Familias monoparentales por decisión propia: “Desde las instituciones se anima a tener hijos cuando no existen políticas que lo apoyen de manera efectiva”
La mayoría de estos grupos familiares están formados por mujeres que demandan más ayudas sociales y el aumento del tiempo del permiso de maternidad
Silvia Castillo Castillo es una de las madres que forman alguna de las casi dos millones de familias monoparentales, lo que constituye en torno al 24% de las familias españolas con hijos menores. Según la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS), un 81% de ellas las forman mujeres. Castillo es enfermera y psicóloga, tiene 38 años y cuenta que desde los 25 tuvo claro que quería ser madre, pero que después de varias relaciones en las que “fallaba el compromiso por parte de la otra persona” decidió iniciar los trámites para adoptar. La adopción nacional no es asunto ni rápido ni sencillo: “Me contaron que el proceso podría llegar a demorarse nueve años. Además, las parejas tienen prioridad en la lista de espera”. Así que en la cabeza de la enfermera empezó a rondar la idea de tener un hijo natural ella sola.
Su familia la apoyó desde el principio, pero dice que le sorprendió que sus amigas la consideraran una valiente. Castillo decidió acudir a la sanidad privada, ya que “los tiempos en la pública se suelen retrasar y es importante no dilatar el proceso. Con 37 años cada mes puede ser más complicado”. Hay en las mujeres una cuenta atrás en cuestión de gestar, un tic tac que suena como el estómago del cocodrilo que se comió la mano del Capitán Garfio. Paciencia y dinero, he ahí la clave: “El proceso de quedarme embarazada comenzó con dos inseminaciones artificiales fallidas y en la primera in vitro me quedé”. Asegura que ha podido gastarse entre 10.000 y 15.000 euros: “Solo las inseminaciones eran 1.300 euros cada intento”.
Le costó asumir no saber quién fue el donante, asegura, “mientras que en otros países se puede hasta escoger”. El Comité de Bioética de España (CBE), en 2020, emitió un informe en el que abogaba porque los donantes de óvulos y espermatozoides dejasen de ser anónimos. Lo son desde 1988, por la Ley de Reproducción Asistida. El asunto trae controversia, ya que la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) emitió un texto oponiéndose a la abolición del anonimato. Como ha expuesto la experta en reproducción asistida Rocío Núñez, la argumentación se basa en el derecho de los niños a conocer su origen frente a los derechos de los donantes a mantener su autonomía en la toma de decisión. Cierto es que el anonimato también conlleva opacidad en el negocio de las clínicas.
Castillo está de permiso maternal, a punto de incorporarse al trabajo. Su bebé tiene tres meses y acaba de recibir la contestación de la Seguridad Social denegándole la ampliación del permiso “por segundo progenitor”. El INSS rechaza la ampliación, así que lo que hacen algunas madres es ir a juicio, ya que hay algo de jurisprudencia. Esta madre asegura que ha tenido 16 semanas de baja que le parecen insuficientes porque el bebé estará la mitad de tiempo de cuidado en exclusiva de su principal figura de apego si se compara con una familia biparental. “Lo justo serían 32 semanas”, señala. Las 16 semanas son escasas también para las madres que dan el pecho, ya que la OMS recomienda un mínimo de seis meses de lactancia materna exclusiva.
“La baja debería ser como mínimo de seis meses”, añade Ana Galindo. Ella también es madre soltera y su niña ha cumplido los 13 meses. Galindo tiene 43 años y a los 39, acompañada por una amiga, fue a congelarse óvulos. “Ese día me quedé tocada emocionalmente y decidí no decirle nada a mis padres porque sabía que se me saltarían las lágrimas. Era como un primer paso para aceptar que el ser madre se me escapaba”, dice. En un principio, no lo hizo con la idea de ser madre soltera, pero acabó pensando que “ya había perdido mucho tiempo” y además de “toda la energía que había puesto en encontrar una pareja con la que formar una familia tenía que canalizarla en ser madre y criar y educar a una niña”. Recién cumplidos los 40 ya se le escapaba hacerlo por la Seguridad Social, así que fue la misma clínica que tenía los óvulos congelados.
“Mandé hacer un estudio genético preimplantacional a los óvulos que iba a descongelar. Era un estudio caro, 3.000 euros adicionales, pero ayudaba a descartar óvulos que tuvieran tres de las trisomías genéticas más habituales, por ejemplo síndrome de Down; también ayudaba a seleccionar el óvulo de más calidad”. Explica que escoger reduce la probabilidad de tener un aborto espontáneo, “tan habitual en embarazos de mujeres de edad avanzada”. Ana Galindo tuvo la suerte de quedarse embarazada a la primera, pero aun así, contabiliza haber gastado más de 11.500 euros en el proceso.
“Por ser familia monoparental no recibo ninguna ayuda. Tienes que tener una renta irrisoria para recibir algo. Recibo ayudas, pero exactamente las mismas que cualquier madre trabajadora de una familia biparental”, explica Galindo. Sobre qué mejoraría en la administración pública, señala que también es necesario ampliar la red y el número de plazas en las escuelas públicas, así como flexibilizar el horario. “Estoy obligada a pedir jornada reducida, con la correspondiente reducción de sueldo, para poder llevar a mi hija a la escuela, porque el horario no es flexible”, señala.
Castillo asegura que “desde las instituciones se anima a tener hijos y fomentar la natalidad, cuando en realidad no existen políticas ni leyes que lo apoyen de manera efectiva”. Según FAMS, si las familias monoparentales se situaban en 2020 (según datos del INE) en un 49,1% en riesgo de pobreza, el no tomar medidas específicas para este modelo familiar les “empuja a la vulnerabilidad y a la exclusión social”. Carmen Flores Rodríguez, presidenta de FAMS, reclama políticas públicas para que las familias monoparentales puedan acceder en condiciones de equidad y justicia social a las ayudas de vivienda pública: “También sería necesario la modificación de los criterios en el ingreso mínimo vital para considerar a estas familias como unidad de convivencia independiente, respecto del cómputo de sus ingresos y del complemento de monoparentalidad”.
Desde FAMS se exige la revisión de los criterios de renta para el complemento a la infancia, igualando al de biparentales con el mismo número de hijos. Así como, respecto al IRPF, igualar la reducción por tributación conjunta a la de las familias tradicionales, 3.400 €, considerando la menor capacidad económica real por mayores gastos en conciliación.
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