La guerra del pollo: la última amenaza del narco en México

No hay pollo en Chilpancingo, idea extraña, llamativa, un parteaguas: si no se vende pollo, la situación es realmente grave. Durante varios días, diferentes mercados de la ciudad han amanecido con las pollerías cerradas, una forma de protestar contra la última ola criminal que vive la región, especialmente dura con la cadena de productores, distribuidores y vendedores de pollo. Este miércoles, por fin, la mayoría de los locales han abierto, atajando la crisis. Al menos de momento.

La huelga del pollo responde a una cadena de sucesos que se pierde atrás en el tiempo, pero que puede contarse por capítulos. El último empezó el 6 de junio, cuando un grupo de sicarios atacó a balazos a Tomás Ramírez, un distribuidor de pollo, en el mercado Baltazar R. Leyva, uno de los más importantes de la ciudad. Ramírez murió en los pasillos del mismo centro. Días más tarde, sicarios atacaron a otro distribuidor, en la salida del mismo mercado, cuando marchaba con su vehículo. También murió. No se sabe si los atacantes eran del mismo grupo.

El fin de semana pasado, la situación empeoró. En Petaquillas, comunidad a las afueras de la capital, paso a la zona serrana de Quechultenango, bastión de uno de los grupos criminales más relevantes de la zona, Los Ardillos, gatilleros atacaron una granja de pollos. Murieron seis personas, entre ellas el dueño y su hija, una niña de 12 años. Dos trabajadores resultaron heridos. No hay detenidos por ninguno de estos ataques.

En un intento por entender lo que ocurre, la prensa regional ha vinculado estos asesinatos con otros contra integrantes de gremios distintos, sobre todo el del transporte público. Así, entre el 6 y el 7 de junio, uno o varios grupos criminales incendiaron dos camionetas y tres taxis en Petaquillas, vehículos que cubren la ruta entre la comunidad y Chilpancingo. Situación cíclica, los ataques provocaron la interrupción del servicio de transporte durante varios días.

¿Están relacionados ambos sucesos, los ataques contra el gremio aviar y contra los transportistas? Es difícil decirlo. La prensa local menciona un ataque anterior, ocurrido a finales de mayo, contra uno de los líderes transportistas de Chilpancingo, Francisco García Marroquín, asesinado a balazos en la calle. Ambas actividades, el transporte y el comercio, suelen ser objetivo de actores violentos que buscan ingresos por el cobro de piso. En Chilpancingo y alrededores, la presencia cambiante de grupos criminales, sus interacciones y las relaciones que mantienen con el Estado definen la realidad de la gente de a pie.

El obispo retirado de Chilpancingo, Salvador Rangel, ha seguido de cerca los últimos sucesos. “Antes aquí había dos grupos, Los Tlacos y Los Ardillos. Había cierta tregua entre ellos, pero ahora ha aparecido otro grupo que dependía de Los Tlacos, se llaman Los Jaliacos. Ellos quieren echar a pelear a Tlacos con Ardillos para quedarse con la plaza Los Jaliacos”, narra.

Defensor de una comunicación fluida con el mundo del hampa, Rangel habla habitualmente con los líderes de Los Ardillos, Celso Ortega y su familia, actores importantes en la política y el crimen regional. “Este grupo de Los Jaliacos son los que cobran impuestos sobre pollo, pan, de todo”, relata.

Rangel detalla el vínculo del gremio pollero con el transportista. “Este problema se agravó más porque se dio la muerte de un jefe de los transportistas, el tal Marroquín. Él andaba en problemas porque estaba manejando muchos taxis y camionetas pirata. Se combinó la cuestión de los taxis pirata… Pero luego también quemaban taxis que venían de Petaquillas. Lo que quieren Los Jaliacos es crear problemas, que Los Ardillos ataquen a Los Tlacos”, zanja.

La extorsión, origen de la mafia

Los argumentos de Rangel dibujan la extorsión más como un medio que como un fin, una forma de demostrar poder o de retratar la falta de control del grupo teóricamente más fuerte. O, incluso, una herramienta para sembrar la discordia y romper equilibrios precarios. La extorsión al pollo aparece entonces como una distracción, al menos en parte, con fatales consecuencias para los agremiados.

Maria Teresa Martínez, profesora e investigadora del TEC de Monterrey, especialista en mecanismos de protección, legales e ilegales, señala precisamente que “la extorsión, una actividad predatoria que se mantiene en el tiempo, se plantea como una manera de demostrar control. El que domina el mercado de la extorsión demuestra un control territorial”, argumenta.

Martínez, que actualmente estudia la extorsión y el cobro de piso en Tijuana, añade: “Cuando el Estado, oferente principal de protección, no llega, aparecen otros actores. Estos pueden ser más o menos organizados, tampoco hace falta la gran organización detrás, solo la reputación. Como en todo mercado, aquí se trata de ver quién se lleva las mayores ganancias”.

En el caso de Chilpancingo, las ganancias no apunta tanto al control, o a la noción más evidente y directa de control, sino a la paradoja de controlar a partir del caos, como explica arriba el exobispo Rangel. La escasez explicativa de la Administración en Guerrero puede ser una estrategia comunicativa, pero también el reflejo de su capacidad para controlar el ecosistema criminal en la región.

Dice Martínez: “Más allá de la coyuntura, de las extorsiones al pollo, a la mina, al pescado, importa cómo están o no están organizados los empresarios o comerciantes, su relación con el Estado y la prevalencia de los proveedores de protección. Que al final es el origen de la mafia, la oferta de protección, no los mercados ilegales”, concluye.

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