El Supremo de EE UU da la razón a Trump y le permite presentarse a las elecciones

El improbable viaje de la sección tercera de la decimocuarta enmienda de la Constitución estadounidense terminó este lunes en Washington, donde el Tribunal Supremo decidió por unanimidad que Donald Trump tiene derecho a figurar en las papeletas de las primarias de Colorado, previstas para el 5 de marzo. Colorado es uno de los 15 Estados que acuden a las urnas el Supermartes, cuyos electores, ahora sí, podrán votar por el expresidente, más que probable candidato republicano a la Casa Blanca. El fallo también supone que tiene derecho a concurrir en el resto de primarias de los Estados de la Unión, así como a las elecciones generales de noviembre.

“Debido a que la Constitución hace al Congreso, y no a los Estados, responsable de hacer cumplir la sección tercera de la decimocuarta enmienda contra los titulares de cargos y candidatos federales, el Tribunal Supremo de Colorado se equivocó al ordenar que el expresidente Trump fuera excluido de la papeleta de las primarias presidenciales de 2024″, dice el texto del alto tribunal, que considera que una decisión de ese calado solo puede adoptarse desde una instancia y con alcance federales. La obligación de que además tenga que ser mediante la aprobación de una ley en el Congreso se traduce en la práctica en un blindaje para Trump: los republicanos tienen mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado se necesita un sí cualificado de 60 escaños, casi imposible de reunir en el clima político estadounidense actual.

La decisión —de 20 páginas y con dos votos particulares que se muestran de acuerdo con el tenor general, pero ponen pegas a la argumentación— no entra en considerar si los actos de Trump encajan en la definición de una insurrección. Se trata del fallo en materia electoral más importante de la historia de Estados Unidos desde el de Bush contra Gore, que zanjó la disputa por el recuento de votos en Florida en las elecciones de 2000 y acabó dándole la presidencia a George Bush hijo.

Trump celebró el fallo en un mensaje en mayúsculas en su red social, Truth: “¡¡¡UNA GRAN VICTORIA PARA ESTADOS UNIDOS!!!”. Pasado el mediodía, compareció desde su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida), para decir que cree que la decisión “contribuirá en gran medida a unir el país, algo necesario”. Aprovechó también para desplegar su habitual discurso victimista y xenófobo, lleno de inexactitudes y mentiras sobre asuntos como los migrantes que llegan a EE UU (”muchos, muchos de ellos son terroristas”, aseguró). Del Supremo, que aún tiene pendiente decidir sobre si tiene inmunidad total, como pretenden sus abogados, por los actos de su presidencia, destacó que haya actuado “tan rápido y tan brillantemente” al dejar claro que quienes quieran ir a por él “tendrán que hacerlo en las urnas”.

El Supremo de Denver había resuelto en diciembre que cabía aplicar la llamada “cláusula de inhabilitación” del texto fundamental al expresidente, por los actos, calificados como “insurrección” por una jueza de una instancia inferior, que Trump protagonizó en las semanas previas y durante el 6 de enero de 2021, jornada en la que una turba de sus seguidores asaltaron el Capitolio tras un mitin en Washington en el que el magnate los arengó para marchar hacia la sede del Congreso estadounidense, donde ese día estaban reunidos congresistas y senadores para certificar el triunfo electoral de Joe Biden en las elecciones del noviembre anterior. El candidato republicano se negó a aceptar ese resultado y aún sigue (junto a una tercera parte del electorado) sin darlo por válido.

A Colorado, donde la demanda la puso un grupo de votantes, cuatro republicanos y dos independientes, se sumaron después el Estado de Maine, y, la semana pasada y por sorpresa, una jueza de Illinois, que dictaminó que Trump no podía concurrir en las primarias del próximo 19 de marzo. Ambas decisiones quedaron, con todo, en suspenso a la espera de la sentencia este lunes en Washington. En la práctica, todos esos intentos quedan desestimados junto con el de Colorado. En estos meses se habían interpuesto más de treinta demandas parecidas por todo el país.

Los nueve magistrados del Tribunal Supremo (tres liberales y seis conservadores, tres de los cuales fueron nombrados por Trump mientras estaba en la Casa Blanca), escucharon el pasado 8 de febrero las argumentaciones de ambas partes y ya parecieron decididos a dar la razón a los abogados del expresidente. Entonces evitaron entrar a valorar si cabe calificar los actos del final de la presidencia de Trump como propios de una insurrección. En el fallo de este lunes, el tema tampoco se debate.

Toda la discusión giró en torno a la interpretación de un par de frases de la Constitución —95 palabras en total— muy poco usadas, sobre las que el Supremo nunca se había pronunciado. Se trata de la sección tercera de la decimocuarta enmienda, una adenda al texto fundamental aprobada en 1868, tres años después del fin de la Guerra de Secesión (1861-1865). Sirvió para otorgar plenos derechos a las personas esclavizadas y para colocar un dique de contención que evitara que los sublevados confederados pudieran volver a ejercer un cargo público y dinamitar el sistema desde dentro.

Argumentos cruzados

El texto tiene dos partes. La primera dice: “No podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector para elegir presidente y vicepresidente, ni desempeñará cargo civil o militar alguno bajo la autoridad de EE UU o de cualquier Estado, quien, habiendo jurado previamente apoyar la Constitución de EE UU como miembro del Congreso, como funcionario de EE UU o como miembro de la Asamblea Legislativa de cualquier Estado o como funcionario ejecutivo o judicial del mismo haya tomado parte en alguna insurrección o rebelión contra EE UU o haya prestado ayuda o facilidades a los enemigos del país”. La segunda continúa: “Empero, el Congreso, por medio del voto de dos terceras partes de cada Cámara, podrá subsanar esa incapacidad”.

En esa vista oral se plantearon dudas sobre si ese texto se refiere explícitamente al cargo de presidente, y de si es una provisión que se aplica automáticamente o si tiene que ser el Congreso el que la ponga en funcionamiento. Los abogados de Trump argumentan que el discurso ante sus seguidores del 6 de enero está protegido por la libertad de expresión. El acusado sostiene que su inhabilitación habría equivalido a un acto de persecución política.

En su opinión concurrente, la conservadora Amy Coney Barrett recuerda que “el tribunal está resolviendo una cuestión políticamente cargada en la volátil temporada de una elección presidencial”, y expresa un deseo de concordia en un país enfrentado: “Especialmente en estas circunstancias, nuestros fallos deberían bajar la temperatura nacional, no subirla”. La otra opinión concurrente la firman las tres juezas liberales, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown-Jackson. En ella, objetan que la sentencia, con la que están de acuerdo en líneas generales, va demasiado lejos, al decir que solo el Congreso puede aplicar la sección tercera: “No podemos unirnos a una opinión que decide cuestiones trascendentales y difíciles innecesariamente y, por lo tanto, solo coincidimos en el fallo”.

Es la segunda vez en menos de una semana en la que el Supremo le da un balón de oxígeno al expresidente en sus planes de regresar a la Casa Blanca cuatro años después. El miércoles pasado, el tribunal decidió que respondería a la pregunta de si a Trump le asistía la inmunidad presidencial cuando trató de revertir el resultado electoral de las elecciones de 2020, lo cual implica un nuevo aplazamiento en el inicio del juicio que se sigue contra el magnate en Washington por los hechos que desembocaron en el asalto al Capitolio. La vista para escuchar los argumentos orales de ambas partes ha quedado fijada para el 22 de abril. Es previsible que pasen semanas hasta que los nueve magistrados dicten, tal vez en junio, al final del curso judicial, su resolución. Solo entonces, y únicamente si no dan la razón a Trump y si le niegan la inmunidad, podrá fijarse la fecha de inicio del juicio de la injerencia electoral. Eso podría acarrear un retraso hasta septiembre u octubre.

La teoría jurídica de la inhabilitación empezó a tomar cuerpo en agosto pasado con la difusión previa a su publicación de un artículo científico de 126 páginas para la revista jurídica de la Universidad de Pensilvania. Titulado La extensión y la fuerza de la sección tercera, lo firmaban William Baude y Michael Stokes Paulsen, dos reputados académicos conservadores, que argumentan que la cláusula de descalificación afecta al presidente y que no caben dudas de que los actos de Trump encajan en su descripción.

Este lunes, el Supremo les ha quitado la razón, y ha puesto así fin al viaje de una teoría jurídica en la que los detractores de Trump habían depositado su fe para cortarle el camino de regreso a la Casa Blanca.

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