Unos 200.000 ultraortodoxos se manifiestan en Jerusalén contra el alistamiento militar: “Defendemos al pueblo de Israel estudiando la Torá”

Unos 200.000 judíos ultraortodoxos se han concentrado este jueves en Jerusalén contra su alistamiento militar, en una protesta sin precedentes en una década que aumenta la presión sobre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cuya coalición depende del apoyo de dos partidos que representan a este colectivo. “Mejor morir como jaredí (”temeroso" de Dios, en hebreo, como se denominan los ultraortodoxos) que alistarse en el ejército”, rezaba una las pancartas de los manifestantes, que han llenado la entrada a la ciudad de color negro, rezos y plegarias. Su desencadenante ha sido los cientos de arrestos en los últimos meses a quienes ignoran las convocatorias para ponerse el uniforme.

Técnicamente, la protesta consistía en una oración y una recitación colectiva de salmos en apoyo al estudio de la Torá. Es decir, a cómo los judíos ultraortodoxos entienden que contribuyen a defender su país, en vez de colgarse el uniforme militar al cumplir 18 años, como hace obligatoriamente el resto de sus conciudadanos judíos. Durante 32 meses, los hombres; y 24, las mujeres. Tampoco participan en la reserva castrense, que puede extenderse hasta los 49 años.

Los organizadores de la manifestación la habían bautizado como “la marcha del millón”. Es aproximadamente el número total de ultraortodoxos en Israel, donde suponen un 13% de la población (diez millones). La asistencia, con autobuses llegados de distintas partes del país, ha quedado finalmente lejos de esa cifra, pero ha servido de demostración de fuerza contra el alistamiento, del que están exentos 80.000 estudiantes de seminarios religiosos judíos (yeshivot). También de unidad entre distintas ramas del judaísmo ultraortodoxo, a menudo enfrentadas. Jasídicos, lituanos y sefardíes se han sumado. Solo la boicoteó la más radical facción jerosolimitana.

“Esto no es contra los soldados, ni siquiera contra los soldados ultraortodoxos. Es solo a favor de que quien estudia la Torá, pueda sentarse y aprenderla, sin ser considerado un desertor en su Estado, el Estado de los judíos”, subrayaba uno de los participantes, Israel Cohen, de 36 años.

David Jamdi había venido ex profeso desde Safed, la ciudad del norte del país donde vive y estudia los textos religiosos. Tiene 16 años e insistía en que prefiere ir a la cárcel que a las Fuerzas Armadas si recibe dentro de dos la orden de ponerse el uniforme. “Morir antes que alistarse” resume. “Solo quiero que me dejen estudiar la Torá tranquilamente. El ejército está para que podamos seguir haciéndolo. Es el objetivo. Y el ejército, solo un medio para ello. Cuando estudias Torá, salvas a todo el pueblo judío”, afirmaba.

Al ser tan colectiva y multitudinaria, la concentración daba cabida a distintas sensibilidades, desde las más moderadas a las más combativas. Precisamente por las divergencias internas sobre la estrategia a seguir, no hubo un discurso o escenario central. Los grupos estaban organizados en función de su rabino o líder espiritual. En ocasiones formaban corros a su alrededor.

La presencia de mujeres era anecdótica y los más fundamentalistas y opuestos a la tecnología para preservar la tradición aprovechaban para difundir mensajes señalando que una “vida feliz” pasa por renunciar a ver películas y tener internet.

El ambiente ha cambiado de golpe, al circular la noticia de la muerte de un joven de 20 años, al desplomarse desde un rascacielos en construcción. Todos lo comentaban en alto o a través de los móviles, con gesto serio. La Policía investiga si fue un suicidio. Algunos ultraortodoxos estaban incluso subidos a enormes grúas, como reflejan vídeos difundidos en las redes sociales.

El fallecimiento, en cualquier caso, supuso el fin de la concentración. Los manifestantes se fueron dispersando mientras los organizadores repetían insistentemente desde un altavoz: “Por favor, bajad inmediatamente con cuidado de los edificios en construcción, gasolineras o marquesinas de autobuses. Supone un peligro inminente para vuestras vidas”. Unos pocos centenares se han quedado a la entrada de la ciudad y mantenido enfrentamientos con la policía de fronteras.

Aunque la convocatoria era extraordinaria, la exención militar de los ultraortodoxos es un asunto muy sensible en el país que colea desde hace décadas. La excepción se remonta al nacimiento del Estado, en 1948. Su padre fundador, el secular David Ben Gurión, la pactó con sus líderes cuando apenas afectaba a 400 estudiantes y suponían apenas el 5% de la población. Hoy, son el 13% y, con casi siete hijos de media, llegarán al 32% en 2065, según las proyecciones de la Oficina Central de Estadísticas. Tampoco tiene que hacer el servicio militar un colectivo más amplio: los palestinos con ciudadanía israelí. Son un quinto de la población del país, pero el consenso sobre su estatus (por uno y otro lado) es infinitamente más amplio.

La chispa que ha encendido ahora el fuego de la protesta es el aumento de los arrestos por ignorar órdenes de reclutamiento. Superan los 870, un 7% de los casi 7.000 declarados insumisos, desde el verano. La semana pasada, podían verse en Mea Shearim, el barrio ultraortodoxo por excelencia de Jerusalén, manifestaciones de cólera por una de las detenciones.

También ha caldeado los ánimos la filtración de un nuevo proyecto de ley de alistamiento que se debatirá la próxima semana. No contenta prácticamente a nadie y ha dividido al Likud, el partido de Netanyahu.

El primer ministro necesita a los dos partidos ultraortodoxos, Judaísmo Unido de la Torá y Shas, para mantener en pie la coalición que forjó tras las elecciones de 2022 y que incluye también a la ultraderecha. Ambas formaciones, presionadas también por sus bases y con diferencias internas, vienen haciendo equilibrismos para teatralizar su enfado. El primero abandonó en julio el Gobierno, pero siguen votando con él. Y la semana pasada, los altos cargos ministeriales de Shas dimitieron de sus puestos en el Parlamento, pero se han quedado en la coalición.

Como prueba del descontento en algunos sectores, un grupo distribuía octavillas a la entrada de Jerusalén, criticando al líder de Shas, Aryeh Deri, por permanecer en el Ejecutivo. Una contenía la frase “¿A quién tratas de engañar?”. Otra le decía que el histórico líder espiritual sefardí, Ovadia Yosef, lo “mira desde el cielo y grita: ”¡Basta!”.

Ganar tiempo

Netanyahu viene ganando tiempo —su especialidad— para mantenerse en el poder sin aprobar una ley de reclutamiento, por la que presionan colectivos de reservistas, una parte de su partido y sus socios del nacionalismo religioso, cuyos votantes se postulan con entusiasmo para las unidades de combate. De hecho, defenestró al entonces presidente del comité parlamentario de Exteriores y Defensa, Yuli Edelstein, también del Likud, por su rechazo a exonerar retroactivamente a miles de ultraortodoxos insumisos.

Pero algo tiene que hacer. El año pasado, el Tribunal Supremo dictaminó por unanimidad que el Gobierno está obligado a alistar a los ultraortodoxos y dejar de financiar los seminarios religiosos en las que estudian. Su exención del servicio militar, argumentó, carece de marco legal y “genera una discriminación grave” respecto a quienes sí sirven. Es entonces cuando comenzó el envío de convocatorias a filas y, sobre todo en los últimos meses, de arrestos a quienes las están ignorando.

Ahora le toca la patata caliente a Boaz Bismuth, otro diputado del Likud. Ha prometido una propuesta que “respete a los estudiosos de la Torá” y “equilibre” dedicación a los textos religiosos y servicio militar. Pero la ley de exención deberá pasar el filtro del Supremo, que ya tumbó otra en 2002 por discriminar a quienes sí sirven y declaró inconstitucional la exención en 2017.

La invasión de Gaza ha vuelto a recrudecer la polémica, con cientos de miles de soldados y reservistas movilizados (a menudo, una y otra vez) en Gaza, Cisjordania, Líbano o Siria. En la calle, los medios de comunicación y las redes sociales es aún más palpable la sensación de que los ultraortodoxos siempre acaban librándose, por integrar casi siempre los últimos ejecutivos, de aportar —fiscal, social o militarmente— al Estado. Es lo que llaman en las protestas “la igualdad en la carga”. Molestan principalmente los subsidios a los seminarios religiosos cuando más se habla de apretarse el cinturón. Una organización de reservistas militares organizó una contramanifestación para pedir una “auténtica ley de alistamiento”.

La oposición, además, viene haciendo bandera del asunto, con un discurso de criminalización de los ultraortodoxos que cala en amplias capas de la sociedad y en el que dibuja a Netanyahu como rehén de sus dos socios que representan al colectivo.

De hecho, el líder de la oposición, Yair Lapid, lanzó este lunes una polémica y antidemocrática propuesta que refleja cuánto toca la fibra la exención al centro-izquierda sionista, que se autodefine como liberal, y tiene Tel Aviv y alrededores como epicentro. En un evento parlamentario del partido que preside, Yesh Atid, Lapid prometió que —si vuelve a ser primer ministro— habrá una “ley simple”: “Quien no se aliste, no votará en las elecciones […] Diremos a los ultraortodoxos: no es contra vosotros, no es un castigo. Al contrario, es una invitación a ser parte de la historia israelí, de nuestro destino común, de un país donde todos tienen las mismas obligaciones. Si no, no tendrán los mismos derechos”.