La transición de Estados Unidos depende de esta mujer

Cuando Emily Murphy compareció ante el Senado en octubre de 2017 para asumir el cargo de directora de la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) del Gobierno de Donald Trump sostuvo que no quería el puesto para hacerse un nombre o acaparar titulares. A dos meses de que el mandato del republicano llegue a su fin, la atención que no deseaba ha recaído en ella. Por ley, Murphy es la responsable de firmar un documento protocolario que permite al equipo del presidente electo, Joe Biden, avanzar en la transición. La certificación de los resultados que implica el texto autoriza al Gobierno entrante a que acceda a información clasificada o comience la mudanza a las instalaciones gubernamentales. Tres días después de la victoria del demócrata, la funcionaria no ha movido un ápice y Trump lidera una batalla judicial contra el proceso electoral.

El bloqueo de la inminente transición es un apéndice de la negativa generalizada a reconocer los resultados de las elecciones presidenciales adoptada por la Administración Trump. Murphy tiene la autoridad legal de poner en marcha la transición y liberar los 6,3 millones de dólares en fondos federales adjudicados a esta tarea. La firma del documento se entiende como el pistoletazo oficial para el cambio de mando. Sin ella, no se puede dar paso a los futuros miembros del equipo de Biden en las agencias federales ni capacitarlos durante las visitas a las oficinas de Gobierno. Tampoco pueden acceder a los espacios seguros para obtener y discutir información clasificada.

No existe un plazo establecido que determine cuándo el responsable de la GSA debe firmar el documento. Esto deja una ventana abierta hasta el 14 de diciembre, cuando el Colegio Electoral asigne los votos a cada candidato. Como referencia, el director interino de la GSA de la Administración de Barack Obama firmó la carta al día siguiente de las elecciones. Los responsables de la transición del equipo de Biden pidieron este lunes a un alto funcionario de la Administración Trump que pusieran fin a la “obstrucción injustificada” al dinero presupuestado para el traspaso de poder y el acceso que la ley federal garantiza que debe otorgarse al ganador de una elección presidencial, según informa The New York Times.

Pamela Pennington, portavoz de la GSA, informó este lunes en un comunicado que aún no se lleva a cabo la “certificación” de los votos y que la oficina y su dirección “continuarán cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la ley y cumpliendo con el precedente determinado por la Administración Clinton en 2000”. Ese año los resultados se conocieron semanas después de los comicios porque hubo una disputa legal en Florida para que recontaran las papeletas debido al estrecho margen entre el republicano George W. Bush y el demócrata Al Gore. Finalmente ganó el primero por 537 votos. Este año las circunstancias son distintas. Trump está intentando que dejen de contar votos legítimamente emitidos y la ventaja de Biden es de decenas de miles de sufragios.

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