La UE abre la puerta a revisar su relación con Israel al constatar incumplimientos de los derechos humanos en Gaza

Israel no está cumpliendo con sus obligaciones en materia de derechos humanos con su ofensiva militar en Gaza. Así se constata en el informe elaborado por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que dirige la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, para revisar si el Gobierno de Benjamín Netanyahu cumple el artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel. Dicho artículo establece que las relaciones entre las dos partes “se basarán en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos”. El informe da argumentos a los países, entre ellos España, que apuestan por revisar el Acuerdo de Asociación o adoptar otro tipo de sanciones.

Se trata del primer documento europeo que concluye, casi sin matices, que Israel está incumpliendo sus obligaciones internacionales, particularmente las adquiridas con la Unión Europea. “Con base en los análisis realizados por instituciones internacionales independientes (…) existen señales de que Israel incumpliría sus obligaciones en materia de derechos humanos en virtud del artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel”, señala el informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Aunque parece una conclusión cuanto menos tímida, como han lamentado ya algunas ONG que reclaman medidas drásticas contra Israel, las seis páginas del informe hacen una exposición de hechos devastadora con el repaso de los principales hallazgos de diversas organizaciones e instituciones internacionales que han analizado la actuación israelí en Gaza desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023.

Así, se recoge que el bloqueo y asedio de Gaza por Israel equivale a un “castigo colectivo” prohibido por el derecho humanitario internacional y que también podría considerarse que Israel ha hecho “uso del hambre como método de guerra” —otro extremo prohibido— al haber privado a la población civil del derecho a alimento, agua y salud.

Uno de los puntos que se recogen en el documento del SEAE son los ataques a hospitales y ambulatorios médicos. “El ejército israelí ha atacado hospitales en Gaza de una forma aparentemente sistemática”, apunta el texto, haciéndose eco de la opinión del alto comisionado para los Derechos Humanos, dependiente de la ONU, organismo multilateral muy criticado por Israel durante esta guerra por su denuncia constante de la catástrofe humanitaria provocada por la invasión de la Franja.

Este análisis también recoge el desplazamiento de población, que alcanza el “90%”, o los ataques a periodistas palestinos. El equipo de Kallas recoge, además, la opinión de la ONU de que “parece haber un intento deliberado de Israel para limitar el flujo de información hacia y desde Gaza y prevenir el impacto de los reportes sobre sus ataques y la negación de la asistencia humanitaria”. A esto, se une el hecho de que durante año y medio Israel ha vetado la entrada de periodistas extranjeros en Gaza, que no han podido contar sobre el terreno lo que está ocurriendo.

También hay un apartado dedicado a Cisjordania. En él se habla de la consolidación de asentamientos ilegales, de la creación de nuevos o de la violencia de los colonos que ocupan esos lugares contra la población palestina.

Próximos pasos

El informe será analizado por los ministros europeos de Exteriores en Bruselas el lunes. En una muestra de la presión que rodea a este informe, la revisión del acuerdo ha sido realizada por un equipo muy reducido de responsables de la oficina de Kallas y no ha sido transmitida hasta el último momento a los Estados miembros. Algunos de ellos han manifestado su malestar por la larga espera hasta recibir el informe por escrito, en la tarde del viernes.

El informe proporciona un “resumen sucinto de las denuncias de graves violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional” recopilado desde el comienzo del conflicto por el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ), la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (OHCHR), por el representante especial para menores y conflictos armados del secretario general de la ONU y el Comité de los derechos del niño, por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y por el Centro de Satélites de la ONU (UNOSAT). En una muestra más de la gran presión que existe en torno a un asunto que ha dividido como pocos a los Veintisiete, el informe subraya al mismo tiempo que este no incluye “ningún juicio de valor” ni de los representantes especiales de la UE en el mundo ni de la propia Kallas.

Que el texto iba a constatar un incumplimiento de las obligaciones de Israel en materia de derechos humanos y derecho internacional era lo esperable. No solo porque las imágenes que llegan cada día desde Gaza no necesitan palabras; es que además ya existen informes previos, pedidos por el predecesor de Kallas, el español Josep Borrell, que constataron dichas violaciones graves hace un año. La duda estaba, en todo caso, en el nivel o gravedad de incumplimiento, cuestión clave para abrir —o cerrar— la vía a los próximos pasos pendientes. Y el lenguaje finalmente empleado es el más rotundo utilizado hasta ahora.

Algunos miembros de la UE, como España, y de la sociedad civil, ejercen una creciente presión sobre Israel y claman medidas contundentes. Como la suspensión total e inmediata del Acuerdo de Asociación, algo que requiere unanimidad y que se descarta desde ya en la mayoría de las capitales. Pese a esto, los Veintisiete están lejos todavía de tomar una decisión firme a partir de este informe. Los más optimistas consideran que, como pronto, la Comisión Europea presentará “opciones” para actuar en el próximo Consejo de Exteriores, el 15 de julio.

Diversas fuentes diplomáticas coinciden en que la cita del próximo lunes servirá, sobre todo, para tomar el pulso a los países respecto a su voluntad de apretar más o menos a Israel. La decisión de revisar el artículo 2 del acuerdo fue tomada con una mayoría mucho más amplia de lo esperado: 17 de 27 países lo apoyaron en la cita de ministros de finales de mayo, entre ellos Estados hasta ahora totalmente reacios a la más mínima crítica a Israel, como Austria o Polonia. Pese a ello, no se trata, advierten las fuentes, de un bloque homogéneo a la hora de dar los siguientes pasos.

De ahí que Kallas quiera asegurarse de que sigue contando con el suficiente respaldo para, si se decide seguir adelante, proponer medidas concretas que como mínimo requerirán una mayoría cualificada todavía no garantizada.

Lo más probable, consideran diversas fuentes consultadas, es que antes de reunir de nuevo a los ministros, Kallas presente su informe al Gobierno israelí. “[El objetivo es] dejarle claro que queremos un fin total e inmediato del bloqueo a la ayuda humanitaria, pasos significativos hacia un alto el fuego y que no se pongan más obstáculos para dificultar más aún una solución de dos Estados”, indica un alto diplomático europeo.

Mientras el nerviosismo crece entre los países que, como Alemania o Austria (pese a que este último dio su visto bueno a la revisión ahora presentada) temen que el informe lleve a solicitar medidas sancionadoras contra Israel, otros países reclaman a Bruselas ir aún más allá e imponer restricciones al Estado judío, independientemente de la revisión del Acuerdo de Asociación.

En vísperas de la cita del lunes, un grupo de nueve países —Bélgica, España, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Eslovenia y Suecia— han pedido formalmente a la Comisión Europea por carta que “estudie la manera de ajustar a la legislación internacional el comercio de bienes y servicios relacionados con los asentamientos ilegales en los territorios palestinos ocupados”, siguiendo la opinión consultiva de julio de 2024 emitida por el TIJ, que declaró que el control ejercido por Israel en los territorios palestinos ocupados ―Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este― “viola las leyes internacionales”.

Pese a esta opinión, emitida hace casi un año, “no hemos visto ninguna propuesta para iniciar conversaciones sobre cómo interrumpir de forma efectiva el comercio de bienes y servicios con los asentamientos ilegales”, presionan.

Por su parte, Suecia ha reiterado su demanda —hasta ahora bloqueada porque requiere unanimidad— de no solo ampliar las sanciones contra colonos judíos extremistas, sino también imponer sanciones a “ministros israelíes que promueven actividades de asentamientos ilegales y trabajen activamente contra una solución negociada de dos Estados”.