La inseguridad azota México a dos años de la creación de la Guardia Nacional

Superada la vorágine electoral, México dirige ahora sus pasos a la siguiente estación del espectáculo político: los actos conmemorativos de mitad de mandato del presidente, Andrés Manuel López Obrador. En diciembre, la Cuarta Transformación alcanza el cenit, su particular solsticio veraniego. Después iniciará la cuenta atrás, tres años para concretar apuestas y superar desafíos, ninguno tan urgente y lacerante como la inseguridad.

Promesa de campaña del mandatario, la reducción de los índices delictivos aparece de momento como un problema sin resolver. Antes de su toma de posesión, López Obrador se refería a la inseguridad como una cuestión solventable, pendiente únicamente de que el Gobierno empleara las herramientas adecuadas. Para ello, el presidente impulsó la creación de la Guardia Nacional, corporación de envoltorio civil y espíritu castrense que llegaría a sustituir a la Policía Federal, considerada insalvable, por corrupta.

Después de un proceso de gestación tan complicado como criticado, modificaciones a la Constitución de por medio, la Guardia Nacional empezó a operar hace ahora dos años. Vistos los resultados, el optimismo ha desaparecido del discurso de López Obrador, espacio que ahora ocupan llamados a la paciencia y aseveraciones cuestionables sobre los diferentes grados de paz que vive el país.

La realidad se empeña en apurar al mandatario. Lejos de bajar, el registro de asesinatos se mantiene al nivel de los últimos años del Gobierno anterior y en varios estados, caso de Guanajuato o Zacatecas, ha aumentado. En los últimos meses, el crimen parece haber despertado en regiones que parecían tranquilas, al menos comparado con los Gobiernos anteriores, caso de Tamaulipas. Hasta finales de mayo, México contó más de 12.000 asesinatos, en la media de los dos años anteriores. Los tres años de López Obrador en el poder han sido los más violentos desde que existe el registro.

Para Alejandro Hope, experto en políticas de seguridad, el problema de la guardia es de diseño. “Tienen una cobertura amplia pero delgada, y eso hace muy rígida su operación”, argumenta. “Como están distribuidos en más de 200 bases, cubren mucho territorio, pero la presencia es muy delgada y en ningún lugar cambian la ecuación. Si agarras lo que pasó en el arco norte hace unos días, el asalto masivo a 40 vehículos a una hora de Ciudad de México en una carretera federal… ¡Se tardaron dos horas en llegar!”, añade.

Hasta el momento, el Gobierno ha desplegado algo más de 100.000 agentes de la corporación en el país. La idea es alcanzar los 150.000. Hope explica que uno de los motivos de que no haya cambiado nada es justo que la diferencia entre las fuerzas desplegadas por el anterior Gobierno y este es prácticamente nula. “Son las mismas personas haciendo lo mismo, con el mismo equipo. Solo el uniforme es distinto. Si tú ves lo que había desplegado en el sexenio de Peña Nieto con militares, marinos y policías federales, te da lo mismo ahora con la Guardia Nacional”.

El riesgo de la militarización

Desde que el Congreso empezó a discutir los cambios constituciones necesarios para crear la Guardia Nacional a finales de 2018, las críticas de expertos y organizaciones de la sociedad civil han sido una constante. El motivo siempre ha sido el mismo, los riesgos de que su aparición condensara un temor antiguo, la militarización de la seguridad pública. Dos años y medio después parece que las sospechas estaban fundadas. No hace aún dos semanas, López Obrador reveló que su intención es que la Guardia Nacional deje de depender de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, civil, y se acomode bajo el paraguas de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército.

En un informe presentado este miércoles titulado Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro señala que si bien la reforma de la Constitución consagraba el carácter civil de la Guardia Nacional, los reglamentos y leyes secundarias han provocado un viraje castrense preocupante. “En el diseño de las leyes que acompañaron la creación de la guardia es posible encontrar una nítida línea de continuidad entre lo que las Fuerzas Armadas exigían en el pasado y lo que se les ha otorgado en el presente”, señala el informe.

Convencidos de la utilidad de los militares en tareas de seguridad, los Gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) trataron de regular su presencia en las calles. Ante las dudas que dejaba la Constitución, la Suprema Corte dijo en 1996 que las Fuerzas Armadas podrían auxiliar a las autoridades civiles de manera “puntual, a solicitud expresa (...) subordinándose a ellas”. El informe del Centro Pro señala que la realidad acabó por superar ese supuesto. Ya con Calderón, su apoyo no fue puntual, sino constante y la subordinación al mando civil quedó en mera anécdota.

Las críticas a la presencia del Ejército en las calles, realizando labores policiales, apuntan a la cantidad de episodios de uso excesivo de la fuerza empleada por los militares, un eufemismo que señala casos de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y torturas, entre otras violaciones a derechos humanos. En el caso de la Guardia Nacional, con su estructura y composición castrense -más del 75% de sus integrantes son marinos o militares-, la preocupación es la misma.

El Centro Pro señala que en poco más de dos años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha abierto 451 expedientes por quejas contra la Guardia Nacional. De ellas, solo en un caso elaboró un informe, denunciando mala praxis. La opacidad del actuar de la Guardia, señala el documento de la organización, es enorme, igual que ha ocurrido con el Ejército o la Armada. A petición de los abogados del Centro Pro, la Guardia Nacional informó que desde agosto de 2019 a abril de este año, elementos de la corporación han participado en 63 enfrentamientos con “agresores”. En esos enfrentamientos, 14 agentes murieron por 89 civiles, al menos cinco de ellos ajenos a cualquier grupo armado.

Lejos de funcionar como balance, los datos anteriores muestran que estos enfrentamientos apenas generaron investigación alguna. No hay pesquisas abiertas sobre las balaceras y la única fuente de información es la propia Guardia Nacional, que dice quién es civil ajeno baleado y quién agresor. Profundizar la militarización de la corporación, como plantea el presidente, supondrá un reto a su jefatura, siembre bajo el escrutinio de la oposición, la sociedad civil y los colectivos de víctimas, conocedores de los malos manejos de los militares estos años.

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