Cobro por derecho de piso, robo de identidad y amenazas telefónicas: las extorsiones en México alcanzan cifras récord en 2021

Un sábado por la mañana a mediados de diciembre una empresaria de la Ciudad de México recibió un mensaje de ayuda de una de sus colaboradoras más cercanas para pedirle ayuda por un “problema personal”. El contacto de WhatsApp no dio más detalles. Al día siguiente, la insistencia de esa persona creció hacia la emprendedora: “Me urge que me deposites 10.000 pesos, tengo trabada mi aplicación y como no abren los bancos no puedo tener dinero a mi dinero, por favor ayúdame”, rezaba uno de los mensajes. La mujer accedió y recibió entonces los números de una cuenta bancaria y la promesa de que en menos de 24 horas sería saldada la deuda.

Momentos después de enviar el recibo del depósito, comprendió que algo andaba mal. Hasta ese momento verificó que el nombre de la cuenta no estaba al nombre de la mujer conocida. Del otro lado del teléfono, aún sin saberlo, una persona respondía que no había problema, que esa cuenta era de un familiar que la había auxiliado por el bloqueo de su aplicación bancaria. Dos horas más tarde, los contactos en común con la persona alertaban sobre estos peculiares menajes de ayuda con urgencia de un depósito por miles de pesos. Fue ahí cuando la empresaria fue consciente de que había sido víctima de una extorsión telefónica. “Era la misma foto de la persona que yo conocía, tiene dos hijos pequeños, yo creí que si me estaba pidiendo dinero era por algo importante”, refiere la afectada.

Semanas más tarde, uno de sus colegas le pidió un préstamo por 50.000 pesos porque supuestamente le habían secuestrado a su nieto. Una falta de ortografía en la palabra “hacer” fue la ventana para que la mujer se percatara de que nuevamente era un intento de robo, por lo que alertó en los grupos de WhatsApp donde este contacto estaba añadido sobre la suplantación de identidad. Su sorpresa fue que del otro lado del teléfono el hacker comenzó a amenazarla: “Nos las vas a pagar perra”, recuerda la empresaria entre el miedo y el asombro.

La mujer, dedicada desde hace 20 años al sector de servicios, prefiere no dar a conocer su nombre por miedo a que los agresores puedan identificarla y hacerle daño. “Se ve que estos delincuentes te estudian, en los dos casos, redactaron el mensaje con las palabras con las que normalmente me buscaban esas personas en WhatsApp. Utilizan los mismos diminutivos, los mismos adjetivos, entonces eso te genera confianza”, detalla.

Aunque ella intentó presentar una denuncia desde el primer caso ante la Policía Cibernética solo encontró trabas burocráticas que atascaron el proceso. Pese a las llamadas, la relatoría de hechos y las capturas de pantalla compartidas con las autoridades la respuesta fue nula, así que solo le quedó la frustración y su propósito de alertar a familiares y conocidos sobre este nuevo modus de extorsión a través del robo de identidad en esta red social. “Es muy desagradable, por tratar de ayudar acabé siendo robada. Tengo tres hermanos y uno también cayó en el mismo delito, a mi hermano un supuesto cliente le pidió 50.000 pesos”, zanja.

Las historias de engaños, robos y cobros de derecho de piso siguen sin dar tregua en México. En 2021 el país registró una cifra récord de 9.407 víctimas de extorsión, un incremento del 12,3% respecto al año anterior cuando la cifra se situó en 8.380 afectados, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Zacatecas fue el Estado donde más extorsiones se registraron con un 27,8%, seguido de Guanajuato (26%), Quintana Roo (22%), Tabasco (21%) y Ciudad de México (20%).

El presidente López Obrador ha reconocido en sus conferencias habituales en Palacio Nacional que este delito va al alza a pesar de que en marzo del 2020 comenzó a operar la Base Nacional de Presuntos Números de Extorsión Telefónica o Fraude. Esta base de datos —que suma más de 220.000 números telefónicos— no ha conseguido frenar los cobros de derechos de piso ni las llamadas durante la madrugada amedrentando a familiares por el supuesto secuestro de un ser querido. Los extorsionadores campan a sus anchas en el territorio nacional y eligen como víctimas por igual a estudiantes, amas de casa o empresarios.

Dentro del sector empresarial, la extorsión es el tercer delito más frecuente solo detrás del robo de mercancía y el hurto de vehículos. El presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, asegura que las organizaciones criminales se han sofisticado ante la crisis económica derivada de la pandemia y ahora también hacen uso de los dispositivos móviles para engañar a sus víctimas.

Según un sondeo hecho por el organismo, en conjunto con los datos oficiales, la minería fue el sector económico más afectado por la extorsión (25%) el año pasado, seguido de restaurantes y hoteles (23%) y servicios de salud. La microempresa fue la que más daños resintió por este delito. “Es alarmante el aumento que hemos tenido y por eso la petición a las autoridades para que revisen la Estrategia de Seguridad Pública para poder lograr mejores resultados”, señala el presidente de la patronal.

Medina Mora, representante de más de 36.000 empresas mexicanas, hace hincapié en que la cifra récord de víctimas, derivadas de las denuncias hechas ante el Ministerio Público son solo la punta de iceberg de un delito que, según sus cálculos, solo supone el 1% de los casos en el país, por lo que existe una incidencia real de más de 940.000 extorsiones por año. Sus números no están alejados de los datos oficiales, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Victimización de Empresas del Inegi, en 2019 se reconocieron 912.000 delitos de extorsión a negocios y empresas en el país. En ese año, el 92% de los casos se perpetró vía telefónica.

Aunque la vía remota es una de las formas más socorridas de extorsión, no es la única. El cobro del derecho de piso in situ también ha encendido las alarmas en algunas partes del país. En septiembre pasado el colectivo México SOS denunció que la bonanza turística en Quintana Roo y Playa del Carmen habían atraído a los criminales, quienes han exigido cobros de piso al gremio hotelero de la zona que van desde los 20.000 pesos a los 160.000 pesos. El coordinador del organismo en esa zona, James Tobin, declaró que la extorsión ha llegado a obras en construcción que tienen muchos trabajadores, y donde grupos del crimen organizado cobran derecho de piso a los albañiles o los obligan a la venta de droga.

La escalada de extorsiones también representa un descalabro económico para los afectados y en un cuantioso botín para los perpetradores. En 2020, las pérdidas económicas por este delito ascendieron a más de 26.000 millones de pesos, el doble de lo registrado en 2018, cuando la cifra fue de 12.000 millones de pesos, de acuerdo con las encuestas nacionales de Victimización y Percepción de Seguridad Pública elaboradas por el Inegi.

Las cifras oficiales ya dan cuenta de una realidad que apunta a ser al menos cien veces peor de lo que se registra en papel. Mientras las víctimas de este delito se enfrentan a laberintos burocráticos y promesas de justicia, el crimen organizado diversifica sus mecanismos para robar, defraudar y extorsionar.

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