López Obrador asegura que enviará un representante a la toma de posesión de Ortega: “Tenemos buena relación con todos”

La toma de posesión de Daniel Ortega para un cuarto mandato al frente de Nicaragua ha encendido la polémica en México. En las últimas 24 horas, las autoridades mexicanas han dado varios bandazos. Primero se anunció el envío de una comitiva diplomática, pero la Cancillería reculó después de ser ampliamente criticada por la decisión. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dejó entrever este lunes que no estaba enterado ni de acuerdo con la cancelación y ha enmendado la plana una vez más, al asegurar que sería “imprudente” que ningún funcionario mexicano fuera a la ceremonia de Ortega, reelecto tras encarcelar a todos los candidatos de la oposición. “Es la decisión de los nicaragüenses”, dijo López Obrador, en un espaldarazo a su homólogo nicaragüense y a una elección celebrada entre acusaciones de fraude masivo y condenas internacionales.

“Todavía no se decide”, respondió a López Obrador a un reportero que le preguntó qué opinaba de que no se enviara a ningún funcionario. Confundido, el presidente preguntó cuándo era la investidura de Ortega y no ocultó su sorpresa cuando se enteró de la decisión del equipo de Marcelo Ebrard, titular de Relaciones Exteriores, de no enviar a nadie. “Sí va a ir un representante”, dijo el presidente segundos después, desacreditando la instrucción de Ebrard.

En cuestión de minutos, el presidente de México dobló su apuesta de apoyo a Ortega. Tras leer una tarjeta que le acercaron al podio, López Obrador anunció que Ramiro Ayala, jefe de Cancillería de la Embajada mexicana en Nicaragua, había sido designado para acudir a la toma de protesta. El presidente también adelantó que iba a pedir el beneplácito del Gobierno nicaragüense para enviar al periodista Guillermo Zamora como embajador y dejar de tener a un encargado de negocios como representante en el país centroamericano.

“Nosotros tenemos buenas relaciones con todos y no queremos ser imprudentes”, argumentó López Obrador y subrayó que el país era soberano para definir su política exterior. “No podemos hacer un lado nuestra política de autodeterminación de los pueblos y de independencia”, dijo el presidente mexicano, que justifica la decisión bajo el principio de no intervención en la política de otros países. La aplicación de esa directriz durante el actual Gobierno ha sido selectiva. A veces se sigue a rajatabla como en Nicaragua, y otras parece ser completamente ignorada, como en las acusaciones de golpe de Estado y la condena por la salida obligada de Evo Morales en Bolivia.

“¿Cómo es posible que México avale esta farsa construida sobre la base de una represión brutal?”, reclamó el domingo el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en medio de los titubeos de las autoridades mexicanas sobre Nicaragua. Ortega llega a la ceremonia de este lunes prácticamente aislado por Occidente, tras “ganar” para hacerse cargo por un nuevo periodo de cinco años en unas elecciones sin competencia y con nulas garantías democráticas. La Unión Europea, Estados Unidos y decenas de países dentro y fuera del continente desconocieron el resultado. China, Rusia, Siria, Irán, Cuba y Venezuela anunciaron que acudirán al evento en Managua.

En América Latina ha cobrado fuerza el discurso de un nuevo eje de gobiernos progresistas, liderado por México y Argentina, y apuntalado por la llegada de Gabriel Boric en Chile. El tema de Nicaragua, sin embargo, siempre ha sido espinoso por el talante autoritario de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Argentina, por ejemplo, ha optado por un mensaje discreto y anunció que mandaría a un representante de su Embajada.

Las elecciones de noviembre pasado en el país centroamericano marcaron un punto de inflexión en la carrera de Murillo y Ortega por mantenerse en el poder, pese a las presiones internas y externas y las críticas de varias figuras históricas del sandinismo. Siete aspirantes presidenciales de la oposición fueron detenidos en las semanas previas a los comicios bajo cargos como “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, “falsedad ideológica” y supuesto lavado de dinero. La represión se saldó con arrestos domiciliarios, redadas y procesos judiciales persecutorios.

Por eso sorprende que López Obrador diga que “es decisión de los nicaragüenses”, en un país donde el presidente se ha perpetuado en el cargo desde 2007 y donde más de 40 periodistas, opositores y críticos del régimen han sido arrestados entre junio y diciembre del año pasado. Tras horas de confusión y sin importar las críticas en México, López Obrador ha dado al Gobierno de Ortega y Murillo el espaldarazo más claro en tres años en el Gobierno.

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