Universidades Benito Juárez: un ambicioso proyecto educativo que se resquebraja

Los profesores de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, uno de los planes estrella en el ámbito educativo del presidente Andrés Manuel López Obrador, siguen en pie de guerra. Este mes han llevado la protesta por haber sido apartados de sus funciones hasta el Congreso, pero ninguno de los diputados de la comisión de Educación les ha respondido aún. En la información que les hacen llegar se dice que han sido “despedidos” sin “decir agua va”, comentan las dificultades de trasladarse al lugar donde se ubican las sedes universitarias cuando estuvieron los siete meses iniciales sin cobrar, el cambio de planes de estudio que les obligó a trabajar más de 35 horas semanales con el mismo sueldo, incluso recortado. Las prácticas de campo que no se interrumpieron ni en pandemia. Y cómo los alumnos se han quejado del cambio de reglas en sus ciclos académicos, así como la falta de reconocimiento oficial en sus documentos de estudiantes. Este periódico ha tratado de recabar, sin éxito, la versión de la Secretaría de Educación Pública al respecto. Apenas unas semanas después de conocerse el fin del presupuesto para las escuelas a tiempo completo en las zonas marginadas, las universidades de los pobres se enfrentan al naufragio.

Las Universidades Benito Juárez son un proyecto de la llamada Cuarta Transformación para acercar los estudios superiores a aquellas zonas distantes donde se carece de “medios económicos” para cursarlos, “a quienes no están en condiciones de abandonar a sus familias” para seguir su actividad académica y “a quienes debieron abandonar el sueño de tener una carrera”. Es decir, para aquellos alumnos que soportan “la terrible indiferencia respecto a las condiciones de pobreza, marginación y aislamiento”, se lee en la página web oficial. El objetivo era crear hasta 100 sedes por todo el país, algo que se ha cumplido, según la misma página del gobierno, donde se informa de todo esto. Dicen contar con más de 15.000 estudiantes y 815 docentes para impartir hasta 36 carreras universitarias siguiendo un modelo “gratuito, presencial y solidario” así como anclado en las comunidades y la identidad de los pueblos. Pero antes de que hayan salido los primeros estudiantes egresados de este sistema, en plena pandemia, se empezó a prescindir de los profesores para “menoscabo del programa académico”, según dicen algunos de los afectados.

Silvia Arévalo es una de las “despedidas”, un término que no le gusta a la responsable de estas universidades, Raquel Sosa, que prefiere hablar, como dicta el contrato, de un “convenio” entre las partes que puede ser rescindido llegado el caso. Arévalo llegó desde Guadalajara con su hija para afincarse en la Ciudad de México y comenzar sus clases en la sede de Xochimilco cuando empezó el proyecto, en 2019. En 2021 ya había afrontado un cambio de plan de estudios, “cuando el primero apenas acababa de arrancar”. Ya no daban asignaturas, sino “temas” y el horario se complicaba hasta solaparse e impedir atender todas las clases fijadas”, según cuenta. Muchos protestaron y perdieron su trabajo. Han puesto demandas por despidos injustificados. Arévalo calcula que entre julio y octubre del año pasado salieron del sistema unos 150 profesores y que “el goteo sigue”. “El problema es que el número de docentes sigue siendo un misterio”, afirma. “La opacidad es total”. Ahora sigue viviendo en Ciudad de México para no desarraigar los estudios de su hija y gracias a que su pareja actual les financia los gastos. “Él nos da de comer, si no...”.

En Xochimilco, los alumnos estudian para llegar a ser maestros. Otras sedes imparten distintas titulaciones. Tienen clases presenciales, virtuales y prácticas. El año pasado eran 11 docentes y el incremento de la matrícula les hacía pensar que necesitarían otros tres más, pero perdieron cuatro maestros que no fueron sustituidos. Jeremy, uno de los alumnos que se oculta bajo este apodo por miedo a represalias, se llevó un gran disgusto. “El primer y segundo ciclo fueron buenos, pero en tercero quitaron a los mejores profesores, los más exigentes; las clases comenzaron tarde y no teníamos todas las materias, las iban incorporando por semanas. Algunos, como yo, que vivo en la Gustavo Madero, en una de las zonas rojas de alta peligrosidad, tardamos hasta dos horas en llegar, no nos daba tiempo a volver a casa y luego ir a la escuela para asistir a las presenciales y a las virtuales”, afirma.

Las prácticas se complicaron. “Si íbamos a los colegios a buscar las prácticas con alumnos teníamos que hacer nosotros los papeles para que nos aceptaran, no sabíamos y algunos como yo acabamos teniendo que montar nuestro propio grupo de alumnos en casa, juntando amigos, vecinos y conocidos. Agarrábamos a los niños en la calle para hacer las prácticas y montar nuestra escuela en casa. Nadie nos ha explicado por qué”. Jeremy se siente en una universidad de segunda, pero su sueño de ser maestro sigue intacto. “Quiero ayudar en el futuro a niños que llegan a secundaria sin apenas saber leer ni escribir y acaban abandonando y casándose muy pronto, teniendo hijos muy jóvenes”, dice. “Ya arrastro materias del ciclo pasado porque no las impartieron ni las han evaluado?”, lamenta.

Los matriculados en las Universidades Benito Juárez son alumnos mayores, entre 28 y 40 años, según cálculos imprecisos. A pesar de la edad, que en otras universidades les impediría recibir la beca, aquí, por las condiciones de marginalidad de dónde proceden los estudiantes, tienen una ayuda de 9.400 pesos cada cuatro meses. Eso le hace pensar a Jeremy que mucho siguen ahí porque precisan el dinero, sin pensar en la calidad académica. “Pero esto ya no se puede llamar universidad, está muy carente, no se hace investigación, que es lo que dice la Constitución. Me siento en una universidad de segunda”. El dinero de la beca no ha bastado para que Almudena, también nombre ficticio, tire la toalla y abandone. Se va a matricular en otro sitio ahora que su marido ya tiene trabajo y la apoya. “Vivo en Aztapozalto, a dos horas de Xochimilco, y ya no quiero sacrificar más tiempo y economía. Yo creo que no nos están dando los conocimientos adecuados, a mis compañeros los están aventando a la experiencia propia y de ahí van aprendiendo como pueden. Este sistema es autodidacta y eso no es del todo malo, pero estamos aquí para que nos enseñen”, critica. Almudena, de 36 años, planea seguir estudiando en línea.

En una oportunidad, los maestros afectados tuvieron ocasión de acercarse a hablar con Raquel Sosa, le grabaron la conversación, ella lo sabía, aunque manifiesta su disgusto por ello. “No voy a aceptar que están despedidos”, les dice. “No se renueva el convenio si no se cumplen las condiciones básicas”, añade, pero no menciona cuáles son estas. “No me avergüenza decir que este es un programa íntegramente de subsidios”. “Esto es como una beca, un subsidio, un apoyo. En otros lugares hay otras condiciones, aquí no van a ser trabajadores, exploren otras posibilidades. Búsquenle por otro lado, los convenios duran seis meses”, les sugiere a los docentes. Su descripción de universidad está lejos de ser similar a otras para estudiantes con más posibilidades.

Pero Silvia Arévalo no cambió su residencia de Guadalajara a Ciudad de México con todo y su hija, por seis meses. “Yo toda mi vida he sido docente, luché contra la reforma de Peña Nieto y tenía mi plaza en Guadalajara. Ahora estoy ante un proyecto precario que no admite críticas. No se les está ofreciendo a los alumnos un proyecto educativo de calidad con el que puedan competir con otros egresados. Nos ha molestado el engaño, pero también el que les están haciendo a los alumnos”, afirma. “¿Que no reunimos las condiciones? Yo y otros dos despedidos fuimos calificados entre los cinco idóneos”, reclama. “Solo pedimos justicia laboral”.

A su lado, otro docente apartado de las Universidades Benito Juárez, José Carlos Flores Buenaventura, afirma que muchos de los que en ellas trabajan o han trabajado tienen un currículo mejor que el que se les pide: “El 74% tenemos maestría y un 22% doctorado”. Lo saben, dicen, porque tras los despidos se pusieron en contacto entre ellos. “Yo creo que se está usando un criterio mal entendido de la austeridad que proclama el gobierno”, explica. “Las universidades son necesarias, hay 30 millones en edad de cursar estudios superiores y solo cuatro millones lo hacen”, afirma Flores Buenaventura.

En la misma página web gubernamental donde se informa de las Benito Juárez, el último párrafo de la presentación, en negrita, se dice que ya cuentan con “poco menos de 4.000 trabajadores” y que están “por llegar a 30.000 estudiantes, el doble de los que se menciona unos párrafos más arriba. ¿Cuántos alumnos hay en realidad? ¿Cuántos docentes y cuántos de ellos han sido apartados ya? ¿Por qué razones? ¿Qué presupuesto se dispone para ello? ¿Cuántas sedes hay ya por todo el país? En la Secretaría de Educación Pública, una semana después de la petición de este periódico, no han hecho comentarios al respecto.

Jeremy, de 28 años, vive con su madre -”mi padre nos dejó”- y varios hermanos y sobrinos en una casa. “Somos ocho o diez”, dice. A él le ha tocado lo mejor, porque es el pequeño y ya cuenta con el apoyo de hermanos que abandonaron la secundaria para ponerse a trabajar. “Yo llegué más en blandito”, afirma. Eso no ha impedido que haya trabajado intermitentemente desde los 18 años. Quiere ser maestro porque aún recuerda a aquellos que él tuvo: “Desde la primaria recuerdo a maestros que me ayudaron, que me apoyaron. Yo quiero hacer lo mismo en el futuro”.

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