Los 43: el símbolo de un país en manos del crimen

Para millones de personas, en México y el mundo, se convirtieron en una suerte de mártires y en el símbolo de los horrores que es capaz de alcanzar un Estado cuando está coludido con las organizaciones criminales. Para otros, fueron unas víctimas que estaban en el lugar y momento equivocados, en un país que es como un campo minado y en el que dar un paso en falso es fatal. Incluso, existe una minoría radical que ha querido presentarlos como unos alborotadores que pagaron con la vida el error de meterse donde no debían (y que terminaron por ser explotados políticamente después de su desaparición). Lo indudable es que los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa que fueron secuestrados en el municipio de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, representan una herida social aún abierta y significaron uno de los mayores puntos de quiebre entre la sociedad mexicana y el poder institucional en los últimos decenios.

A lo largo de los casi ocho años que han transcurrido desde los hechos, se han divulgado todo tipo de versiones de lo que ocurrió, incluida la famosa “verdad histórica”, defendida por el entonces procurador Jesús Murillo Karam (apresado el pasado viernes, bajo cargos de desaparición forzada y tortura) y adoptada por el Gobierno federal en su conjunto hasta el cambio de colores en la Administración en 2018. Aquella versión, en resumen, proponía que los jóvenes, que estaban tomando camiones de transporte por la fuerza para llevarlos a una protesta, fueron asesinados y sus cuerpos incinerados por obra del grupo criminal Guerreros Unidos, con el apoyo de policías municipales sobornados. Los delincuentes los habrían confundido con integrantes de Los Rojos, una organización rival. Esta postura nunca fue aceptada por los padres de los estudiantes, y también fue impugnada por los informes del Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI) que indagó el caso durante casi dos años.

Al llegar a la presidencia en 2018, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador descartó la investigación previa y formó una Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa, que ha ido adoptando el enfoque de que la desaparición de los estudiantes fue un episodio que requirió, además de la voluntad criminal de Guerreros Unidos, de una amplia participación de instituciones, que incluyen a mandos militares y de la policías federal, estatal y municipales, y también autoridades de procuración de justicia de todos los niveles. Esto, claro, no solo para desaparecer a los jóvenes, sino para alterar las escenas del crimen, falsear la información y ocultar datos. La Fiscalía federal emitió órdenes de detención contra 46 exfuncionarios relacionados con el asunto, incluyendo al encargado de la indagación original, Tomás Zerón, quien evadió a la justicia y se encuentra actualmente en Israel. Por si esto fuera poco, cuando menos veintiséis personas relevantes para la investigación han muerto durante su desarrollo, agrega la Comisión. El caso Ayotzinapa, pues, es la turbiedad encarnada.

La detención de Murillo Karam ha levantado controversias. Desde la oposición se señala que, más que una medida de justicia, se trata de una maniobra de medios que terminará desvaneciéndose y recuerdan lo que ha sucedido con los arrestos de los exfuncionarios Rosario Robles (libre desde la semana pasada) y Emilio Lozoya (quien gozó de meses de libertad y cuyas acusaciones contra la administración pasada no han llegado a nada concreto aún). En lo que sí coincide la nueva indagatoria con la descartada es en el hecho de que no existe posibilidad alguna de que sigan vivos aquellos jóvenes, provenientes de comunidades marginales y populares, que fueron llevados contra su voluntad y masacrados y cuyo destino trágico sigue ensombreciendo el país.

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