La extorsión en México: ¿del silencio a la escalada de violencia?

En abril de 2022, una empresaria tijuanense quien pertenecía al sector del turismo médico, me comentó en una entrevista: “Yo tenía mi empresa en la zona centro. Un día se presentaron unos hombres, me describieron toda la actividad de mi empresa, sabían toda la película. Me dijeron que en virtud de lo que ganaba, tenía que pagar tantos miles de dólares por mes, directamente con una secretaria que hacía el seguimiento. Un colega doctor, un vecino, apenas se presentaron [también en su negocio], cerró todo y se fue. Yo intenté zafarme, busqué apoyos con amigos que me terminaron diciendo: ‘Esto viene en serio, vete ya, te van a matar’. Pensé que lo iba a lograr, pero me levantaron en un estacionamiento. Me liberaron, cerré el negocio, y me desaparecí. Nadie te puede ayudar en este tema [el cobro de piso]. O pagas, o te vas, o te mueres”.

El testimonio de Alma es válido para la ciudad fronteriza, y para México en general. Muestra que la extorsión vive del silencio de sus víctimas, tanto por temor de que se cumplan las amenazas, como por la desconfianza en las autoridades, pero no se queda en la omertá.

Al contrario, el trabajo que publicamos con México Evalúa, Extorsión empresarial y seguridad pública en Tijuana: ¿quién protege a quién?, fruto de una inmersión de campo en el municipio fronterizo, muestra que la extorsión y el cobro de piso, a pesar de nacer en el silencio, suelen escalar en violencias muy visibles. Por ende, no atenderlos desde el inicio abona el terreno para que éstas afloren incesantemente.

El mercado de la protección

En México, la extorsión representa un delito central en el debate público mexicano, a pesar de quedar escondido detrás de una cifra negra —que no se denuncia— de 97,4% (ENVIPE, 2022). Para romper la barrera del silencio, nuestra investigación se enfoca en empresarios y comerciantes, partiendo de una preocupación central: en Tijuana, ¿quién me protege de la violencia? ¿El Estado u otros proveedores que compiten por un mercado paralelo de la protección?

Para analizarlo, mostramos primero la importancia de entender la temporalidad del cobro de piso, en el cual víctima y victimario establecen una relación sostenida en el mediano o largo plazo. Cada semana o cada mes, el proveedor de protección visita a su cliente para cobrar sus ganancias, ajustando las reglas según le convenga. Puede subir la cuota, hacer uso de la fuerza, o extender su protección a nuevas actividades o productos. En este contexto, el perpetrador debe ser capaz de sostener una presión duradera y una amenaza creíble, pues eso garantiza que su víctima lo espere con la cuota, y no con una autoridad u otro actor que pudiera hacerle frente.

La relación creada es compleja tanto para las víctimas, como para las autoridades. Para las primeras, supone vivir bajo constante apremio y, a pesar de eso, continuar su actividad. Si se comparte lo ocurrido, aumenta el riesgo de que la amenaza de violencia se vuelva realidad, condenándolas al silencio. Respecto a las autoridades, quiénes teóricamente deberían de ser el único proveedor de protección, el reto es neutralizar a estos competidores, con recursos limitados, poca información, desconfianza ciudadana e incapacidad —o poca voluntad— de invertir en prevención, operación e investigación para cubrir la brecha de la no denuncia.

Un delito silencioso, que escala

A ras de suelo, la instalación del cobro de piso pasa por la construcción y el mantenimiento de un ambiente violento. Mientras mayor capacidad violenta se atribuya a los perpetradores, más probable es que sus víctimas paguen. Esto puede ser el origen de un ciclo: el ambiente violento genera necesidad de protección; los actores violentos se presentan como protectores, y, finalmente, usan la violencia para garantizar el apego al acuerdo y “sancionar” a quienes no lo respetan.

Eso sí, el primer acercamiento del extorsionador con la víctima puede parecerse a una “invitación cordial” a dejar “cuidarse”. Sin embargo, en caso de negarse, el comportamiento se vuelve rápidamente intimidatorio para imponer la protección y extraer la renta: “Si no pagas, un primer aviso es que vuelvan a decirte. Ya luego que eso no suceda, puede que te asalten la tienda. O que te digan: ‘No te vamos a cuidar y a ver cómo le haces’. Y ya el siguiente aviso es: ‘Sé a dónde van a la escuela tus hijos”.

Así, los testimonios recogidos tejen un eje entre las dinámicas silenciosas del cobro de piso y otros delitos emblemáticos como incendios de locales, agresiones físicas, y hasta homicidio, ya sea de quien no ejecutó el pago, o de un habitante de la comunidad, con el ánimo de instaurar terror, asentar la credibilidad colectiva de las amenazas, y darle fuerza a la oferta de protección: “El jefe de plaza empezó una pinche matazón, porque él dijo que no quería que estuvieran comprando a otros, o dejando de pagar la cuota, entonces empezó a matar; pues mataron, unos cuatro o cinco muertos para que todos entendieran el mensaje; […] aquí todo es a través de muertos, te hacen llegar el mensaje, para que entiendas”.

¿Quién impone estos regímenes violentos?

Nuestra investigación, lejos de confirmar las “narco-explicaciones”, y a pesar de la presencia de actores afiliados al Cartel de Sinaloa o del Cartel Jalisco Nueva Generación en Tijuana, ofrece matices importantes. Por ejemplo, no encontramos que un grupo se dedique a extorsionar y el otro no. Según los barrios, el grado de colusión con funcionarios, o la voluntad de endurecer el control social y territorial, ambos grupos pueden cobrar piso o no hacerlo.

A su par, aparecen individuos, o células pequeñas, capaces de controlar una o algunas calles, y cuya protección impacta fuertemente la población. Pueden ser figuras locales, una suerte de patrón de barrio (pequeños o medianos delincuentes, o incluso expolicías o exfuncionarios) que, a través de su capacidad de dominio y repartición de favores, ofrecen protección a cambio de derecho de piso. Finalmente, líderes sindicales han sido señalados de cobrar una cuota fuera del marco establecido — el pago de la afiliación, por ejemplo—para instalar su propia red extorsiva, la cual puede sumarse a aquella impuesta por grupos delincuenciales.

El papel del Estado

Ahora bien, para que se expanda el cobro de piso, son fundamentales las condiciones en las cuales se da la presencia de la autoridad y el rol que juegan en el accionar —o en el no accionar — la voluntad, fuerza y justicia gubernamental.

En ciertos casos, los entrevistados denuncian que agentes públicos hacen caso omiso frente al delito, en diferentes variantes de colusión, falta de atención o incapacidad de actuar para protegerlos. Además, los ciudadanos que no gozan de contactos informales dentro de las oficinas públicas generalmente no se atreven a buscar apoyo, y menos a denunciar. Más grave aún, mencionan participación explícita de funcionarios en las etapas de extorsión, relatando golpes, amenazas, robo de pertenencias y solicitudes de dinero. En todo caso, nuestro trabajo demuestra que las autoridades tienen conocimiento de las dinámicas de cobro de piso que afectan cotidianamente a miles de comercios, principalmente en la zona Este de la ciudad, sin lograr enfrentar el fenómeno, tanto desde la vía de la seguridad pública como de la justicia.

¿Hacia dónde vamos?

Más allá de Tijuana, nuestro trabajo aporta tres hallazgos principales. Primero, muestra la presencia sistémica de la extorsión en el municipio, el “impuesto criminal”. Segundo, confirma la dificultad, tanto para la sociedad civil como para las autoridades, de enfrentar a un fenómeno que, lejos de vincularse únicamente con el crimen organizado, implica a grupos de diversos tamaños y, más preocupante aún, distintos niveles de colusión con funcionarios públicos, conformando complejas redes político-criminales. Y, finalmente, demuestra que un delito inicialmente callado por el temor de la población y su desconfianza frente a las autoridades, y que sigue invisible en las estadísticas oficiales por la cifra negra, tiende a escalar en delitos de alto impacto.

A pesar de lo difícil, o imposible, que resulta tejer una correlación entre el cobro de piso y las dinámicas de violencia que conoce la ciudad, nos parece claro que este delito no se puede atender sin un enfoque integral, que entienda sus características de escalada.

Por ende, urge atender la extorsión y el cobro de piso como raíz de otras prácticas violentas en México. Las autoridades deben volver a asumir su papel de único protector, invirtiendo tanto en prevención, operativos policiales de atención rápida, y capacidades de investigación judicial que permitan atender a las víctimas y desarticular las redes de extorsión.

El reto es mayúsculo, pero estamos convencidos de que, atendiendo a la extorsión como la seriedad requerida por la gravedad de la situación que se vive tanto en Tijuana como en el resto del país, se irían a la baja una serie de indicadores delictivos, además de que favorecería la restauración de la confianza entre autoridades y ciudadanía, particularmente deteriorada.