimos en el objetivo, diferimos en la estrategia, pero tenemos esa comunicación abierta de respeto en donde libremente expresamos nuestro punto de vista. Por ejemplo, el Gobierno habló en su momento de poner un control de precios para hacer frente a la inflación. Los órganos empresariales dijimos que el control de precios no es el camino porque eso altera los mercados y el que paga las consecuencias es el consumidor. El presidente escuchó y se enfocó en el subsidio a la gasolina, la tarifa eléctrica y las casetas. Este lunes se anunció una siguiente versión del paquete contra la inflación en donde habrá un esfuerzo adicional de las empresas, productoras y distribuidoras para lograr que este aumento en los costos no se traslade al precio de los productos de los alimentos, que es donde ha habido más inflación. Gracias a este acuerdo voluntario entre el Gobierno y la iniciativa privada se ha podido contener un poco, pero todavía tendremos inflaciones altas el resto del año. La expectativa de Banco de México es que vaya bajando lentamente el próximo año y sea hasta 2024 que llegue a la meta del 3%.

P. ¿Considera que el constante cambio en las perspectivas de inflación del Banco de México está generando incertidumbre?

R. Hay bastante certidumbre de que, ante la presión inflacionaria, el Banco de México suba la tasa de referencia, porque esa es su misión. Si no lo hiciera, entonces me preocuparía.

P. Pero su mandato también es anclar las expectativas de inflación.

R. Nosotros consideramos que están haciendo bien su trabajo. Dada la alta inflación, eso es lo que hay que hacer y de alguna manera los mercados lo esperan.

P. Escuchándolo hablar del diálogo que tiene con el Gobierno, pareciera que el clima de inversión no se ha deteriorado. Pero empresarios y analistas aseguran que sí.

R. En la falta del Estado de Derecho está la clave, de la que se deriva la inseguridad y la incertidumbre. Estuve en Houston el mes pasado y en Los Ángeles la semana pasada hablando con empresas americanas que tienen intención de invertir en México y son los dos temas que nos comentan. Tienen proyectos ya evaluados con financiamiento y están esperando a ver si México va a cumplir lo que firmamos en el T-MEC. La Ley de la Industria Eléctrica va en contra de lo que firmamos en el T-MEC y por eso la consulta. Esperemos se resuelva en ese instante, porque si no se irá a los paneles internacionales en donde lo más probable es que le den la razón a los gobiernos de EE UU y Canadá, y eso les permitirá compensar lo que pierden a través de aranceles, cobre todo en productos del campo. Se estima que el costo para México pudiera estar entre 10.000 y 30.000 millones de dólares. Sería desastroso para la comunidad mexicana, porque el motor de la economía son las exportaciones.

P. En su diálogo con el presidente, ¿le han hecho ver esto?

R. El presidente nos ha dicho con toda claridad que no se va a pelear con los EE UU y que se va a arreglar esto. Al principio nuestra postura era pesimista, ya que la consulta llega después de reuniones bilaterales con el presidente Biden y de la visita de varios miembros de su Gabinete en las que esto no se arregló. También porque la narrativa del presidente era que no somos colonia de nadie y que la soberanía nacional es más importante, cuando esto no tiene nada que ver con la soberanía. Pero, en corto, a nuestra postura en que dijimos ‘señor presidente, nos preocupa la solicitud de consulta’, él dijo: ‘Nos vamos a arreglar, no nos vamos a pelear con Estados Unidos’.

P. En el norte del país hay alta demanda por naves industriales a partir de la tendencia de relocalización de empresas de Asia a esta parte del mundo. Sin embargo, también se ha dicho mucho que México no se está beneficiando como pudiera del nearshoring. ¿Cuál es la realidad?

R. Ambas. Hay escasez de espacios en los parques industriales por la oportunidad del nearshoring. ¿Por qué decimos que México no está aprovechando esta oportunidad? Simplemente vemos que China perdió 4% de su comercio con los EE UU y lo lógico es que México lo hubiera tomado. En México solo tomamos el 0,5% y un país como Vietnam, muy lejos de EE UU, tomó el 1,8%. Esa es la oportunidad que no estamos aprovechando, estando tan cerca de los EE UU. El gran mensaje de los EE UU en el Diálogo Económico de Alto Nivel es hay que producir en la región T-MEC y lo tenemos que aprovechar.

P. Y el Gobierno, ¿está reaccionando?

R. Sin ser la prioridad del Gobierno, la parte del Gobierno que le corresponde, como es la Secretaría de Economía, si están muy claros de que es una oportunidad que hay que facilitar. Sería mucho mejor que para el presidente fuera una prioridad, pero el Gobierno hace una labor extraordinaria con los pocos recursos que tiene.

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